Denuncian un «amaño» para enchufar en la Embajada en Sudáfrica al marido de la cónsul
Dos sindicatos critican el «nepotismo encubierto» en la adjudicación de tres plazas laborales, unos puestos que tenían «dueños de antemano»
Raimundo Robredo, embajador español en Pretoria. | Twitter emb.Sudáfrica
Los sindicatos CCOO y CSIF han denunciado en el Ministerio de Asuntos Exteriores un supuesto «amaño» para enchufar al marido de la cónsul en Pretoria, Aurora Carbonell, como personal laboral fijo dentro de la Embajada española en Sudáfrica tras un proceso de selección en el que se han cubierto tres plazas que estaban vacantes. Unos puestos que tenían «dueños de antemano» por el «accionar poco ético del personal» encargado de los exámenes y que ha desembocado en un caso con «pruebas evidentes de favoritismo y opacidad», a juicio del primero de los sindicatos.
THE OBJECTIVE ha tenido acceso a varios correos electrónicos enviados en los últimos días por el jefe de visados en la capital sudafricana a la subdirectora de Personal en Exteriores, Marta Blas, en el que se pide la impugnación de la convocatoria que quedó resuelta este jueves. La primera de las misivas de este funcionario, que es delegado sindical de CCOO en el país africano, se envió el martes antes del inicio de las pruebas para elegir a los tres nuevos funcionarios con categoría de auxiliar de entre una lista con quince candidatos iniciales, de los que cinco llegaron a la entrevista final.
En ella se señala como beneficiarios de este supuesto amaño al marido de la cónsul, César Tovar; a una antigua trabajadora de la Embajada, Jennifer Paz; así como a Elvira Pradas, esposa del diplomático español que va a ocupar la segunda jefatura en la capital sudafricana, Fernando de Castro. Los tres lograron las notas más altas en la oposición con la suma de los exámenes y méritos (ver abajo).
El denunciante considera que existe un motivo para impugnar dicha convocatoria ya que la secretaria del tribunal ha sido la encargada de Culturales y Personal en la legación, Elena Moreno, «compañera de promoción» de la cónsul Carbonell y a la que atribuye una «amistad manifiesta con algunas de las personas postuladas».
Además, otro miembro del tribunal, la vocal suplente Jacqueline Vellini, «ya no pertenece a la Embajada en Pretoria, sino que fue ‘premiada’ por sus servicios en un proceso poco claro» con un destino como secretaria de la residencia en Ciudad del Cabo, la segunda ciudad en importancia del país. Una inclusión que constituye, a juicio del jefe de visados, «un error de forma» en la convocatoria.
CSIF critica el «nepotismo encubierto»
El sindicato CSIF, coaligado con SISEX en Exteriores, también cuestiona la presencia del embajador español, Raimundo Robredo, al frente del órgano examinador en calidad de presidente, algo «inhabitual» en este tipo de procesos de selección para puestos laborales fijos. «La conciliación familiar se ha convertido en nepotismo encubierto», se queja un portavoz de este sindicato a este diario tras conocer lo sucedido en la capital sudafricana.
Las quejas del denunciante, que fue cesado recientemente de su puesto, se centran en el marido de la cónsul, un candidato que tenía «un nivel bajísimo de inglés» para desempeñar su trabajo en Sudáfrica y que se presentó a la convocatoria como «músico de profesión». En este caso, la cónsul ha repetido, a su juicio, lo que hizo en su último destino diplomático de Managua, donde Tovar fue «enchufado» en el Centro Cultural de España en Nicaragua durante 2 años y 2 meses -de mayo de 2019 a junio de 2021- «a sueldo del erario público español» y en lo que fue su «único trabajo en la función pública» española. «No tiene preparación alguna para ocupar ese puesto», avisa a la subdirectora de Personal en Madrid.
El jefe de visados aprovecha la misiva para acusar a sus superiores en la Embajada de «la desaparición de más de 3.000 etiquetas de visados Schengen en la Sección Consular» en los últimos años, junto con la pérdida de «ordenadores, CPUs y otros bienes de valor» que no determina.
Todo ello «sin ningún tipo de investigación, ni limpieza de personal sospechoso», se queja. Asimismo, reprocha el gasto de más de 3,5 millones de euros en reparaciones en la segunda residencia del embajador «utilizando la estrategia de partidas de montos inferiores a 18.000 euros, así como la justificación de gastos poco claros, avalados por un canciller de ética laxa para decirlo suavemente».
«Con esto y mi anterior correo se puede comprobar que nuestro Ministerio (de Asuntos Exteriores) es, lo que todos sabemos, un resabio feudal en pleno siglo XXI. Creo que se deberían impugnar esta convocatoria ante estas pruebas evidentes de favoritismo y opacidad», concluye el funcionario en la segunda de sus misivas a Marta Blas.
