El Gobierno vasco premia a los etarras con celdas individuales mientras el resto comparte
El colapso en la prisión de Martutene, en San Sebastián, ha derivado en un trato de favor por parte de Urkullu hacia los internos de ETA frente al resto de reclusos
El lehendakari, Iñigo Urkullu | EP
La cárcel de Martutene, en San Sebastián (País Vasco), vive una situación insostenible. Al caos organizativo y el incremento de la inseguridad de los últimos meses por el tipo de reclusos, con delitos más violentos, que han ingresado en la misma, se suma ahora que el centro penitenciario esté al borde del colapso. Según denuncian fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE, la prisión se encuentra al 99% de su ocupación. Tal es la coyuntura, señalan, que en los módulos las celdas son compartidas hasta por cuatro presos. Todas las galerías del centro padecen el mismo problema salvo una, aquella en la que cumplen condena los presos etarras.
En la galería cinco, donde permanecen, entre otros reclusos de la extinta banda, los exjefes de ETA Josepa Arregui, alías ‘Fiti‘, o Jordan Martitegui, la mayoría conserva habitaciones individuales excepto en caso de enfermedad, en los que la comparten con otro interno, señalan las mismas fuentes. «Nunca habíamos visto algo así y llevamos muchos años aquí. Celdas de dos personas, compartidas por cuatro. Todas las dependencias están llenas, excepto la de los presos etarras. Las quejas del resto cada vez son mayores y, claro, al final les tienes que dar la razón. Nosotros no podemos hacer nada, no tenemos potestad», relatan distintos funcionarios a este periódico.
La saturación de internos en esta prisión, la más antigua de la comunidad autónoma, ha derivado en un trato de favor por parte de la administración penitenciara vasca hacia los reos de ETA frente al resto de la población reclusa. «Aunque es cierto que los presos etarras tienen buen comportamiento, pues algunos incluso trabajan de ordenanza en la enfermería, la prisión está discriminando a los demás», manifiestan desde este centro penitenciario.
Los problemas que padecen las tres cárceles vascas, Martutene, Zaballa y Basauri, según vienen denunciando los sindicatos, tienen el mismo origen: la gestión del Gobierno vasco desde que el Ejecutivo central les cediese la competencia penitenciaria en octubre de 2021. La propia responsable, Beatriz Artolazabal, llegó a admitir el año pasado que «carecían de la experiencia suficiente» sobre la administración de las prisiones. Recientemente, también ha reconocido «dificultades» con los presos de Martutene. A juicio de las organizaciones sindicales, esa falta de conocimiento ha derivado en un modelo «que ofrece un servicio mucho peor del que había antes».
Delitos violentos
La falta de personal y el aumento de la conflictividad entre los presos son las cuestiones más acuciantes. En la prisión de San Sebastián, según relatan los trabajadores, un tercio de los presos son jóvenes —la mayoría, de origen magrebí— que cumplen pena por haber atacado a otras personas. Lo que, por ende, ha disparado las agresiones en el centro penitenciario. Las peleas entre reos son prácticamente diarias. «Son chavales que apenas han superado la mayoría de edad y no tienen respeto por nada. Se llevan mal con muchos compañeros», señalan.
«El problema de Martutene es que se trata de una prisión abierta. No hay módulos de aislamiento —esto es, para internos peligrosos o que no se adaptan a la prisión— y, ante las agresiones o las peleas que se pueden producir, no estamos preparados. Necesitamos celdas de primer grado», denuncian. En diciembre, según denunciaron los sindicatos, se multiplicaron las agresiones a funcionarios, las amenazas de muerte y hubo dos casos de sobredosis en internos.
El déficit de trabajadores también contribuye a que la prevención de estos episodios falle, apuntan las mismas fuentes. «El caos es tal que ahora que han llegado los interinos. Han metido a cinco en mantenimiento, cuando antes eran dos, mientras en los módulos no damos abasto. Le dijimos a la directora que repartiese un poco, pero nos dijo que no podía hacer nada porque los puestos estaban ya asignados en el concurso previo», revelan funcionarios de Martutene. «Su política es la de dar buena imagen, pero la realidad es que es cero funcional», añaden.
Deuda de 90.000 euros
Por otro lado, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco adeuda en torno a 90.000 euros en distintas pagas a los funcionarios de prisiones que se incorporaron a este servicio a través del último concurso general de traslados el pasado 24 de febrero. Es la denuncia que estos 70 trabajadores han trasladado, a través de su abogada, Raquel Navarro, a la responsable de la gestión de personal en las prisiones vascas, Nerea Calvo, después de casi un año trabajando como personal en las mismas.
En el escrito, al que ha tuvo acceso THE OBJECTIVE, la letrada da cuenta de las reclamaciones que los funcionarios llegados de otras comunidades autónomas han realizado en los últimos meses ante el Gobierno autonómico por la situación de discriminación que sufren frente al resto de trabajadores del sistema penitenciario vasco. Según adelantó este periódico, al principio, los damnificados tenían menos vacaciones, libranzas y sueldos hasta 400 euros más bajos, «pese a realizar las mismas funciones y turnos que sus compañeros».
En mayo de 2022, de hecho, este grupo de trabajadores interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco contra la Dirección de Justicia por vulnerar sus derechos fundamentales en el desempeño de su empleo. Un litigio pendiente de resolución, pero en el que, según explica en el escrito la abogada, el letrado del servicio jurídico del Gobierno vasco ya admitió «que existían diferencias en la estructura retributiva», aunque «se estaban subsanando con otro tipo de complementos» con el objetivo de igualar las nóminas de todos los trabajadores.
800 euros por trabajador
Ese error en las cantidades abonadas, sin embargo, se ha mantenido en el tiempo, denuncian los trabajadores. La prueba está en que en las pagas extras percibidas en los meses de junio y diciembre, a los funcionarios «se les volvió a suprimir sin ningún motivo el complemento específico». «Una supresión injustificada que sigue sin respetar los derechos fundamentales de los trabajadores penitenciarios; la igualdad no se ve por ningún sitio, se vulnera de forma reiterada tanto en la remuneración como en un sinfín de aspectos», denuncia la letrada.
La pérdida salarial es de entre 800 y 1.000 euros anuales por trabajador, respecto a los pluses en las nóminas, según explican las fuentes consultadas por este diario. Si se tiene en cuenta, además, el complemento transitorio (30 euros al mes) que tampoco perciben estos funcionarios de prisiones, el perjuicio económico aumenta en 360 euros. De este modo, el Gobierno vasco acumula una deuda de entre 81.200 y 95.000 euros con los empleados que llegaron en febrero de 2021. La cifra no puede ser exacta, explican las mismas fuentes, porque depende de la antigüedad de cada perjudicado.
