Exministros de PSOE, PP y UCD firman junto a exdiputados un manifiesto contra la amnistía
Lo suscriben exministros de González como Corcuera o Cosculluela o el expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla
Vista del Hemiciclo del Congreso de los Diputados. | Europa Press
Casi 20 exministros y más de 150 exparlamentarios han firmado un manifiesto contra la amnistía y los pactos de investidura del PSOE con los independentistas para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Tras asegurar que la democracia constitucional «se encuentra ante serios desafíos y peligros», exhortan a una «firme y serena defensa» de la Constitución, del Estado de derecho, de la división de poderes o de la independencia judicial, que ven «en riesgo».
Entre los firmantes figuran 18 ministros de distintos gobiernos de la democracia, entre ellos los socialistas José Luis Corcuera o Javier Sáenz de Cosculluela, y parlamentarios pertenecientes a Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Centro Democrático y Social (CDS), Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos (CS).
También suscriben el texto dos expresidentes del Congreso, Federico Trillo y Jesús Posada, ambos del PP, y dos expresidentes del Senado, el socialista Javier Rojo y la ‘popular’ Esperanza Aguirre, que también fue ministra y luego presidenta de la Comunidad de Madrid.
Numerosos exministros del PP se han sumado al texto como Miguel Arias Cañete, Juan Carlos Aparicio, Rafael Arias Salgado, Rafael Catalá, Isabel García-Tejerina, José María Michavila, Isabel Tocino, José Ignacio Wert o Elvira Rodríguez. Por parte de la UCD lo firman exministros como Marcelino Oreja, Soledad Becerril o Rodolfo Martín Villa.
«En esta grave hora que vive nuestra nación…»
Los firmantes arrancan el manifiesto asegurando: «En esta grave hora que vive nuestra nación, el juramento o promesa de lealtad a la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral, manifestar nuestra honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de nuestra convivencia».
En primer lugar, aluden a «la flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley», al pretender «la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma». También denuncian «la quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, mediante el espurio concepto de lawfare, con la pretensión de que el Parlamento investigue la actuación de los jueces y los tenga bajo sospecha».
Además, se quejan del «grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales» al establecer que los acuerdos «responderán a las demandas mayoritarias» de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, lo que supone, a su juicio, «una mutación constitucional de hondo calado».
Los firmantes advierten también del establecimiento de «privilegios de índole económica y financiera», de la «seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social» y de «la aceptación de un ‘relato’ sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos quince años que, «además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores».
La democracia está ante «serios desafíos y peligros»
Según subrayan, la democracia constitucional «se encuentra ante serios desafíos y peligros» y solo con «plena lealtad al imperio
de la ley y preservando el acuerdo y el entendimiento que, a partir del ‘espíritu de la Transición‘, han marcado el camino de los últimos 45 años», podrán superar «esta situación incierta».
«Exhortamos a una firme y serena defensa de la Constitución, del Estado de derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la división de poderes, de la independencia judicial, de la solidaridad entre los españoles y las Comunidades Autónomas y de la dignidad de las Cortes Generales, que hoy se encuentran en riesgo», concluye el texto.
