El traslado de un centenar de agentes del CNI a Presidencia enfrenta a Robles y Bolaños
La nueva ley de secretos contempla traspasar funciones de Defensa a un Ministerio «más transversal»
Los ministros Bolaños y Robles. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La nueva ley de secretos del Gobierno puede llevar a una nueva fractura en el seno del Ejecutivo, esta vez en la parte socialista. Dentro de la nueva normativa se contempla un traslado de la Autoridad Nacional para la Información Clasificada desde Defensa a Presidencia, lo que además de restarle funciones a Margarita Robles en favor de Félix Bolaños ha despertado las preocupaciones de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ya que un centenar de ellos tendrán que marcharse a un nuevo Ministerio, algo que no puede hacerse sin su consentimiento.
Tal y como ha desvelado el diario El País, la clave estaría en la Oficina Nacional de Seguridad, donde casi un centenar de empleados del CNI velan por asegurar una serie de asuntos relativos a, por ejemplo, la contratación de empresas específicas para actividades relacionadas con los secretos oficiales.
Sus agentes conceden las habilitaciones especiales, permisos especiales para materias de tipo alto secreto, secreto y confidencial y que requieren una investigación previa en la que el afectado autoriza a que el CNI indague en sus circunstancias personales y familiares, a la búsqueda de vulnerabilidades que pudieran suponer un riesgo de fuga de información. El citado medio recuerda que este es aplicable a los destinos de varios diplomáticos, aunque en las empresas se trata de confirmar que pueden llevar a cabo el manejo adecuado de este tipo de información para evitar filtraciones.
Un centenar de agentes del CNI, en contra
El traslado de competencias entre carteras ha llevado a una tensionada situación dentro del Consejo de Ministros. Con Bolaños como nueva Autoridad Nacional, las funciones de la Oficina Nacional de Seguridad pasan a estar bajo el mando de Presidencia, lo que conllevaría un traslado que no convence a un 98% de los miembros de este departamento de la inteligencia española.
Algunos de ellos han mostrado su malestar con esta decisión, asegurando que «si uno ingresa en el servicio secreto es porque quiere a ser agente de inteligencia, no funcionario del Ministerio de Presidencia, con todos los respetos». Además, este traslado resulta complicado, ya que la mayoría de sus miembros se tratan de personal estatutario de carácter permanente con más de cinco años de antigüedad, por lo que su cese se puede dar por ciertas razones que no vienen recogidas en este cambio, tales como idoneidad, sanción disciplinaria o condena judicial.
Con la nueva reforma queda pendiente conocer si el texto definitivo encontrará una fórmula para resolver este problema y evitar un traslado forzoso que terminaría en los tribunales.
