El Gobierno de Aragón gastó 250 millones de euros en contratos a dedo y sin licitación previa
La Cámara de Cuentas de Aragón asegura que en el año 2021 el Ejecutivo aragonés trató de evitar el control los auditores de la región
El presidente de Aragón, Javier Lambán. | Fabián Simón (Europa Press)
El Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, gastó 250 millones de euros de dinero público en 2021 concediendo contratos a proveedores a dedo y para los que no se solicitó la pertinente licitación previa, el expediente de contratación e incluso sin haber firmado un contrato que detalle las razones de esta elección, los servicios que se suministrarán y cuánto costarán los mismos, tal y como desvela el diario ABC.
Las irregularidades en las que ha incurrido el cuatripartito de PSOE, Unidas Podemos, la Chunta y el PAR al frente del Ejecutivo regional ha sido desvelado por los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón, que denuncia que no ha obtenido una respuesta creible del Gobierno y que ha presentado estas conclusiones en un informe de reciente publicación.
Sanidad, el gran gasto
La gran mayoría del dinero invertido de forma irregular corresponde a las compras dependientes de la Consejería de Sanidad durante el año 2021, que según el texto realizó «el 42,1% del total facturado sin expediente de contratación», lo que suponen 191 millones de euros. A este departamento también se le achaca el gasto de 39,15 millones, que se invirtieron sin sin haber tramitado expedientes de contratación y, en su práctica totalidad, sin haber formalizado un contrato.
Estas no son las únicas instituciones señaladas, sino que también se pone el foco sobre la Consejería de Educación (PSOE), la Consejería de Vertebración Territorial (Chunta) o el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (PSOE) por un total de 63,97 millones de euros.
El citado medio relata que de los 63,97 millones de euros pagados irregularmente desde las consejerías del Gobierno regional, 21 millones fueron abonados en concepto de ‘servicios de limpieza y aseo’.
Aragón trató de esquivar a los interventores
Los encargados de vigilar las actuaciones del Ejecutivo en lo relativo al gasto público señalan que «estas compras directas incumplen preceptos fundamentales de la contratación pública» y vulneran la Ley de Contratos del Sector Público, «incluidos los principios de publicidad y concurrencia de las licitaciones».
La información del citado medio relata que el Gobierno regional trató de esquivar la vigilancia de los interventores de la comunidad. Para ello, convalidaban a posteriori los gastos con acuerdos extraordinarios del Ejecutivo, herramienta utilizada hasta en 171 ocasiones.
Los auditores advierten de que este proceso «no subsana las irregularidades de los contratos y la falta de previsión y planificación de las necesidades a cubrir con la contratación, salvo en contadas excepciones».
