El Gobierno prohíbe la venta de cupones de la ONCE en colegios, pero la permite a 11 metros
El Ministerio de Derechos Sociales aprueba una norma tildada de «ridícula» por las casas de apuestas, sobre las que recaen restricciones mucho más severas
Puesto callejero de un vendedor de la ONCE. | Imagen de archivo
El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, se ha propuesto regular la venta del cupón de la ONCE en las inmediaciones de los colegios, prohibiéndola de manera expresa «en el interior y en las entradas de centros escolares y de centros oficiales de rehabilitación de personas jugadoras patológicas». Desde la entrada en vigor del reglamento no podrán crearse ni establecerse «nuevos puntos de venta autorizados que estén ubicados a menos de diez metros de distancia de las entradas» de estos centros.
Esto significa que se permitirá el establecimiento de nuevos puntos si se instalan a once metros de los colegios, lo que genera evidentes dudas acerca de la eficacia de la medida para evitar el acceso de esta modalidad de juego a personas vulnerables. Sobre todo, si no aplica a los vendedores que ya estuvieran en las puertas de estos centros.
El director del Consejo Empresarial del Sector del Juego, Alejandro Landaluce, destaca que se trata de una medida «absurda, poco efectiva, y que evidencia los privilegios que ostenta el juego público frente al juego privado». También la tilda de «ridícula» por «ineficaz», ya que «la distancia de diez metros permite que un vendedor se pueda poner frente a la salida de un centro escolar o de un centro de rehabilitación con sus productos a la vista»: «Al mismo tiempo, los salones de juego, que tienen que implementar medidas para que no entren los menores, tienen que guardar una distancia hacia los centros escolares de hasta 800 metros en algunas comunidades».
La regulación autonómica es más contundente con las casas de juego. A estas se les obliga a mantener una distancia con los centros educativos de 800 metros en la Comunidad Valenciana, 500 en Aragón y Baleares, 300 en Castilla-La Mancha o 150 en País Vasco y Castilla y León. También se les requiere discreción para que desde fuera no se pueda intuir el interior.
En opinión del director de CeJuego, esta nueva norma «da cuenta de la asimetría del trato que da el Gobierno al juego público y al privado» al no imponer «ningún tipo de control sobre los productos del primero». Landaluce recuerda también que los productos de la ONCE que pueden venderse en estas condiciones no gozan de «ningún control» y son «los que más crecen entre los jóvenes y de los más consumidos por personas con posible juego problemático».
La patronal que agrupa al 70% de las empresas del juego privado en España hace referencia al Estudio de Adicciones Comportamentales del Ministerio de Sanidad, publicado el pasado mes de febrero. Según este, en los últimos años ha decrecido la prevalencia del uso de productos de juego privado (un 30% de 2018 a 2022) y las personas con posible trastorno de juego (un 22%) o con posible juego problemático (un 35%), mientras aumentan un 36% los clientes de la ONCE (loterías y rascas).
Un doble rasero del Gobierno de España que se evidenció con motivo de la Navidad, cuando el Ministerio de Hacienda movilizó 55 millones en la promoción de la Lotería a la par que Consumo invirtió 236.797 euros en una campaña para «concienciar a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes, sobre los peligros del consumo no responsable de los juegos de azar». Y eso que las loterías, rascas de la ONCE y bonolotos son los juegos de azar más recurrentes entre los jóvenes, y también son las que causan una mayor adicción a la población de 14-18 años, según Sanidad.
Alejandro Landaluce, en última instancia, destaca que la nueva medida del Gobierno, impulsada por el Ministerio que lidera Ione Belarra, no es retroactiva. Esto significa que «siendo estrictos, sólo afecta a los puntos de venta nuevos, y los vendedores que ya vendieran en las puertas educativo, podrían seguir haciéndolo».
