Las feministas buscan casos de 'trans' en cárceles españolas parecidos a los de Escocia
Un caso en Canarias hizo saltar las alarmas y ahora las feministas avisan de «paralelismo» entre la normativa escocesa y la ‘ley trans’ de Irene Montero
La ministra Irene Montero junto a varios activistas en el exterior del Parlamento. | Europa Press
Las asociaciones feministas contrarias a la ley trans del Gobierno de Pedro Sánchez dan la voz de alarma. Miembros destacados de los colectivos críticos sostienen que en España ya se están dando casos parecidos a los que en Escocia han desembocado en la dimisión de la primera ministra Nicola Sturgeon. Ya han «ocurrido», avisan fuentes del grupo Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. De momento, han detectado un caso en Canarias, pero no excluyen que haya más. Mencionan a un preso que habría pedido el traslado a una cárcel de mujeres y que Interior estaría «ocultando», y denuncian «paralelismos» con la ley del solo sí es sí y la normativa escocesa y sus consecuencias políticas.
Entre el pasado mes de diciembre y el pasado 15 de febrero, sendas polémicas de la ley trans escocesa han acabado con la carrera política de la primera ministra Sturgeon. En enero estalló el escándalo de Isla Bryson, culpado de una doble violación cuando se llamaba Adam Graham y encarcelado en una prisión de mujeres. Su exesposa denunció en el diario The Daily Mail que su exmarido estaba «burlándose» de las autoridades aprovechando la ley trans. El 30 de enero, otro caso sacudió la opinión pública. Esta vez fue un violador de una niña de 13 años trasladado a una prisión de mujeres tras su cambio de sexo. El pasado miércoles la primera ministra de Escocia dimitió por la polémica.
Los colectivos feministas contrarios a la ley trans ya acusaron al Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, de «ocultar» un caso de un preso transexual en las cárceles de Canarias. Sostienen que Interior niega al portal de Transparencia información sobre el caso de Jonathan de Jesús Robaina Santana, quien pidió durante el juicio que se le llamara Lorena y exigió el traslado a un centro penitencial femenino. Según miembros de los colectivos feministas consultadas por este diario, con la nueva ley trans se llegará en España a situaciones parecidas al de Escocia.
Casos asimilables
Las asociaciones presentaron una petición de información a través del Portal de Transparencia después de una publicación en un diario local que apuntaba al caso de Jonathan de Jesús Robaina Santana. Los colectivos sostenían que el abogado del autor confeso del asesinado de su prima a martillazos había pedido «un proceso de cambio de sexo dentro del centro penitenciario», tal y como también adelantó THE OBJECTIVE. Sin embargo, denuncian que Interior les ha denegado información sobre el asunto, apelando a que «los datos específicos de cada supuesto pertenecen a la parcela más íntima y personal de sus titulares, necesitándose su consentimiento expreso para proceder a su publicidad (artículo 15 Ley 19/2013, de 9 de diciembre)».
Los colectivos feministas recuerdan que, en virtud del artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979, las personas que pidan el reconocimiento de cambio de sexo pueden hacerlo directamente a su centro penitenciario, reduciendo así los controles generales sobre dicho proceso. Y alegan que la normativa estipula un procedimiento por el que, «con los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psico-social de género, a efectos penitenciarios, las personas transexuales sin identidad oficial de sexo acorde con esta, podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición».
Las feministas sostienen así que en su respuesta «el Ministerio del Interior no indica expresamente si ha procedido al ingreso en una cárcel de mujeres». Y exigen que se clarifique este punto al albur de lo que ha ocurrido en Escocia, donde la ley trans ha ampliado los márgenes para dichos traslados, desembocando en una feroz polémica pública. Según activistas de los colectivos feministas consultados, el caso del preso en Canarias es asimilable a los de Escocia y creen que no puede ser el único en España.
«Paralelismos» entre la ‘ley trans’ y ‘sí es sí’
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, grupo feminista también crítico con la ley trans del Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionó la negativa de Interior a dar información sobre el preso canario sosteniendo que las asociaciones feministas no piden la ubicación concreta del condenado, sino si este ha sido «internado en una cárcel de mujeres», según reza una nota informativa de Tribuna Feminista. La asociación ya ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El pasado jueves, el Congreso de los Diputados ratificó la ley trans diseñada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Sin embargo, el fracaso de la ley homónima de Escocia se coló en el hemiciclo con la oposición que ataca a la ministra, por lo que consideran puede desembocar en una repetición de los casos que han condenado a la primera ministra Sturgeon. Montero niega ese extremo, aunque también lo hizo cuando la oposición avisó de que su ley sobre el sí es sí tendría un efecto bumerán con rebajas de penas a condenados por agresiones.
En un comunicado del pasado 8 de febrero, el colectivo Contra el Borrado de las Mujeres habló de «paralelismos» entre la ley trans de Irene Montero y la ley del solo sí es sí. El colectivo reclamó «la retirada de la denominada ley trans en tramitación en el Senado por acarrear problemas con consecuencias más demoledoras que las que ya se han constatado tras la aprobación de la ley del solo sí es sí«. Según las feministas, ambas normativas «carecen de rigor normativo, científico y técnico» y «se han redactado sin escuchar el criterio informado de personas expertas». Las contradicciones de la nueva ley trans «han quedado constatadas en otros países que impulsaron estas leyes anteriormente», agregan.
Raquel Rosario Sánchez, escritora dominicana residente en Reino Unido y activista de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ya avisó en este diario que la norma de Montero «contiene una cláusula que dice que una vez una persona cambia su sexo registral, se convierte en una violación de su privacidad e intimidad el exponer o relevar su pasado bajo el sexo original». Según las feministas contrarias a la ley trans, el anonimato para los agresores sexuales será más fácil de alcanzar puesto que «este cambio de sexo registral se podría hacer con una mera auto-declaración». «¿Para qué quieren cambiar de sexo? Para acceder a espacios de mujeres, como pueden ser las cárceles. El sistema está retraumatizando a las mujeres más vulnerables: las que están en casas de acogida, en prisiones, etc.», avisó la activista.
