El Govern subvenciona con 500.000 euros al colectivo que ha denunciado al policía infiltrado
El colectivo Iríada, conocido por defender la causa separatista en los tribunales, recibe un millón de subvenciones por parte de instituciones públicas
El colectivo Iríada ha impulsado la querella criminal contra el policía infiltrado en movimientos antisistema de Barcelona. | Twitter
La Generalitat de Cataluña ha subvencionado con un total de 498.513 euros a Irídia, el colectivo separatista que lleva la defensa de las cinco mujeres que se han querellado contra el policía infiltrado en movimientos antisistema de Barcelona por haber mantenido relaciones sexuales con él cuando no sabían que era un agente. Las denunciantes le acusan de un delito de abusos sexuales continuados, tortura, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.
Desde 2016, el Govern, liderado por Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès en este lapso de tiempo, ha otorgado casi medio millón de euros -de los cuales 337.676 proceden de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo- a esta asociación, que está conformada por abogados, psicólogos, periodistas y politólogos con «experiencia en el ámbito de la protección de los derechos humanos». Así lo confiesa Irídia en el apartado que dedican a la financiación en su página web.
Pero hay más. El Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa es Ada Colau, ha concedido 290.278 euros a este colectivo en siete partidas (desde 2016 hasta 2022), mientras que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ostenta Ione Belarra le dio 142.155 en 2021. Entre estos tres organismos, casi un millón de euros para esta asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con un presupuesto anual que roza los 700.000 euros, conseguido en un 59% gracias a las instituciones públicas.
Irídia es una «asociación sin ánimo de lucro receptora de subvenciones y contrataciones públicas y donaciones», así que está obligada por ley a publicar sus cuentas. Estas revelan que en 2022 las ayudas públicas sufragaron más de la mitad de su presupuesto anual, cercano a los 700.000 euros. Las contrataciones por servicios prestados o las donaciones no llegan a cubrir ni el 20% del presupuesto anual del colectivo, que se sostiene en gran medida gracias a los fondos institucionales.
El presupuesto de la entidad el año pasado fue de 693.932 euros, desgranado de este modo: 392.557 de subvenciones públicas, 127.335 de subvenciones privadas, 70.136 en donaciones, 53.903 por contrataciones de servicios y 50.000 en cuotas. Las cuentas de este ejercicio prevén, incluso, una mayor recaudación: 493.300 euros en concepto de subvenciones públicas, 180.400 en cuanto a las privadas, 29.500 por contratación de servicios, 50.100 por donaciones, 62.000 por cuotas, 5.000 por taquilla (la entidad organiza un festival: el Irídia Fest) y otros. En total, 820.300 euros.
Sus actividades
El destino de todos estos aportes económicos es, según la propia asociación que se define como Centro de Defensa de Derecho Humanos, «la promoción en Cataluña de la defensa de los derechos humanos, en especial los civiles y políticos». Lo que incluye, según explican en su web, «elevar los estándares de protección de derechos humanos en relación con la violencia institucional, el racismo y las migraciones, la memoria histórica, la privación de libertad y el derecho a la protesta».
La asociación también blasona de llevar a cabo «una intervención integral ante las vulneraciones de derechos, combinando la atención jurídica y psicosocial a las personas afectadas desde una perspectiva empoderadora».
En los tribunales, estas nobles pretensiones se traducen en numerosas iniciativas contra la Policía Nacional. Y es que el centro Iríada ejerció de acusación particular contra los agentes que trataron de impedir la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, denunciándolos por su «violencia desproporcionada». También recopilaron y presentaron los vídeos e imágenes que el el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona utilizó en su auto para el procesamiento de 45 policías nacionales. Una decisión que ha soliviantado a los principales sindicatos.
El policía infiltrado
La última iniciativa costeada gracias a las subvenciones del Gobierno catalán ha sido la querella contra el agente de la Policia Nacional infiltrado en el movimiento sindical separatista entre mayo de 2020 y octubre de 2022. Iríada ha respaldado la querella de cinco mujeres que argumentan que el consentimiento sexual que dieron en su día a Daniel Hernández Pons «se puede considerar viciado», por cuanto nunca hubiesen mantenido relaciones «sexoafectivas» con él de haber sabido que era un agente.
Le acusan de delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. La querella sostiene que la conducta del policía «no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, sino que traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de las activistas y su autonomía sexual».
El caso ha desatado una enorme polémica con implicaciones políticas. Unidas Podemos, ERC, Bildu y la CUP han pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que aseguran que los Mossos d’Esquadra conocían los hechos y tenía que existir una colaboración directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También Ada Colau, que financia a Irídia, ha enviado una carta a Interior expresando su «profunda preocupación» ante unos hechos que considera «graves» y que merecen «una respuesta rápida y contundente».
