El Gobierno nacionalizará por la vía de urgencia a los hijos de los brigadistas internacionales
También se aplicará el mismo criterio a los descendientes de los brigadistas «que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes»
El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un real decreto sobre la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales y a sus descendientes en aplicación de la ley de Memoria Democrática.
El Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Justicia, desarrollará por esa vía del real decreto una medida que permitirá otorgar por carta de naturaleza la nacionalidad española a los brigadistas sin necesidad de renunciar a su actual nacionalidad.
También se aplicará el mismo criterio a los descendientes de los brigadistas «que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España».
Se culminará así un proceso que comenzó hace casi 30 años, cuando en 1996 el Ejecutivo, en reconocimiento de su labor de defensa de la libertad y los principios democráticos, se les concedió -también por real decreto- el derecho a adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.
El problema es que la concesión de la nacionalidad requería la renuncia a la anterior, por lo que las solicitudes fueron escasas.
En 2007, la ley de Memoria Histórica ampliaba su derecho a la nacionalidad española eliminando el requisito de tener que renunciar a su anterior nacionalidad, pero para entonces ya apenas quedaban brigadistas vivos.
En 2022, la ley de Memoria Democrática reafirmó ese derecho, con carácter simbólico en el caso de los brigadistas, pues el último de ellos murió en 2021, pero del que se pueden beneficiar sus descendientes si pueden demostrar haber trabajado por mantener y difundir su memoria.
La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), que participó en la redacción de la nueva ley y empujó para recoger este aspecto, tiene conocimiento de al menos una veintena de familias, de orígenes diversos, como Cuba, Argentina, Canadá, Australia, Francia, Italia o Reino Unido, que estarían interesadas en acogerse a este derecho.