El PSOE votó en contra de hablar catalán, euskera y gallego hace tan sólo un año
En 2011 también se opuso Alfonso Guerra a utilizar estos idiomas incluso en el Senado
El 21 de junio de 2022 se celebró por segunda vez una votación en el Congreso para usar las lenguas cooficiales en los plenos. El objetivo de la mayor parte de socios de investidura del Gobierno era claro: hablar euskera, catalán y gallego durante las sesiones con servicio de traducción simultánea. Un día antes, el partido socialista anunció a través de Héctor Gómez en rueda de prensa que su voto iba a ser no, aliándose así con el Partido Popular, Vox y Ciudadanos en una propuesta que no obtuvo los apoyos necesarios.
Se trató de una reforma del Reglamento del Congreso que había llegado con la firma de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Compromís, Junts, PDeCAT, PNV, BNG, Más País y la CUP que coincidió con las elecciones andaluzas en las que el Partido Popular logró una holgada mayoría absoluta.
Hasta esta semana, el PSOE había defendido siempre que el castellano es el único idioma reconocido en todo el Estado y la lengua común de todos los españoles. Desde la época del socialista Manuel Martín, lo que se permite en los Plenos es pronunciar citas o frases en lenguas cooficiales, facilitando así la correspondiente traducción a los servicios de taquigrafía. Entonces, abogaban por hacer uso de estos idiomas en el Senado, ya que es la Cámara de representación territorial. Allí sí está permitido el uso de estas lenguas para los debates de mociones en el pleno y recientemente se tramitó, con apoyo del PSOE, una propuesta de Junts para universalizar su uso en todos los debates y trámites.
En 2011 también se opusieron
Esta no fue la única vez que la formación de Pedro Sánchez votó en contra de esta medida. En 2011, con Mariano Rajoy en el Gobierno, CiU, PNV, ERC, BNG, IU-ICV y Nafarroa Bai registraron una proposición no de ley para que se pudiese intervenir en catalán, vasco y gallego en las sesiones plenarias, la diputación permanente y las comisiones. Entonces, Alfonso Guerra se opuso tildando esta iniciativa de «innecesaria» e incluso trató de vetarla en el Senado.