El PSOE opta por la proposición de Ley para corregir el 'sí es sí' porque es la vía más rápida
Este camino legislativo es el más rápido ya que no requiere someter el texto a los informes al Consejo General del Poder Judicial y tampoco al Consejo de Estado
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | Europa Press
El PSOE ha elegido la vía de la proposición de ley para corregir la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, por ser la vía más rápida para llevar a cabo esta modificación del Código Penal, según han indicado fuentes socialistas a Europa Press.
Este camino legislativo es el más rápido ya que no requiere someter el texto a los informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tampoco al Consejo de Estado, que aunque no son vinculantes, sí serían preceptivos en el caso de que la tramitación se hiciese mediante proyecto de Ley. Las fuentes consultadas alegan que tampoco los informes realizados por estos dos organismos supusieron un cuestionamiento sobre lo que está ocurriendo ahora.
De hecho, el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su día de que la aprobación de esta Ley provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas, conforme a la regulación anterior. Sin embargo, la mayoría de las reducciones de penas se están produciendo con las condenas a las penas mínimas.
En esta misma línea otras fuentes del PSOE señalan que en este caso se seguirá el trámite de cualquier proposición de ley, es decir, sin solicitar informes adicionales a estos organismos.
Las asociaciones judiciales creen que sería «mejor» recabar informes
Las asociaciones judiciales APM, AJFV y FJI consideran que sería «mejor» que para reformar la conocida como ley del solo sí es sí se contara con los informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado.
«Creo que todas las reformas del Código Penal (CP) se deben hacer bien, y para eso deben hacerse los trámites correspondientes», ha dicho la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria en la carrera judicial–, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press.
Del Barco ha explicado que, aunque lo «mejor» es que se cuente con los órganos consultivos, porque «las leyes hay que reformarlas estudiadas», en este caso tampoco le parece «tan descabellado» que se opte por la proposición de ley porque los informes de la actual ley «son muy recientes», ya que entró en vigor el pasado 7 de octubre.
Por su parte, el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha lamentado que «se está haciendo un uso indebido de los procedimientos legislativos» porque «si la iniciativa parte del Gobierno, como parece ser, tiene que traducirse en un proyecto de ley», un formato que exige informes e «intervención pública».
Fernández Vaquero ha llamado la atención sobre el hecho de que elegir la proposición de ley «no solo pervierte el diseño constitucional del reparto de la iniciativa legislativa sino que además es contraproducente» en términos de transparencia.
Asimismo, ha alertado de que no recabar los informes que, de elegir el proyecto de ley, serían preceptivos «es dar pie a volver a incurrir en errores que ya hemos visto en el pasado en esta misma materia». «Por tanto, no me queda más que lamentar el empecinamiento del Gobierno en este caso en hacer mal las cosas», ha zanjado.
En la misma línea se ha expresado el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, al advertir de que «de alguna forma se están rebajando las exigencias democráticas cuando se opta con demasiada frecuencia por este tipo de vías legales» por cuanto «supone prescindir de informes que serían necesarios, y de debates mucho más profundos en una materia tan importante como el CP».
En este punto, Portillo ha hecho hincapié en que «el Código Penal es como el reverso de la Constitución», por lo que «posiblemente es la segunda norma de nuestro ordenamiento jurídico».
338 rebajas de penas hasta la fecha
Desde la entrada en vigor de la llamada del Ley del solo sí es sí el pasado 7 de octubre se han producido ya 338 rebajas de penas, nueve de las cuales las ha realizado el Tribunal Supremo y han supuesto por el momento 23 excarcelaciones de delincuentes sexuales.
Ante estos efectos negativos que ha tenido la aplicación de la citada Ley, y la alarma social que ha generado, el PSOE ha tratado de llegar a un acuerdo con Podemos para introducir modificaciones que corrijan estas consecuencias indeseadas cuando se aprobó la Ley.
Sin embargo, según las fuentes consultadas, tras semanas de intentos y ante la falta de avances suficientes para consensuar una solución el Gobierno dejó trascender el pasado fin de semana su deseo de modificar la norma.
No hay posición única en Podemos
Una decisión que hoy mismo comunicaba también la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en rueda de prensa, quien incluso ha precisado que se hará de manera inmediata tanto si hay acuerdo con Podemos como si este consenso no se da.
Los pasos que ha ido dando el PSOE, en un intento de que el partido morado se aviniera a un negociar una corrección y lograr así un acuerdo, se verán materializados con una proposición de Ley en el Parlamento, de la que ya hay un borrador, si finalmente este acuerdo no se produce.
Fuentes socialistas alegan que dentro del espacio confederal de Unidas Podemos, no hay un criterio único al respecto, ya que otros partidos se han ido pronunciando estos días a favor de modificar la ley del sí es sí para evitar que en el futuro las penas por delitos sexuales sean menores.
A este respecto fuentes socialistas destacaban este mismo lunes que dado que dentro del espacio de Unidas Podemos no hay una posición monocorde respecto a este asunto, están hablando con todos los sectores dentro de Unidas Podemos, incluida la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Hoy mismo, Izquierda Unida ha considerado «oportuna» una modificación de la Ley a tenor del resultado que ha tenido en su ejecución, aunque manteniendo la base de la normativa que pone en el centro de la misma el consentimiento previo. Pero previamente, se habían pronunciado a favor de corregir la norma otras fuerzas a la izquierda del PSOE como Mas Madrid o el diputado de Compromís, Joan Baldoví. Incluso Bildu no se cerró a mejorar la norma si había «puntos de fuga».
Además, otras fuentes socialistas consultadas señalan que el deseo de la formación que lidera Pedro Sánchez es cerrar cuanto antes los puntos de fricción con el socio de coalición y no abrir nuevos debates internos, dado el año electoral que hay por delante.
