Madrid cumplirá con su deber «legal y moral» de atender a los menores migrantes que reciba

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha confirmado que Madrid cumplirá con la ley y con su responsabilidad «legal y moral» de atender a los menores migrantes que lleguen a la región aunque considere «inconstitucional» el mecanismo creado para su reubicación.

Así lo ha expresado Dávila en declaraciones a los medios tras participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes en Madrid, en la que el Gobierno ha informado a las comunidades sobre el real decreto que detalla cómo se realizarán los traslados de los menores.

En la misma reunión se ha aprobado la distribución de 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2), como parte de una partida presupuestaria que el Ministerio da todos los años a las comunidades con mayor presión en sus sistemas y del que por primera vez recibirá fondos las Baleares.

La consejera madrileña ha señalado que en esta sesión todas las comunidades autónomas, «prácticamente sin excepción», han trasladado al Gobierno que esta es una cantidad «irrisoria» y «ridícula» para atender a los menores, ya que supone una dotación de 8 euros por menor al día.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Baleares, Antoni Costa, ha tachado en una rueda de prensa que esta distribución financiera es «manifiestamente insuficiente» y ha pedido al Gobierno central que evite el «goteo constante» en la llegada de pateras al archipiélago.

«Si solo Formentera ya lleva gastados en esta competencia, que inicialmente no estaba prevista, 3,5 millones de euros, se pueden imaginar que dos millones no cubren prácticamente nada», ha expresado.

Castilla y León y Murcia denuncian invasión de competencias

También ha mostrado su rechazo tras la reunión la consejera y vicepresidenta de Castilla y León, Isabel Blanco, que ha denunciado «más de lo mismo» ante la falta de datos sobre los menores migrantes que deben acoger y los plazos, criterios o financiación para llevar a cabo los traslados, extremos para los que el Ministerio les ha remitido a una nueva sectorial en julio.

«Esa es la urgencia del Gobierno. Como les digo, nos da la sensación de que el Gobierno maneja la urgencia según le interese en cada momento», ha criticado.

Pese a su oposición, esta consejera también ha asegurado que Castilla y León «va a cumplir la ley mientras la ley esté vigente», en referencia al recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por su comunidad contra el real decreto de reubicación de menores, como han hecho otras diez comunidades autónomas.

Blanco ha avanzado que así lo harán «con cualquier acto administrativo, incluido el reglamento que se está tramitando», en cuanto que consideran que hay una «clara invasión competencial» de las competencias autonómicas.

Como una «flagrante usurpación de competencias» ve también este mecanismo el Gobierno de Murcia, cuya consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha criticado que este «invade y usurpa las competencias de las comunidades, al transferir a la Delegación del Gobierno la reubicación y traslado de los menores».

Ruiz ha criticado la falta de dotación financiera para las comunidades autónomas que acojan a los menores migrantes, entre ellas la Región de Murcia, y ha criticado que el Gobierno siga sin reconocer a esta comunidad como zona especialmente afectada por la crisis migratoria. Ha subrayado que «una acogida sin recursos ni financiación pone en riesgo los derechos de los menores», algo que ha calificado de «inhumano».