El Gobierno, abierto a reformar la malversación tras demandarlo el independentismo
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado que su partido pondrá este cambio sobre la mesa de las negociaciones con el PSC por los presupuestos
El Gobierno ha abierto la puerta a un nuevo cambio legislativo tras la reforma del delito de la sedición: el de malversación, la última demanda del independentismo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Ejecutivo «estudiará en profundidad» este plan, que se dará tras demandarlo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una entrevista.
El ministro ha defendido que esta medida tiene en mente «pacificar» la situación que se vive en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, fecha del referéndum ilegal. «En la tramitación se puede plantear modificar el delito de la malversación», ha asegurado Bolaños, que ha defendido que primero tendrá que ser estudiado «en profundidad», porque «hay muchos delitos relacionados con lo que pasó en 2017 que no se han propuesto. No olvidemos que la clave es construir convivencia».
A esta medida se ha sumado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha defendido que de emprenderse ese camino se haría «en busca de la concordia». «Un Gobierno tiene la obligación de tomar aquellas decisiones políticas que considera que son buenas para su país», ha valorado.
Por ello, más allá de que se esté a favor o en contra de la medida, ha rechazado que «se falte a la verdad», como cree que está haciendo el Partido Popular. «Con toda claridad, España es un país del que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos, con una democracia fuerte y un marco constitucional que permite la convivencia», ha reivindicado.
Junqueras y Aragonès piden reformar la malversación
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguró que «para pactar presupuestos (catalanes) con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación», un delito que ERC ha reclamado también «adecuar» a la realidad actual.
En una entrevista con El Periódico, Junqueras ha defendido que el PSC no ha mostrado «un compromiso con la lucha con la represión», por lo que «es muy difícil» ponerse de acuerdo con alguien «que no prioriza el bienestar del conjunto de la sociedad catalana en todos sus aspectos».
Junqueras opina que el delito por malversación actual ampara «la malversación por pensamiento, solo pensada». «Lo que se nos imputa no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum. Lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por ‘pensar’ en una malversación».
También se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defendido este lunes que el siguiente paso en la negociación con el Gobierno es reformar el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición.
En una entrevista de RAC 1 recogida por Europa Press, ha sostenido que en 2015 se modificó la malversación y se incorporaron aspectos que hasta ese momento no eran delito, por lo que ha apostado por «revertir esta situación» para que el 1-O no se pueda considerar malversación.
Aragonès ha sostenido que en 2015 se modificó la malversación y se incorporaron aspectos que hasta ese momento no eran delito, por lo que ha apostado por «revertir esta situación» para que el 1-O no se pueda considerar malversación.
Ha destacado que los condenados por el 1-O están afectados por este delito y que los altos cargos del Govern que están pendientes de juicio por los hechos de 2017 también están acusados de malversación.
Lo ha contrapuesto con que por la consulta del 9N de 2014 no hubo condenas por malversación, de manera que cree que se debe volver a despenalizar esta cuestión manteniendo que la corrupción «se debe seguir persiguiendo».
Asimismo, ha expresado su confianza en que podrán llegar a un acuerdo con el Gobierno en la tramitación parlamentaria para que se modifique la malversación y ha destacado como una «señal positiva» que de entrada el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se niegue a hacerlo.
Aragonès ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno para reformar el Código Penal y derogar el delito de sedición, y ha reivindicado que logra «reducir el margen de discrecionalidad» de los jueces.
Preguntado por las críticas de parte del independentismo y por si esta reforma podría facilitar la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha contestado que los independentistas afectados por la justicia mejoran su situación: «Nadie empeora su situación».