La ONU reprende a Marruecos por tres presos saharauis en plenas vacaciones de Sánchez
Naciones Unidas solicita información sobre el deterioro de las condiciones de los reos y Rabat echa balones fuera
Pedro Sánchez y Mohamed VI durante un encuentro en 2018. | Ballesteros (EFE)
La ONU irrumpe en las vacaciones de Pedro Sánchez. Durante el primer día del presidente del Gobierno en Marrakech, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha publicado una carta en la que reprende a Marruecos por la situación de tres presos saharauis condenados a largas penas de cárcel. Los relatores preguntan por el deterioro de sus condiciones, pero Rabat elude ofrecer la información solicitada. La noticia llega días después de que el rey Mohamed VI indultara a 2.052 condenados, aunque ninguno de ellos es ciudadano del Sáhara Occidental.
Varios relatores de la ONU, entre ellos Mary Lawlor, encargada de velar por la situación de los defensores de los Derechos Humanos, escribieron una misiva a Marruecos el 24 de mayo para conocer la situación de tres presos saharauis: Al-Hussein Al-Bashir Ibrahim, Khatri Dadda y Naâma Asfari. La comunicación se ha mantenido en secreto durante 60 días para permitir que el Gobierno alauí proporcionara información. La respuesta está firmada el pasado 24 de julio.
En la carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los observadores internacionales acusan a Marruecos del deterioro de las condiciones de los presos. «Expresamos nuestra preocupación por las duras condiciones en las que se encuentran Al Bashir Ibrahim y Dadda. Destacamos sus traslados a prisiones más alejadas de su domicilio familiar, lo que reduce en gran medida la posibilidad de visitas. También nos preocupa la prohibición de visitas impuesta a la esposa de Asfari y la supuesta falta de cuidado durante su detención».
Respuesta de Marruecos
Los relatores de la ONU solicitaron a Marruecos los informes pertinentes para esclarecer los casos mencionados. Los autores del documento pidieron a las autoridades locales «cualquier información o comentario adicional» sobre la situación de los presos e información específica de sus condiciones actuales, incluidas las restricciones impuestas a la familia de Asfari para recibir visitas y los traslados de los otros dos presos.
«Queremos conocer los motivos del traslado de Al-Bashir Ibrahim y de Dadda a una prisión más alejada de su hogar familiar. Por favor, especifiquen cómo han considerado las autoridades competentes sus solicitudes de traslado a prisiones más cercanas según las normas internacionales pertinentes». En la respuesta, Marruecos alega que los presos a los que se refieren los relatores de la ONU «han sido acusados y procesados por la comisión de delitos de derecho común».
Marruecos, que denuncia el tono de la comunicación, responde con un «categórico rechazo» a las «falsas denuncias» sobre las condiciones de los presos. En su opinión, esos hechos no se corresponden con la realidad. El Gobierno alauí asegura que todos los presos se benefician de los mismos derechos, entre ellos atención médica, visitas familiares, comunicaciones telefónicas, recepción de paquetes postales, televisión, tres comidas diarias y facilidad para continuar con los estudios.
Al-Bashir Ibrahim, estudiante de Derecho en la Universidad de Agadir, fue condenado a 12 años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech en 2019 por haber organizado una protesta en la que murió una persona. En marzo fue trasladado a otra prisión en contra de su voluntad al doble de kilómetros de su casa. Poco antes había iniciado una huelga de hambre para protestar por sus condiciones.
Condenas por violencia
Dadda, un fotógrafo reconocido por sus reportajes sobre las violaciones de los derechos humanos, fue condenado a 20 años por participar en manifestaciones violentas. Tras cuatro años entre rejas acaba de ser trasladado a Ait Melloul, una prisión de máxima seguridad, sin que su familia haya sido informada. El activista Asfari lleva en prisión desde 2010. Tres años después fue condenado a 30 años de reclusión por «formar parte de una banda criminal». Cumple condena en la cárcel de Kenitra, a 2.000 kilómetros de su domicilio.
Lawlor y otros tres colegas también solicitaron a Marruecos que indicara las medidas que había tomado para garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan desarrollar sus actividades «en un ambiente propicio y sin temor a amenazas, actos de hostigamiento y sin temor a amenazas».
En su respuesta, el Gobierno alauí afirma que emprendió hace una década una importante reforma para establecer «un sistema judicial independiente e imparcial que garantice el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho». Además, señala que ha fortalecido la libertad de opinión y expresión a nivel legislativo e institucional a través de una ley de prensa que sustituye las penas de cárcel por «multas moderadas».
«A la espera de su respuesta, solicitamos al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos y libertades de las personas mencionadas, que investigue las presuntas violaciones y lleve a los responsables ante la Justicia. También pedimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se repitan los hechos mencionados», continúan los relatores de la ONU.
No es la primera vez que dan un tirón de orejas a Marruecos. El documento emitido este miércoles recuerda que los relatores de la ONU ya advirtieron sobre las condiciones de los tres presos saharauis en reiteradas comunicaciones desde enero de 2021. A principios de julio, Lawlor acusó a las autoridades alauí de hostigar y castigar de forma «desproporcionada» a los activistas y periodistas que reclaman una mejora de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
