Isabel Rodríguez se escuda en el «derecho a informar» tras abrirle expediente la JEC
La portavoz asegura que el Gobierno trabaja para «conciliar y ponderar el derecho fundamental a la información» con la ley electoral
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes tras el Consejo de Ministros. | Europa Press
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este martes que el Ejecutivo trata de conciliar la ley electoral con el derecho a informar, tras el expediente sancionador que le abrió la Junta Electoral Central por vulnerar su deber de neutralidad.
Al ser cuestionada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, ha afirmado que tiene conocimiento del expediente y que sigue su curso. A continuación ha indicado que el Gobierno trabaja para «conciliar y ponderar» distintos derechos, por un lado los que protege la ley electoral y por otro «el derecho fundamental a la información», según ha expresado. Además ha trasladado su «máximo respeto» por los pronunciamientos de la JEC.
Rodríguez ha sido preguntada al respecto, después de que la semana pasada este organismo le abriera un expediente sancionador por vulnerar desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su deber de neutralidad en periodo electoral.
Esa fue la tercera denuncia consecutiva en la que la JEC apercibe a la portavoz del Gobierno en relación al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que prohíbe desde la convocatoria de elecciones –publicada en el BOE a inicios de abril– hasta su celebración «cualquier acto organizado o financiado» por los poderes públicos «que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas».
El primer apercibimiento se produjo por realizar «manifestaciones valorativas de logros alcanzados en materia de empleo, con connotación electoralista», al comentar los datos del paro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y el segundo, por realizar una valoración en respuesta a periodistas sobre la política de vivienda del PP y criticar a Alberto Núñez Feijóo afirmando que «se salta la Constitución».
Ante la amenaza de sanciones, la portavoz del Gobierno se defendió afirmando que si fuera por ella no hablaría del PP en este espacio pero que desde el Ejecutivo tienen que contestar a las preguntas que les hacen los periodistas.
