El Gobierno se cuela en la reunión sobre Doñana de Andalucía con la Comisión Europea
Sorpresa porque un miembro de la Representación Permanente de España ante la Unión Europa aparece por segunda vez en un encuentro pedido por la Junta
El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a tutelar y vigilar de cerca los contactos de la Junta de Andalucía con la Comisión Europea para dar solución al problema de la regularización del riego de al menos 700 agricultores de la corona norte de Doñana, a 40 kilómetros del Parque Natural. La Administración andaluza se vio este lunes sorprendida porque en la reunión en Bruselas del consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario europeo de este área, Virginijus Sinkevicius, se encontraron, sin previo aviso, con un miembro de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Reper), según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes comunitarias.
No es la primera vez que sucede. Antes de las elecciones de junio 2022, cuando el Partido Popular (PP) puso en marcha una proposición de ley para solucionar el problema de este entorno natural, que no pudo aprobarse al disolverse el Parlamento, otro miembro de la Reper apareció por sorpresa en una reunión entre un representante del Gobierno andaluz con el comisario europeo. El encuentro, como el de este lunes, fue solicitado por la Junta de Andalucía, pero el Gobierno de Pedro Sánchez entiende que al haber un procedimiento de infracción en marcha por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que estar presente. La polémica radica en que la Administración andaluza se entera de la presencia de miembros de la Reper minutos antes de comenzar la reunión, y no es informada con antelación.
Las quejas de la Junta de Andalucía se refieren a que el Gobierno de Pedro Sánchez no los recibe en España, pero se incorpora a encuentros cuando se celebran en Bruselas. Se trata de una reunión que se consiguió en pocas horas, ya que el consejero andaluz tenía previsto entrevistarse con el comisario el próximo 3 de mayo, pero ante el giro que está tomando el enfrentamiento del Ejecutivo con Andalucía, decidió adelantar el encuentro para explicar en Europa el contenido de la proposición de ley del Gobierno andaluz para regularizar los regadíos, sin tocar los acuíferos de Doñana. El Gobierno andaluz sostiene que no se tocan y que solo se autorizan riegos con aguas superficiales.
Preocupación del comisario
El consejero andaluz señaló, al finalizar la reunión, que habían solicitado este encuentro al Gobierno de Pedro Sánchez «y hasta ahora jamás habían querido sentarse con nosotros para, desde un punto técnico y riguroso, abordar esta proposición de ley y todo lo que concierne a Doñana. Si tanto le preocupa Doñana, ¿por qué no nos convoca para que podamos hablar? Hemos acudido a esta reunión de manera discreta, seria y con la verdad como única arma para defendernos de este ataque continuo y el aluvión de descalificaciones, bulos y mentiras que el Gobierno socialista viene impulsando». Fernández-Pacheco admitió que el comisario le ha expresado su preocupación «por el incumplimiento de la sentencia que desde 2021 recae sobre el Gobierno de España , que nosotros compartimos. En lo que respecta a la Junta de Andalucía, a la que le corresponde el 10 por ciento de su cumplimiento, estamos siendo extremadamente diligentes».
El responsable andaluz señaló sobre la polémica proposición de ley que «apenas ha empezado a andar en su trámite parlamentario. En absoluto perjudica al acuífero de Doñana, el agua de Doñana es para el parque nacional. Esta proposición no amnistía a ninguno de los infractores y los procesos sancionadores que durante el Gobierno de Juanma Moreno se han multiplicado por cuatro».
Finalmente, afirmó que «el comisario se ha ofrecido a colaborar al cumplimiento de las leyes. La mayor parte de la reunión ha versado sobre la preocupación por el cumplimiento de la sentencia que en un 80 por ciento es responsabilidad del Gobierno, así como por el revuelo mediático interesado. Va a estudiar las propuestas y seguimos con los cauces abiertos».
Desde la Comisión se siguen con preocupación los movimientos del Gobierno andaluz. Advirtió de que la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar regadíos en Doñana puede «deteriorar» el humedal, ya que «parece ir en dirección contraria» a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo, aunque señala también que las medidas adoptadas hasta ahora por España para garantizar su cumplimiento «no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta». Así lo indicó un portavoz del Ejecutivo comunitario tras la reunión del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, con el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, según informa Europa Press.
Según han señalado las mismas fuentes, el comisario ha insistido en que el Ejecutivo comunitario está «profundamente preocupado» por el hecho de que la legislación andaluza propuesta, si se adopta tal como se ha anunciado, podría «deteriorar» el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000, al tiempo que la aplicación «plena y oportuna» de las sentencias del TJUE se mantiene como una «prioridad».
El comisario, consciente de la importancia del regadío para la economía local, ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ante el episodio de sequía que sufre España. Asimismo, ha alertado de que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los «puntos calientes» de biodiversidad de la UE.
Bruselas señaló que existen pruebas fehacientes de que la agricultura intensiva y los complejos turísticos cercanos están relacionados con la reducción de las balsas en toda Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son «insostenibles» y requieren medidas «urgentes» para controlar las extracciones. En este sentido, las mismas fuentes comunitarias afirmaron que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico «favorable» para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales, que se sumarían a la «presión excesiva» sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.
Por último, Sinkevicius avanzó que ahora la Comisión evaluará «detenidamente» las aclaraciones facilitadas en las cartas del Gobierno español y de la Junta de Andalucía el pasado viernes.
La Comisión ha instado a España a que «cumpla con rapidez y eficacia la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa a los humedales de Doñana», denunciando que «no se ha garantizado una gestión sostenible de las masas de agua subterránea que alimentan los humedales». Las autoridades comunitarias señalan que desde el Gobierno español tampoco se ha actuado para «detener el posterior deterioro de los hábitats naturales protegidos en varios espacios Natura 2000 designados por las autoridades españolas alrededor y dentro del Parque Nacional de Doñana».
En junio de 2021, el tribunal europeo señaló que el Gobierno de España incumplía las directivas de Agua y Hábitats por no haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana.