El Gobierno se niega a aclarar cuánto ha gastado en censos de memoria democrática
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obliga al gabinete de Félix Bolaños a aclarar sus gastos entre 2018 y 2022
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ofrece declaraciones en el Congreso de los Diputados. | EP
El Gobierno de España se niega a aclarar cuánto se ha gastado en censos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo durante el periodo 2018-2022. Esto es, desde que Pedro Sánchez habita en La Moncloa. El Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños arguye para su negativa que «la información que el interesado solicita no existe como tal en un documento» y que, por tanto, «tendríamos que elaborar un documento ad hoc y estaríamos en presencia de una reelaboración que supone la inadmisión a trámite de la solicitud» del abogado Guillermo Rocafort, a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
Esta excusa ha sido desestimada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha instado al gabinete de Bolaños a dar respuesta inmediata debido al «indudable interés público» de la información solicitada por Rocafort. Y es que «la alegada existencia de una gran cantidad de fuentes de financiación diversas no constituye per se una circunstancia determinante para apreciar la concurrencia de la causa de inadmisión» prevista en el artículo 18.1 c) LTAIBG.
Uno de los precedentes para que el CTBG haya dado la razón al solicitante es que Moncloa ya admitió en su día haber destinado 2,9 millones de euros entre 2006 y 2011 en «archivos y censos». «El Ministerio de Memoria Democrática me contesta que inadmiten mi petición de información porque según ellos les supondría una reelaboración. No entiendo muy bien, porque si hasta el 2011 se tiene ese dato dicho antes, ¿por qué ahora no se tiene? Ya no se calculan esos datos», denuncia Rocafort.
Por todo lo expuesto, el abogado experto en transparencia considera que «es evidente que el Ministerio de la Presidencia desea ocultar ese gasto», y recuerda que «todos los censos que hay hasta ahora no son válidos», y por lo tanto la revelación de su costo «les podría suponer una grave responsabilidad».
Irregularidades en los censos
Cabe recordar que, tal y como contó este periódico, el censo oficial del Gobierno sobre víctimas de la Guerra Civil y represaliados del franquismo, que se basa en datos del Centro Documental de Memoria Histórica, oculta 2.037 asesinatos del Frente Popular -los fusilados en los llamados cementerios clandestinos de Cataluña-, a la par que contabiliza hasta 12 veces a algunos criminales republicanos, computados como víctimas del bando nacional.
Es, por ejemplo, el caso de José Bartrina Costa, que aparece mencionado hasta en una docena de ocasiones: casi una por cada localidad y provincia donde cometió un delito. Pero hay muchos más casos similares, como el de Miguel Grau Sola (11), Juan Bartrina Sala (8), Jose Constanseu Casanovas (6), Pedro Dalmau Ribas (5), José Moret Martí (5) o Martín Carbonell Purcallas (2).
Por otro lado, no aparecen los muertos en los cementerios clandestinos del Frente Popular, donde fueron inhumadas más de dos millares de víctimas de las Patrullas de Control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. Este crimen de lesa humanidad está recogido en el informe elaborado por el juez Josep Maria Bertran de Quintana, nombrado por las autoridades republicanas en 1937 para investigar aquellas fosas, y que ha sido admitido como verídico por el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta de varios diputados de Vox en 2021.
Tampoco figura José Antonio Primo de Rivera. Y eso que hasta la que fuera vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, reconoció en 2018 al fundador de la Falange, fusilado en 1936, como una víctima de la Guerra Civil para defender su permanencia en el Valle de los Caídos.
Sí aparecen, sin embargo, como víctimas personajes frentepopulistas como Andreu Nin o Buenaventura Durruti. Se da así la paradoja de que muchos que podrían considerarse criminales del bando republicano aparecen contabilizados como represaliados del franquismo (algunos en varios ocasiones), mientras que miembros del bando nacional no figuran ni una sola vez como víctimas de la Guerra Civil.
Por todo lo expuesto, el abogado Guillermo Rocafort considera que «el dinero se ha gastado en archivos fraudulentos en los que no se ha respetado la verdadera Historia». Cuando obtenga finalmente la información «se va a evidenciar una vez más que la memoria democrática es puro electoralismo y agitación el odio».
