Fracasa la herramienta de Sanidad para paliar el déficit de médicos: ni la mitad se ha registrado
Varios sanitarios consultados por THE OBJECTIVE alegan que este registro podría afectar a la protección de datos de los profesionales incluidos
Carolina Darias, ministra de Sanidad. | EP.
El Ministerio de Sanidad ha publicado por fin un registro de profesionales sanitarios. Sin embargo, solo la mitad de los facultativos se ha identificado, según datos publicados por la propia cartera de Carolina Darias. Se trata del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) en el cual se venía trabajando desde hace una década y que ha arrancado con los datos de solo 385.555 empleados del Sistema Nacional de Salud (SNS). Según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de profesionales de este sector de colegiados en España se situó en 903.946 en 2020. De esta forma, solo el 42% de los facultativos se ha registrado, informa la Administración de Darias.
Los médicos y sindicatos vienen denunciando desde hace años –ahora más latente en manifestaciones y movilizaciones en varios territorios de España– un déficit estructural de profesionales como consecuencia de una mala gestión de los recursos humanos. Por ello pedían un registro de médicos para poder organizar las necesidades de un futuro que ya ha llegado. Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, ya ha manifestado en este medio en repetidas ocasiones la «falta de organización y planificación» de las administraciones competentes en este sentido. «Antes de la pandemia, cuando faltaba un médico de familia había médicos en bolsa para sustituirlo. Hoy ya no hay ni eso», relata Matas, que agrega: «Cuando un facultativo necesita una baja o está de vacaciones, son sus compañeros lo que tienen que atender a sus pacientes».
Ahora, con esta herramienta –dependiente de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad– se pretende «facilitar la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios y coordinar las políticas de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS)». No obstante, esto no sirve de nada si los propios profesionales no se terminan registrando.
Según la Administración de Darias, «los organismos y entidades deberán comunicar al registro, tanto los datos de los nuevos profesionales que incorporen a sus respectivos registros, como las modificaciones que se produzcan en los ya existentes en el plazo máximo de siete días desde que los anoten». Sin embargo, si bien el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) se puso a disposición del ciudadano el pasado 26 de octubre, lleva registrando datos desde 2018 y aún falta un 58% por inscribirse.
De esta forma, en estos cuatro años se han ido inscribiendo unos 8.000 sanitarios mensuales, unos 96.000 al año. No obstante, se puede ver un retroceso en los últimos meses. Y es que, si que en septiembre de 2021 había 289.295 profesionales sanitarios inscritos, en abril de 2022 eran 347.123: 57.828 más; no obstante, desde abril a octubre, el registro ha crecido en menos de 40.000.
Información que podría «exceder del interés público»
Varios sanitarios consultados por THE OBJECTIVE y que aún no se han inscrito en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) alegan que este –en su opinión– podría afectar a la protección de datos. «Aquí hablan de datos públicos, pero no tengo muy claro dónde trazan la línea entre datos públicos y privados», manifiestan.
En este listado, la ciudadanía –sin identificarse ni alegar motivo– podrá consultar nombre y apellidos del profesional, sus titulaciones oficiales, el centro o centros en los que trabaja, ya sean públicos o privados, así como su categoría y la función principal en cada uno de ellos.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, aseguran a THE OBJECTIVE que el REPS «no vulnera la ley». No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que habría que analizar y estudiar bien los datos, puesto que «podrían exceder del interés público a consultar». «Es decir, conocer si un profesional sanitario se encuentra colegiado o no, podría estar justificado, pero incluir muchos más datos personales de todos los profesionales afectados, de forma indiscriminada e involuntaria, sí podría afectar a la protección de datos».
El departamento de Sanidad defiende que con este registro lo que pretenden es gestionar mejor la disponibilidad de personal y garantizar que los profesionales sanitarios que nos atienden «tienen la titulación adecuada y pueden ejercer su profesión», una forma de luchar contra los falsos gurús sanitarios. No obstante, los sanitarios consultados que se oponen a este registro alegan que en los colegios oficiales de médicos «consultas el nombre y la colegiación», lo cual ya indica que lo tienes todo en regla para ejercer, pero no dónde trabajas ni más información. De hecho, según ha podido saber este diario, el Ministerio de Sanidad ha mandado una circular para que aquellas mujeres víctimas de violencia de género lo notifiquen, y así no aparezcan sus datos.
