Irene Montero y el Gobierno vasco «ignoran» a dos ertzainas acosadas por un superior

Dos agentes de la Ertzaintza llevarán a los tribunales vascos la situación de acoso continuado que sufren en la Comisaría de Hernani (Guipúzcoa) por parte de un superior desde hace varios meses. Las dos ertzainas, actualmente de baja psicológica, darán este paso después de haber pedido amparo tanto al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco como al Ministerio de Igualdad para que «intercediese y tomase las medidas oportunas» ante la inacción del Cuerpo autonómico, y haber sido «ignoradas» por dichas instituciones, según explican a THE OBJECTIVE fuentes del Sindicato Profesional de la Ertzaina (Si.P.E), quien viene denunciando desde hace tiempo el caso de estas funcionarias.

En diciembre, esta organización policial denunció ante el Comité de Mediación de Acoso Laboral y la Unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza un presunto delito de acoso laboral contra las dos mujeres del Cuerpo autonómico. Una situación que sufren, sostienen las mismas fuentes, a raíz de que una de ellas decidiese poner fin a la relación sentimental que mantenía con el supuesto acosador, actual jefe de patrullas del Grupo 2 de la Comisaría de Hernani, donde las dos agentes trabajan.

El comportamiento del funcionario en cuestión, además, estuvo «amparado» por otros superiores del complejo policial, que «no llevaron a cabo ninguna actuación al respecto» e incluso llegaron a amenazar a las presuntas víctimas con la apertura de un expediente disciplinario «si persistían en su denuncia de acoso laboral y no aceptaban voluntariamente cambiarse de grupo de trabajo», indican las fuentes consultadas por este periódico. Una circunstancia que obligó a las dos agentes a acceder a dicha petición, con el consiguiente perjuicio en su trabajo y la «merma en su conciliación de la vida laboral y familiar».

Razones por las que el Sindicato Profesional de la Ertzaintza también pidió a Asuntos Internos que investigase tanto al presunto acosador como a los dos jefes de éste por su «dejación de funciones» en el caso de las dos funcionarias. Unas pesquisas en curso, según sostienen las mismas fuentes, pero que cuatro meses después no han revelado ningún avance. «Ni siquiera han tomado declaración a los más de diez testigos que han presentado las supuestas víctimas», critican.

Ayuda al Gobierno

Fue precisamente esa «inacción interna» la que llevó a esta organización a solicitar ayuda directamente a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, dirigida por Josu Iñaki Erkoreka, para que «depurase las responsabilidades». Y después, a mediados de enero, al Ararteko, el defensor del pueblo del País Vasco; a la Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, y finalmente al Ministerio de Igualdad para que «tomase las medidas oportunas ante el trato injusto que estaban recibiendo las dos mujeres por parte de la Ertzaintza».

Dos meses más tarde, explica Juan Carlos Sáenz, secretario de organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza, «no han recibido respuesta de ninguna institución». «Desde el Ministerio no se han molestado ni siquiera en decir que están analizando el caso, ni nos han requerido ningún otro dato más. Nos han ignorado. Está claro que para las policías no existe el Ministerio de Igualdad», añade este agente.

Pese a todo, desde esta organización policial no se dan por vencidos, aún menos teniendo en cuenta que, si bien la situación de estas dos agentes reviste una especial gravedad, no es el único caso de quejas laboraLes dentro del Grupo 2 de la Comisaría de Hernani. Hasta ahora, diez agentes pertenecientes a esta unidad han solicitado el traslado a otros grupos de trabajo para «no coincidir con el supuesto acosador». «No detendremos nuestras acciones hasta que no se tomen todas las medidas necesarias y se aclaren los hechos producidos», sentencian.

Esta organización, por otro lado, también solicitó amparo al departamento dirigido por Irene Montero por la situación que está viviendo otra agente de la Ertzaintza en Vitoria. Una funcionaria que padece cáncer de mamá —y de baja por este motivo—, ha visto denegada reiteradamente por parte del Gobierno vasco su solicitud de finalización de la reducción de jornada hasta que no se incorpore a su puesto de trabajo. En otras palabras, le obligan a incorporarse a su puesto de trabajo para que, de esta manera, pueda volver a una jornada ordinaria. Desde el Ministerio de Igualdad, por ahora, tampoco ha habido respuesta.