El PSOE mete otra enmienda en la ley del aborto para forzar su vuelta al Congreso
El objetivo de la enmienda que plantea el PSOE es que no vuelva a ocurrir nada similar a lo que ha pasado en Castilla y León
La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, y Eva Granados | Sergio Pérez (EFE)
El PSOE ha propuesto a los grupos del Senado una enmienda transaccional a la reforma de la ley del aborto que se encuentra en tramitación para «blindar» el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo ante el «acoso» institucional de la derecha y extrema derecha, como ha sucedido en Castilla y León. Una medida con la que sobre todo pretenden seguir espoleando la polémica por el aborto tras lo ocurrido en la región que gobiernan PP y Vox. Según ha afirmado la propia portavoz de los socialistas en el Senado, Eva Granados, «vamos a comprobar lo que decide Feijóo, al que no vemos mucho por aquí y aún no tenemos muy claro lo que piensa al respecto».
De hecho, la propia enmienda no tendría demasiados efectos legales: la ley del aborto ya recoge en su articulado actual de forma específica la prohibición de cualquier práctica de hostigamiento con la que se pretenda desincentivar la interrupción de embarazos. Además, el Congreso ha aprobado recientemente una reforma del Código Penal que penaliza el acoso que sufren las mujeres que quieren abortar en las puertas de las clínicas.
Si la enmienda sale adelante, la ley deberá volver al Congreso para ser ratificada por lo que, aunque se demorará su aprobación, también se pondrá el foco sobre un debate en que los populares ya han demostrado no sentirse nada cómodos.
En una rueda de prensa en el Senado, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha dado a conocer el contenido de esta enmienda transaccional que el PSOE propone al resto de grupos de la Cámara Alta con el objetivo de garantizar y reforzar la protección de las mujeres que deciden someterse a un aborto, según señala EFE. El PSOE ve necesario «blindar» los derechos de las mujeres ante el «acoso institucional» que se ha visto estos días en Castilla y León, con las medidas adoptadas por la Junta para reducir el número de abortos y promover la natalidad.
Unas medidas que -a juicio de la leonesa Andrea Fernández- supondrían para las mujeres «toda una gymkana de pruebas si queremos ejercer un derecho reconocido en una ley orgánica» como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que, «bajo el eufemismo de informar, escondía medidas para obstruir» el ejercicio de este derecho.
Ha recordado que el Parlamento ya aprobó una ley que penaliza el hostigamiento a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas, un acoso ejercido por grupos que actúan coordinadamente con prácticas que -según ha afirmado Fernández- ahora la Junta de Castilla y León «ha querido introducir en la cartera de servicios». «Hablamos de institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo en las puertas de las clínicas», ha denunciado la secretaria de Igualdad del PSOE.
La portavoz del grupo socialista en el Senado, Eva Granados, ha explicado que el objetivo de la enmienda que plantea el PSOE es que no vuelva a ocurrir nada similar a lo que ha pasado en Castilla y León.
El texto recoge que las administraciones públicas competentes garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de la ley y velarán por evitar que la mujer se vea sometida a prácticas que pretendan «alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente».
Asimismo, el texto recoge que las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica. «Con esta transacción lo que queremos es blindar los derechos de las mujeres y que no se trafique para mantenerse en el poder o simplemente para dar esa batalla cultural que parece que ya habíamos superado, porque este debate a nivel social estaba superado, pero tenemos a la derecha y a la extrema derecha intentando coaccionar a las mujeres, infantilizarlas y recortar nuestros derechos», ha subrayado Granados.
Desde el PSOE, han invitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a «desmarcarse de su socio» y romper con la idea de que «donde el PP necesita a Vox para gobernar, los derechos de las mujeres están en peligro». La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra en tramitación en el Senado, donde la próxima semana será debatida en comisión y previsiblemente el 8 de febrero será aprobada en el Pleno. Al texto se han presentado más de un centenar de enmiendas, además de los vetos de PP y Vox.
