El PSOE acelera el control de la prensa en el Congreso antes que Sánchez desvele su plan
Encarga al letrado un informe sobre otros parlamentos y plantea retirar la potestad a la dirección de Comunicación
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Gómez de Celis; la presidenta Francina Armengol; y la portavoz adjunta del PSOE, Isaura Leal. | Europa Press
El Grupo Parlamentario Socialista, con mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados, ha puesto en marcha un grupo de trabajo para revisar el sistema de acreditación de los medios de comunicación que realizan su trabajo en la Cámara Baja, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE en fuentes parlamentarias. Este grupo depende directamente de este órgano de gobierno, que preside la socialista Francina Armengol, ya ha comenzado a trabajar justo después de las elecciones europeas y de que el presidente Pedro Sánchez anunciara un plan de regeneración para limitar la financiación a los medios que, a su juicio, publican «bulos». Este periódico ha podido saber que una de las opciones que barajan los socialistas es reducir la capacidad de la Dirección de Comunicación del Congreso, al frente de la cual está una periodista funcionaria de la Cámara, y darle más protagonismo a la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
Una de las fechas claves para conocer las propuestas de Pedro Sánchez en relación con los medios de comunicación, con la mirada puesta en aquellos que han desvelado presuntos casos de corrupción relacionados con su Gobierno y con su mujer, Begoña Gómez, es el próximo día 17. Esta es la fecha elegida por el presidente del Gobierno para presentar en el Congreso de los Diputados lo que ha denominado Plan de Calidad Democrática, que podría incluir la modificación de la ley de publicidad institucional y las del derecho al honor y la rectificación.
Pero antes de que esta sesión plenaria se celebre, los socialistas han comenzado a moverse para empezar a cambiar los criterios de concesión de acreditaciones a los periodistas que acceden al Congreso de los Diputados. Días después de celebrarse las elecciones europeas, el 9 de junio, en una reunión de la Mesa del Congreso, Armengol ya convocó sobre la marcha la primera reunión del Grupo de Trabajo, al frente del cual ha situado al vicepresidente Alfonso Gómez de Celis. En la reunión de la Mesa se dio a conocer el escrito que había enviado la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en el que solicitaba «del órgano de gobierno de la Cámara, la puesta en marcha de normas para favorecer la convivencia en el espacio en el que los periodistas desarrollamos nuestro trabajo». En esta nota, la APP habla de «alteración del desarrollo de las ruedas de prensa, conversaciones con representantes políticos y accesos a parlamentarios se ven alterados por comportamientos inadecuados desde hace ya demasiado tiempo».
La APP adjuntó un comunicado en el que se denunciaba que personas vinculadas a partidos políticos «ejerzan de periodistas en los espacios que el Congreso de los Diputados y el Senado tienen destinados al ejercicio de la profesión». Se referían, concretamente, a Vito Quiles. número 57 en la lista de Alvise al Parlamento europeo. Esta asociación considera que «ir en la lista de un partido político, coalición o agrupación electoral así como trabajar o colaborar con algún partido político, es contrario a la ética de la profesión periodística y, por tanto, incompatible con acceder a una acreditación como periodista parlamentario».
Con el gancho de este comunicado y la petición de la APP de tomar medidas, la Presidencia del Congreso comenzó a actuar en su objetivo de controlar a los medios de comunicación. La primera medida que adoptó la Mesa dominada por el PSOE es encargar un informe al letrado mayor, Fernando Galindo, afín al PSOE, sobre cómo se permite el acceso a los parlamentos de los periodistas en diferentes países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y el Parlamento Europeo.
Este informe se entregó dos semanas después, a principios de julio, y las fuentes consultadas señalan que de todos los informes el que más aceptación ha tenido para el PSOE es el referido a Italia, que curiosamente coincide con su criterio, que sean las asociaciones, en este caso la APP, la que intervenga, en colaboración con la Mesa del Congreso. Sin embargo, las preferencias de la Presidencia socialista choca con la posición de las asociaciones de la prensa que, en enero de este año, ya se pronunciaron ante una solicitud de amparo del PSOE para se retiraran las acreditaciones a lo que denominan «seudomedios y seudoperiodistas».
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios se negaron a ser ellos los responsables de conceder o retirar acreditaciones de prensa: «Recordamos que no es misión de las asociaciones de prensa decir si se le debe dar o retirar la acreditación a un medio o a un periodista concretos, una tarea que compete a las instituciones que facilitan esas acreditaciones. Lo que sí han de hacer las asociaciones es escuchar las peticiones de amparo de los periodistas que consideren que han sido discriminados sin causa justificada en la concesión de las acreditaciones».
Estos colectivos instaron «a las instituciones, partidos políticos y agentes sociales a que se doten de una normas claras y públicas, en las que se establezca que, para acceder a las acreditaciones, será necesario comprometerse a respetar el Código Deontológico de los periodistas».
