Vox se prepara para hacer bandera de la lucha contra la inmigración ilegal en el Congreso
Los de Abascal fichan un nuevo asesor en esta materia y presentan una batería de medidas para la seguridad nacional
El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
Vox se prepara para hacer bandera de la lucha contra la inmigración ilegal en el Congreso de los Diputados, por si finalmente hay investidura de Pedro Sánchez. El grupo parlamentario que lidera Santiago Abascal ha fichado como asesor a Samuel Vázquez, policía experto en criminalidad asociada al fenómeno migratorio, y ha presentado un torrente de iniciativas en este sentido. Así pretenden capitalizar un problema que promete ser acuciante en los próximos años, y del cual el Partido Popular (PP) aún no ha mostrado visos de querer abordar.
En esta lucha cultural estarán guiados por el presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, contratado como asistente técnico de los diputados de Vox con carácter «eventual». Este experto en criminología, con años de experiencia patrullando las calles madrileñas, sostiene la tesis de que el actual modelo policial está «destinado a proteger estructuras de poder y no a los ciudadanos», a «mantener los presupuestos». Para ello «se asesina la perspectiva profesional para imponer la política, que protege discursos de gobierno pero no personas». Esto sería especialmente evidente en las políticas de igualdad, a las cuales se destinan millones de euros sin atender a causas como el origen étnico del agresor.
En el día en el que trascendía su fichaje, los de Abascal presentaban hasta tres iniciativas distintas y novedosas, encaminadas a que las Fuerzas Armadas se involucren en el control de la inmigración ilegal y que se forme una misión militar para vigilar y frenar las rutas que vienen desde la costa atlántica de África.
La primera propone modificar la Ley Orgánica de Defensa Nacional para incluir la lucha contra la inmigración ilegal como una de las misiones de las Fuerzas Armadas, ya que existe una «íntima conexión entre soberanía, seguridad nacional e inmigración ilegal». A juicio de Vox, «el fin último de estas nuevas amenazas, en concreto la inmigración ilegal masiva, no es otro que el de perjudicar al Estado receptor», y subraya que «los asaltos a las fronteras por parte de inmigrantes ilegales también son utilizados por los terroristas, que se infiltran aprovechando la entrada de estos a los países europeos para luego cometer atentados».
En su pretensión de que la inmigración ilegal deje de ser una amenaza para España y el resto de Europa, la formación que lidera Santiago Abascal exige al Gobierno que solicite al Consejo de la Unión Europea (UE) la declaración como zona marítima de interés (MAI) la zona que va desde la costa de Mauritania hasta la ciudad española de Melilla, la costa atlántica de África y origen de las rutas de inmigración que llegan a las Islas Canarias.
Misiones contra la piratería
Esa declaración permitiría crear una misión europea de presencia coordinada en la zona, similar a las que se desarrollaron contra la piratería en el Índico y que estaría liderada por España. El objetivo sería la protección de los intereses, las fronteras y la seguridad de los países europeos mediante la lucha contra la inmigración ilegal y la instrumentalización de ésta por parte del crimen organizado.
Finalmente, Vox también solicita dotar a las Fuerzas Armadas de los medios económicos y materiales que sean necesarios para asumir sus nuevas misiones, tales como la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la inmigración ilegal. Por ello, han presentado otra proposición no de ley para aumentar el presupuesto de defensa para el año 2024, como mínimo, un 2% del PIB, en línea con los acuerdos alcanzados por España con la OTAN.
Los crímenes de extranjeros
Los números acompañan a la formación que preside Santiago Abascal en su denuncia de que la inmigración descontrolada repercute directamente en el auge de la violencia contra las mujeres. De las 51 mujeres asesinadas en 2023 por su pareja o expareja, 24 de los presuntos asesinos eran extranjeros, según datos del Ministerio de Igualdad. Es decir, el 47,1% cuando representan tan solo el 12,63% de la población española (seis de 48 millones de habitantes, según el INE).
Este dato es relevante porque ningún año ha cerrado con una proporción tan elevada de agresores extranjeros. En 2022, las víctimas por violencia de género ascendieron a 49. Un total de 30 murieron a manos de agresores nacidos en España y 19 agresores nacidos fuera de nuestras fronteras, suponiendo el 38,78%. En 2021 ese porcentaje se reducía al 23,6%, lo que significa que se ha duplicado en dos años.
Además, 26 de estos 51 asesinatos se han producido en Andalucía (17) y Cataluña (9). Estas dos regiones copan más de la mitad de los feminicidios. Desde la Fundación Disenso, que opera como el think tank de Vox, ya apuntaron a cómo de los 872.759 marroquíes afincados en nuestro país, la mitad están empadronados en Cataluña (238.192) y Andalucía (157.113). Estas son algunas pistas de por dónde oscilará la batalla cultural de los de Santiago Abascal.
