El PDeCAT negocia con el PSOE una norma que permita desalojar a los okupas en 48 horas
El partido recoge las conclusiones del Primer Congreso de Okupación Ilegal, celebrado en Málaga, y que inauguró la ministra Pilar Llop
El PDeCAT ha presentado en el Congreso una proposición de ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles. Su iniciativa contempla que se pueda desalojar a los okupas de las viviendas en tan solo 24 ó 48 horas, tal y como ocurre en países como Francia o Reino Unido. Fuentes del partido consultadas por THE OBJECTIVE están buscando apoyos de forma discreta, pero confían en que la proposición saldrá adelante con el apoyo del PSOE y de la mayoría de la Cámara. Su propuesta se debatirá en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre.
La iniciativa parlamentaria recoge una medida cautelar debatida en el Primer Congreso de Ocupación Ilegal de Málaga, celebrado el pasado 19 y 2o de mayo, y que fue defendida por la Abogacía de Málaga, junto al Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró. El evento fue inaugurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, y las fuentes consultadas por este medio explican que hay un «amplio consenso social y político» para abordar una problemática que en otros países de nuestro entorno tiene fácil solución.
La vicedecana de la Abogacía de Málaga y experta en la materia, Flor Carrasco, comparte la proposición del PDeCAT: «En el derecho comparado existen medidas cautelares que se dan en el juzgado de guardia. En Reino Unido o Francia, en un periodo de 24 a 48h los okupas ilegales salen del inmueble. En Países Bajos es inmediato. En España si los okupas se constituyen en morada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden hacer nada hasta que se obtenga una sentencia judicial de lanzamiento en un procedimiento civil ante la jurisdicción ordinaria que normalmente tarda meses o años en resolverse».
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Los expertos consideran que para añadir esta medida cautelar se debe modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, desde que se interponga una denuncia se abra dicho plazo para que el juzgado pueda ordenar el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o un contrato de arrendamiento. «Si es una familia la que okupa, se informa a los servicios sociales», mientras que si «son delincuentes, no», matiza Carrasco.
Los tres colegios de abogados también solicitan una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que proteja a la comunidad de vecinos con la capacidad de pedir al juez el desalojo: «A veces hay grandes tenedores que cuando les okupan no están tan pendientes, y el problema se traslada a la comunidad de vecinos. Muchas veces tienen miedo, porque los okupas se enganchan a su luz y agua de otros inquilinos que pagan sus facturas, se dedican al cultivo de marihuana o al tráfico de drogas».
Otra de las medidas que también cuenta con un gran apoyo de los consistorios es la de reformar el artículo 25.2 de la Ley de bases del régimen local con el fin de dotar de competencias los ayuntamientos para tomar medidas. «Son lo grandes perjudicados por las viviendas de titularidad pública, hemos tenido a muchos representantes locales en el Congreso», apostilla Carrasco.
El Ministerio de Interior anunció en enero un nuevo plan policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción de la fiscal general, Dolores Delgado. Pero los policías criticaron que nunca se aplicó el protocolo: «Fue un bulo. Nunca existió ese protocolo. Se intentó maquillar la situación ante la que nos encontrábamos siempre, pero siguen existiendo las mismas dudas. Así que se hace como se hacía antes». El problema radica en que cuando la vivienda se ha constituido en morada los agentes se exponen al riesgo de ser denuncias por allanamiento de morada.
Cataluña, epicentro de las okupaciones
Según datos del Ministerio del Interior, en Cataluña se producen el 42% de las ocupaciones ilegales de todo el Estado. Por este motivo, desde el PDeCAT presentaron la iniciativa. El diputado Genís Boadella fue el encargado de presentar la batería de cambios normativos para hacer frente a las okupaciones de inmuebles.
«Es una problemática que preocupa, y mucho, en distintas zonas de Cataluña. Creemos que en política hay que ser valiente y dar soluciones a lo que la gente necesita, por muy controvertidos o delicados que sean los problemas, siempre desde el rigor y lejos de populismos», explica el diputado a instancias de este medio.
Boadella confía en que «esta proposición de ley saldrá adelante». El recién éxito del PDeCAT con la modificación del Código Penal para endurecer las penas por hurtos a delincuentes reincidentes y multireincidentes les avala.
