Más de 420.000 profesionales se unen a la protesta de los abogados contra la amnistía
La Unión Interprofesional de Madrid se adhiere a la declaración institucional del Colegio de Abogados
Manifestación en protesta por la Ley de Amnistía de Sánchez.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), que preside el decano Eugenio Ribón, se ha adherido a la declaración institucional realizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el pasado 9 de septiembre, en defensa del Estado de Derecho, según se ha acordado por unanimidad en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva, celebrada este lunes. Esto supone que 42 Colegios Profesionales con más de 420.000 profesionales, que representan el 24,9% del PIB de la Comunidad de Madrid, se posicionan en contra de la Ley de Amnistía. Esta asociación está integrada por colegios de ciencias, economía, jurídico, sanitario, social, arquitectura e ingeniería.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, en un comunicado de prensa, ha destacado que la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional. Además, precisa que «la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional».
Igualmente, indica que «el uso del término ‘lawfare’ (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático», y que, en consecuencia, es «inaceptable» la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional.
La UICM sostiene, asimismo, que la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que «debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad». «La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil», concluye.
