El PSOE de las Junts y su democracia plebiscitaria
Sánchez quiere blindar su permanencia en el poder mediante un acuerdo de Presupuestos con los independentistas
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno | EuropaPress
Si alguien resulta agraciado con el gordo de Navidad lo más lógico es que corra raudo a cobrar su premio sin pensar en destinar el dinero al sorteo del Niño. Tentar la suerte cuando te ha tocado la Lotería sería demasiado imprudente y por eso Pedro Sánchez se ha despojado de su impulsiva condición de tahúr en el ‘Mississipi’ de la política española para revelarse como un vulgar jugador de ventaja dispuesto a aprovechar las cartas de potra que le han entrado de primeras dadas. El rechazo a la investidura de Feijóo es el certificado que acredita el pacto del llamado bloque progresista -a cualquier cosa llaman chocolate las patronas- desde el mismo instante en que se conocieron los resultados en la noche del 23 de julio. Un acuerdo de principio para un acuerdo final, que será de máximos o mínimos en función de la capacidad de resistencia que ejerza el líder socialista, ahí te quiero ver, ante las exigencias del fugado Puigdemont y demás asimilados o equivalentes.
La crónica de una amnistía anunciada se ha convertido en el trending topic de la rabiosa actualidad española. Lo demás ha dejado de interesar a una sociedad narcotizada y en la que dos tercios de la masa laboral o en edad de trabajar viven del Estado, ya sea a través de sueldos públicos, pensiones, subvenciones, subsidios y demás ayudas oficiales. Por eso Sánchez necesita que sus socios de investidura, aunque luego se reserven el derecho de voto a lo largo de legislatura, actúen en esta primera fase como cómplices necesarios de un proyecto de Presupuestos en el que estará convenientemente garantizado un reparto equitativo del botín. Además de las concesiones a los ‘indepes’, incluyendo el cuestionamiento de la monarquía parlamentaria y el impulso a la creciente sociedad laica, lo que ahora se ventila entre las bambalinas de Moncloa es el respaldo incondicional de las cuentas públicas para el año 2024.
«La alambicada política de pactos con las fuerzas más desleales al Estado tiene un precio muy elevado que será imposible de sufragar»
La opción de prorrogar los Presupuestos de 2023 complicaría la agenda social de Pedro Sánchez ante el duro y obligado ajuste que habrá que acometer en los próximos ejercicios. El recreo fiscal está a punto de terminar en Europa y cualquier escenario futuro resultará claramente más restrictivo por mucho que la vicepresidenta Nadia Calviño se esmere en definir unas reglas adecuadas a las necesidades de la economía española. La alambicada política de pactos con las fuerzas más desleales al Estado tiene un precio muy elevado que será imposible de sufragar si el Gobierno no encuentra una fórmula para echar más sal al huevo. De ahí que la ministra Montero, la de Hacienda, se haya apresurado en anunciar el deseo de su jefe por estrenar nuevos Presupuestos el año que viene aunque haya que aprobarlos con retraso dados los imponderables del agitado calendario político.
El ajuste más duro será en 2025
Si la amnistía es la línea roja con que los secesionistas catalanes tratan de rehabilitarse en el poder, la disposición de nuevas cuentas públicas es el candado con el que Sánchez quiere echar el cierre a su investidura, encarrilando de este modo un mandato mínimo de dos años al frente del Gobierno de la nación. En los cálculos de los edecanes monclovitas existe la convicción de que 2024 puede ser un ejercicio de transición que permitirá al jefe del Ejecutivo ir retrasando la mayor parte del ajuste fiscal hasta 2025. Será entonces cuando el líder socialista se sacará de la manga, si la ocasión lo requiere, el comodín de la prórroga presupuestaria en otro ejercicio de funambulismo a los que nos tiene acostumbrados. No es extraño que en este alambicado escenario la ministra Calviño quiera pasar página anticipando cuanto antes su regreso a Europa en busca de derroteros profesionales que le permitan salvarse de la quema.
La vicepresidenta económica apura los minutos de la basura de su ministerio en funciones tratando de apartar el cáliz de cualquier controversia política que ponga en riesgo su vocación de tecnócrata liberal combinada con su devoción como socialdemócrata de toda la vida. El gran debate económico que subyace en estos momentos detrás de la convulsa agenda parlamentaria; investidura va, investidura viene, no es otro que la eliminación de las ayudas públicas que permitieron a Sánchez calzarse las mallas de Robin Hood a raíz de la pandemia y la guerra de Ucrania. Yolanda Díaz ha saltado como una pantera nada más abrirse el melón extraoficial de una discusión a la que Nadia Calviño; ni sí ni no, sino todo lo contrario, ha hecho gala una vez más de sus naturales dosis de tibieza.
«La retirada del escudo social es la factura que el líder socialista pagará a Bruselas para conseguir el respaldo político de las instituciones comunitarias»
No conviene olvidar que la ministra en expectativa de destino ha arrastrado siempre los pies en un intento de no gastar las muletas del Estado en los momentos más duros de la crisis, por lo que sería ingenuo hacerse ilusiones sobre la posibilidad de que vaya a abanderar ningún movimiento populista a favor de mantener el célebre escudo social. Para Sánchez la retirada de las medidas contra la inflación supone un mal menor, si se apura una factura más de las muchas que está dispuesto a abonar a toda esa caterva de deudos oportunistas que abrevan a su alrededor la mar de interesados en que siga al frente del país. En esta ocasión el cargo viene impuesto por Bruselas a modo de un pago a cuenta destinado a blindar la agenda presupuestaria de mayor gasto público que asegure un escenario de paz social durante la primera parte de su renovado mandato presidencial.
Un proyecto progresista de clara con limón
Sánchez se convierte en el gran hacedor de quita y pon, amparado bajo el eufemismo de ese proyecto progresista que, como diría el pensador francés Michel Houellebeckq no debe entenderse por su sentido intrínseco, sino más bien por su mero carácter rompedor, nunca mejor dicho. La novedad inmediata de lo que significa este progreso de clara con limón se podrá sentir en el bolsillo de los ciudadanos, privados a partir del año próximo de esos 10.000 millones que estos meses atrás han servido para ir tirando en medio de las angustias generadas por la subida disparatada de la luz, el gas y los alimentos. Este es el ajuste que se propone acometer en 2024 el líder socialista con objeto de obtener el reconocimiento del alto mando europeo y evitar que el Reino de España vuelva a ser expedientado con un procedimiento por déficit excesivo.
El Gobierno en ciernes necesita más que nunca el abrigo de las instituciones comunitarias para perpetrar la supuesta normalización política e instaurar con el tiempo, una vez despejado el horizonte legislativo, esa especie de democracia plebiscitaria donde todos son cansinamente llamados a las urnas pero sólo uno es siempre el elegido. Sánchez el Breve, que ha estado a punto de convertirse en el primer presidente de un único mandato desde la llegada al poder de Felipe González, trata ahora de pavonearse como Sánchez el Largo, sirviéndose del caudal que aportan los Presupuestos del Estado y de las ventajas inherentes que otorga la singular lectura con que los modernos franquiciados socialistas interpretan el marco constitucional. Habrá que ver si la mayoría de los españoles son capaces de asimilar la pena de una condena perpetua a cargo del nuevo PSOE de las Junts.
