Funcionarios de prisiones lanzan un órdago a Urkullu y amenazan con irse del País Vasco
Setenta trabajadores exigen al Gobierno central que cese la desigualdad salarial que sufren desde febrero y les permita abandonar el sistema penitenciario vasco
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Parlamento Vasco. | Europa Press
Cuando se cumple un año desde que el Gobierno vasco asumiese la gestión de las prisiones vascas, transferida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en octubre de 2021, el «caos organizativo» en el que se sume el sistema penitenciario ha derivado en el descontento no solo de gran parte de los funcionarios que lo componen, sino también de numerosos responsables de las tres cárceles del País Vasco, según denuncian los sindicatos. La situación más insostenible, sin embargo, la viven 70 funcionarios que han visto mermadas sus condiciones laborales después de trasladarse para trabajar a las cárceles de Euskadi desde otras prisiones de España.
Atraídos por la supuesta mejora en las condiciones laborales y salariales, los trabajadores se presentaron al concurso de traslados. Sin embargo, una vez incorporados, el pasado 24 de febrero, la realidad que se encontraron fue completamente distinta. Tienen menos vacaciones, libranzas y cobran 400 euros que los compañeros que trabajaban antes en el País Vasco. En mayo, trasladaron su batalla a los tribunales denunciando al Gobierno de Iñigo Urkullu por discriminación. Y ahora han vuelto a hacerlo lanzando otro órdago judicial contra el Gobierno central, a quien exigen anular los traslados por «fraudulentos» y tener la opción de retornar a otras prisiones fuera de la comunidad autónoma vasca.
Representados por la abogada Raquel Sánchez Navarro, este grupo de funcionarios ha interpuesto una demanda contra la Administración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que piden al Gobierno que mueva ficha y exija al Ejecutivo vasco que proceda conforme la Ley Orgánica 9/1992 de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas.
En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los trabajadores penitenciarios señalan que el Ejecutivo autonómico, frente a lo que exige la norma, «no ha mantenido el nivel de eficacia que con anterioridad a la transferencia se ostentaba en relación a las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios de Euskadi».
Días canosos y vacaciones
Por todo ello, reclaman que cese la desigualdad en relación con los otros funcionarios de prisiones, y que el Gobierno vasco abone a los demandantes «el complemento específico que les corresponde, según el concurso general de traslados, desde febrero de 2022 hasta la actualidad, y en las sucesivas nóminas, así como el complemento de destino». Del mismo modo, también piden disfrutar, «en iguales condiciones, de días canosos, vacaciones, las instalaciones, el complemento transitorio, el horario y la jornada». Todo ello «igual» que se efectúa con el resto de compañeros.
En la demanda, la letrada también solicita que se anulen los acuerdos y preacuerdos que se efectuaron entre el sindicato Acaip-UGT —quienes negociaron las condiciones de los 70 funcionarios que llegaron en febrero— que «mermen derechos de los demandantes». Piden al Gobierno central que se obligue a la comunidad autónoma vasca a que ninguna disposición legal integradora ni pacto con sindicatos, que modernice la estructura corporativa penitenciaria vasca, merme ningún tipo de derecho reconocido y adquirido de los demandantes, debiendo siempre estar en igualdad de condiciones que sus compañeros semejantes».
Fuentes de este sindicato penitenciario consultadas por este periódico admiten que si bien es cierto estos trabajadores cobran menos, según el acuerdo que alcanzaron con el Gobierno vasco, «las condiciones económicas y laborales de todos los empleados se homogeneizarán una vez que termine este plazo de tránsito». Y es más, señalan, tendrá efecto retroactivo, por lo que estos funcionarios percibirían todo el montante que han dejado de cobrar durante estos meses.
Concurso «fraudulento»
Por otro lado, la abogada Raquel Sánchez argumenta que los funcionarios que optaron a los centros penitenciarios del País Vasco por medio del concurso general de traslado de 5 de agosto de 2021 —el caso de los demandantes— tienen una relación contractual con el Gobierno vasco «en fraude de ley» porque se utilizaron «Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) ficticios». «La parte del concurso que afecta a los mismos es nula», señala, y por ello solicita al Gobierno que los damnificados puedan acogerse a dos supuestos.
Bien mantener su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tiene el resto de sus compañeros y con todas las condiciones anteriormente descritas. O que se «anule el concurso general de traslados con las consecuencias legales que acarrearía». Es decir, que se permitiese a los demandantes «abandonar los puestos labores que mantienen actualmente y concursar en el siguiente concurso general de traslados».
Si esto no se cumple, señala la demanda, transcurridos «20 días hábiles», la Administración central debe «suspender las facultades y servicios transferidos dando cuenta de ello a las Cortes Generales», quienes resolverán sobre la procedencia de la decisión del Ejecutivo, «levantando la suspensión o acordando la revocación del ejercicio de la facultad transferida».
