El Gobierno ignora al juez y bloquea la causa contra el exministro Illa por las mascarillas 'fake'
El magistrado solicitó hace cinco meses al Ministerio de Sanidad los informes sobre la compra de un lote defectuoso a un proveedor chino al que pagó 23 millones de euros
El exministro Salvador Illa. | Europa Press
Sin noticias del Gobierno en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. El Ministerio de Sanidad aún no ha enviado ninguno de los informes requeridos hace ya cinco meses por el juez que investiga la presunta implicación del exministro Salvador Illa en un posible delito contra la seguridad de los trabajadores por la compra y gestión de un lote de dos millones de mascarillas no homologadas, que fueron distribuidas a los médicos de distintos hospitales de España durante la primera ola de la pandemia.
El magistrado Carlos Valle, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE, ha decidido librar un nuevo oficio en los próximos días para requerir los informes que ya solicitó el pasado 29 de diciembre al Ministerio de Sanidad y que aún no han sido entregados por el departamento que dirigía Salvador Illa. La inacción del Gobierno para acatar lo solicitado por el juez mantiene paralizada una causa en la que se investiga si el actual líder del PSC pudo incurrir en un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario, por la compra a un proveedor chino de un lote de mascarillas no homologadas que fueron utilizadas por médicos entre el 5 y el 17 de abril de 2020.
Después de que la Audiencia Provincial ordenase reabrir la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid solicitó al Ministerio de Sanidad que aportase información sobre todos los acuerdos adoptados para la distribución y entrega a las comunidades autónomas de las mascarillas defectuosas. El material sanitario no homologado pertenecía a uno de los tres lotes adquiridos, a cambio de 23 millones de euros (más IVA), al misterioso bróker de suministros sanitarios Hangzhou Ruining Trading.
Las mascarillas de Illa
El juez también había solicitado a Sanidad una copia de todas las comunicaciones recibidas de las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña, el día 10 de abril de 2020, alertando de las deficiencias de seguridad de las mascarillas. El instructor pedía al Ministerio que diese cuenta de todos los «responsables, comunicaciones y trámites realizados» desde que Aragón y Cataluña dieron la voz de alarma tras analizar la calidad de las mascarillas enviadas por el Gobierno central. Su nivel de filtrado era de tan solo el 70%, muy lejos del 92% mínimo que exige la normativa.
El objetivo del juez es esclarecer por qué el Gobierno tardó siete días en retirar de los hospitales de distintos puntos de España esas mascarillas defectuosas que llevaban desde el 5 de abril siendo utilizadas por médicos y enfermeros. También trata de conocer si ese material sanitario había pasado por los preceptivos controles de calidad a los que deberían haber sido sometidas las mascarillas, antes de ser distribuidas a las comunidades autónomas, por parte del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst).
Por esa razón, el magistrado que lleva el caso solicitó también en diciembre a ambos organismos dependientes del Ministerio de Sanidad que aportasen información concreta sobre la gestión del lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a la empresa china Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, al inicio de la pandemia.
Piden dar impulso a la causa
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, se vio obligado a retirarlas de los hospitales. Para entonces, según una querella de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que dio origen a la causa, ya habían sido utilizadas por el personal sanitario en distintos centros médicos. Al menos, en la Comunidad Valenciana. «Se utilizaron entre los días 5 y 17 de abril de 2020 por facultativos y otro personal sanitario en la atención a pacientes contagiados por la covid-19, lo que puso en grave riesgo a todo el personal receptor de las mencionadas mascarillas», indica la querella que dio inicio a la causa.
Según las fuentes consultadas por este diario, el Ministerio de Sanidad no ha hecho llegar ninguno de los informes solicitados por el magistrado. De ahí que el juez haya decidido volver a requerir la información para desbloquear una causa que no ha podido avanzar desde hace cinco meses por ese motivo. El magistrado no es el único que parece estar perdiendo la paciencia. El propio sindicato médico CESM remitió recientemente al juez un escrito, según las mismas fuentes, para solicitar que dé impulso procesal a la causa.
