PSOE y UP piden tres años de cárcel para los cargos que se enriquezcan sin justificarlo
Yolanda Díaz había asegurado hace menos de 24 horas que su formación no participaría en las propuestas de reforma, algo que no se cumplirá
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
El grupo socialista y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la proposición de ley de reforma del Código Penal por la que se introduce un nuevo tipo penal para castigar con entre seis meses y tres años de cárcel a los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.
Con este objetivo, han registrado una enmienda a la proposición de ley que impulsaron junto a sus socios de coalición para, entre otras cosas, acabar con el delito de sedición, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López.
López ha insistido en que esta enmienda no tiene que ver con el delito de malversación que ERC propone retocar durante la tramitación de esta iniciativa, y que tampoco tendrá ningún efecto sobre los condenados por el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.
El PSOE enmienda la sedición
El dirigente socialista ha asegurado que no han negociado este asunto con los republicanos y he hecho hincapié en que el PSOE, como el propio Código Penal «distingue» entre «corrupción y malversación».
En este contexto, ha indicado que hablarán con los de Gabriel Rufián cuando conozcan sus propuestas y, en cualquier caso, ha recalcado que los socialistas no aceptarán «ningún retroceso» en la lucha contra la corrupción y que «cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que estar penado».
En opinión del portavoz socialista, con este cambio legal «España se situará entre los países más avanzados en esta materia, como Francia, Portugal o Luxemburgo».
Unidas Podemos participará en este proceso de enmiendas tras haberlo negado Yolanda Díaz hace menos de 24 horas. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno había mostrado los recelos de la formación morada a este delito por el temor de que pudiera beneficiar a políticos corruptos con sentencias firmes.
