Sumar pide derogar la prisión permanente revisable y cerrar los centros de inmigrantes
La recién creada formación plantea acometer regularizaciones periódicas de migrantes en situación irregular hasta disponer de una nueva Ley de Extranjería
La líder de Sumar Yolanda Díaz. | Europa Press
Sumar aboga entre sus primeras ideas de cara al proceso de conformar su proyecto de país por derogar la prisión permanente revisable, reformar la normativa de concesión de indultos, suprimir la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural y desplegar asambleas ciudadanas, elegidas por sorteo, para proponer reformas en asuntos centrales del país. Junto a ello, la recién creada formación plantea acometer regularizaciones periódicas de migrantes en situación irregular hasta disponer de una nueva Ley de Extranjería, establecer controles ante el fenómeno de las «puertas giratorias» en la clase política y evaluar la posibilidad de descentralizar ciertas competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así lo recoge la plataforma en sus documentos de los grupos sectoriales de trabajo, que supone un primer armazón de su propuesta programática para la próxima década, que ahora está abierta a la participación y deliberación de la ciudadanía a la que anima a hacer sus propuestas. Por ejemplo, respecto a la inmigración, la plataforma demanda impulsar a las embajadas y consulados a la hora de tramitar solicitudes de asilo, cerrar los centros de internamiento de extranjeros, establecer puntos de acceso «normalizados» en Ceuta y Melilla y actualizar la normativa y el reglamento de extranjería. Hasta que se gestara dicha normativa, el criterio del primer documento programático es establecer regularizaciones periódicas de migrantes irregulares.
En este sentido, aparte de lanzar una mirada crítica con la política de la UE en materia fronteriza, plantea que se negocie un convenio de trabajo temporal agrícola que vinculen a las empresas con el aprovisionamiento de alternativas habitacionales a su personal extranjero. Además, en materia de energía se incide en medidas que impidan un mercado oligopólico, impulsar las energías renovables y se alude específicamente a establecer controles y limitar el fenómeno de las ‘puertas giratorias’, es decir, cuando un cargo político ficha por consejos de administración de grandes compañías cuando deja la administración.
Dentro del apartado de Justicia, Sumar aborda en sus primeras tesis la actual situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y pauta el cese automático de los vocales al poco de caducar su mandato, para obligar con ello a las Cortes Generales a iniciar el procesos de relevo quedando solo la comisión permanente para gestionar asuntos ordinarios y urgentes.
Además, propone descentralización de competencias del órgano de gobierno de los jueces a otras salar de gobierno o crear una suerte de consejos territoriales, para así circunscribir al CGPJ a las funciones que marca la Constitución como son, por ejemplo, los nombramientos, la inspección y el régimen disciplinario. Y desliza la necesidad de repensar las cuotas del organismo sobre todo en lo relativo al Supremo, que cuenta con un cuarto de los vocales cuando solo representa al 2% de la judicatura.
Por otro lado, propone que el Consejo Fiscal sea elegido con un procedimiento similar al del CGPJ, con concurso del Parlamento, y reconoce que el cambio de sistema de elección del Fiscal General del Estado es complicado por requerir una modificación de la Constitución. A su vez, se compromete a reformar la Ley del Indulto para reforzar la exigencia de interés público para su concesión, unido también reformular la Ley de Secretos Oficiales.
Eliminar la «falta de respeto a la autoridad»
En materia de seguridad, Sumar afirma que se necesita una nueva regulación con mirada crítica al uso de las pistolas ‘taser’ y regular el uso de cámaras personales que porten agentes para reforzar el registro «fidedigno» de las interacciones policiales con la ciudadanía. Además, entiende que debería desaparecer la actual infracción de falta de respeto a la autoridad, una figura por ejemplo que no existe en países occidentales como Estados Unidos. Mientras, desliza que se tiene que reabrir el debate sobre «la descriminalización de ciertas drogas», para poder así «reinvertir recursos» en otras áreas de los cuerpos policiales.
Por otro lado, la primera síntesis de las ideas recabadas por la plataforma refleja su opinión contraria a atribuir a los funcionarios de prisiones el carácter de agentes de la autoridad. Sí es favorable de «extinguir» las paradas de identificación policial bajo la aplicación de la Ley de Extranjería, que deberían darse de forma excepcional en casos muy justificados, al considerar que se hace un uso «desmesurado» de esta práctica, tiene efectos discriminatorios y su impacto sobre la delincuencia es «cuestionable».
Sobre materia penitenciaria, el compendio de medidas recabado por los grupos de trabajo sugiere reformular el actual sistema carcelario de mujeres para favorecer concesiones en «medio abierto» a través de una red de centros multifuncionales. «Aunque hay que apostar en general por el medio abierto, las deficiencias del modelo actual para las mujeres hacen especialmente necesario priorizar las soluciones para ellas», ahonda el documento, que esboza esta tendencia a nivel general para delitos de mediana y baja gravedad, «racionalizando» el uso de prisiones como «último recurso», sobre todo para los delitos más dañinos contra la sociedad.
Otro de los apartados pivota sobre medidas para fomentar la participación de la ciudadanía en política con una ley orgánica específica, donde se apuesta por impulsar consultas no vinculantes, que puedan convocarse por iniciativa de la propia sociedad. Sumar se muestra partidaria también de rebajar el umbral de firmas para registrar iniciativas legislativas populares en el Congreso (ahora se requieren 500.000 firmas) y dar cierta capacidad de control a los promotores sobre su propuesta cuando llega a la cámara, dándoles por ejemplo la opción de retirarlas si piensan que su proyecto queda desvirtuado durante la tramitación.
Y uno de los aspectos destacados en este campo es el impulso de asambleas ciudadanas, elegidas mediante sorteo, que reflexionen sobre reformas constitucionales, cambio climático y asuntos fiscales entre otras materias, cuyas conclusiones se pudieran llevar a referéndum si se estima oportuno. También pretende cambiar el modelo de debates entre candidatos para dar entrada a preguntas formuladas por la ciudadanía.
Para nombramientos de determinados organismos públicos, sugiere crear comisiones de expertos que cuenten con amplio apoyo parlamentario, y un observatorio independiente que examine el cumplimiento de los programas electorales. Por otro lado, pide derogar la condición de tauromaquia como patrimonio cultural y poner fin a nivel nacional a la entrada de menores a plazas de toros, así como la emisión de corridas de toros durante horario infantil. También aboga dar papel a las autonomías en el proceso de elecciones de instituciones como el CGPJ o el Tribunal de Cuentas, así como fomentar el uso efectivo de las lenguas cooficiales en la administración del Estado.
