Aguirre tendrá que testificar en el juicio por las irregularidades del Campus de la Justicia
Asimismo, se sentarán en el banquillo su exconsejero Alfredo Prada y otras cinco personas, incluido un comisario, antiguo jefe de seguridad de Cospedal
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. | Europa Press
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tendrá que declarar como testigo en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) en el que se sentarán en el banquillo su exconsejero Alfredo Prada y otras cinco personas, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal.
Esa testifical se producirá durante la celebración de la vista oral que arrancará en marzo de 2024 en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), tal y como avanza El Confidencial y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press.
En la diligencia de ordenación emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso esta agencia, se concreta que el juicio arrancará el 4 de marzo y se extenderá por doce días hasta el 21 de ese mismo mes.
Fue en julio de 2021 cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó abrir juicio oral contra Prada y los otros cinco: Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como contra Félix José García de Castro.
En ese auto, el juez exigía además que hicieran frente de forma solidaria a una fianza de 40 millones de euros. En realidad, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 heredaba esta causa del anterior magistrado instructor, José de la Mata, quien acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, liderados por Prada, «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
Corrompieron el procedimiento
Según explicaba De la Mata, el ex consejero y los directivos investigados «corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, y menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».
«En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial», dijo De la Mata.
La Fiscalía Anticorrupción acusó a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, reclamando ocho años de cárcel para Prada y seis años para los demás, aunque de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó cuatro años y seis meses de prisión para el ex consejero y tres años para el resto.
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos.
En el caso de los servicios jurídicos de Madrid, plantearon penas más altas. Así, interesaron 13 años y tres meses de cárcel para Prada; 11 años para los directivos; y dos años y tres meses para García de Castro, al que achacaron solo delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público dejó en manos del Tribunal de Cuentas fijar la cuantía una vez dictada la sentencia del caso, si bien la Abogacía de la Comunidad de Madrid exigió una indemnización conjunta y solidaria por el importe total de los contratos que se habrían adjudicado ilegalmente en perjuicio de las arcas regionales: 40.482.735,78 euros.
