Joan Subirats abandona el Ministerio de Universidades pidiendo más financiación
El barcelonés deja el cargo después de dos años tras haber relevado a Manuel Castells en el puesto
El ministro de Universidades, Joan Subirats | Archivo
Joan Subirats deja su cargo de ministro de Universidades tras la formación del nuevo Gobierno, después de que Pedro Sánchez haya sido investido presidente del Gobierno este jueves en el Congreso de los Diputados.
El barcelonés pasó a ocupar el cargo en diciembre de 2021 relevando a Manuel Castells, que ocupó el puesto durante dos años y tuvo que abandonarlo por motivos de salud. El motivo por el que Subierats entró en el Gobierno fue propuesta de Unidas Podemos, siendo el único representante de los comuns en el Ejecutivo central, por lo que Subirats mantuvo la cuota de ‘los comunes’.
El exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona, durante la legislatura de Ada Colau, ha agradecido, en una publicación en la red social X, la confianza del presidente del Gobierno. «Queda mucho por hacer y sobre todo por implementar. He comprobado en mis visitas que la comunidad universitaria esta dispuesta a ello. Es necesario que el Estado y las comunidades autónomas aumenten significativamente los recursos a ello dedicados para alcanzar 1% del PIB que marca la LOSU», ha advertido.
«Han sido años intensos, de importantes cambios normativos y nuevas iniciativas. Como universitario que soy, he tratado de contribuir a la mejora de nuestras universidades», ha asegurado.
Con estas palabras se ha despedido este viernes Subirats de su cargo en el Gobierno, aunque de momento no se conoce quién será su sucesor, que lo comunicará próximamente el presidente del Gobierno, o si Universidades continuará siendo un Ministerio independiente.
Entre los cambios normativos y nuevas iniciativas desarrolladas durante su mandato, Subirats ha destacado la internacionalización del sistema universitario, el refuerzo de las Alianzas Europeas, la formación a lo largo de la vida a través de las microcredenciales o «la recuperación de la significación de la docencia». También ha subrayado la importancia de la transferencia en la labor investigadora, los doctorados industriales, que se han reforzado los derechos de los estudiantes, aumentado las becas y reducido las tasas universitarias.
Subirats también ha dado importancia a haber incentivado la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, consolidado la perspectiva de género y de combate al acoso sexual o reducir la «gran precariedad» en la contratación de docentes. No obstante, ha puntualizado que es necesario también que las universidades «refuercen sus vínculos locales y su capacidad de servicio a la sociedad, generando así nuevos aliados que valoren y defiendan su labor y vean en la inversión en formación e investigación como una palanca de avance colectivo».
Por último, Subirats ha dado las gracias al equipo del Ministerio de Universidades y al conjunto del Gobierno «por su colaboración y apoyo» y ha mencionado concretamente a Yolanda Díaz, Diana Morant, Pilar Alegría, Nadia Calviño y José Luis Escrivá, con quien ha «tejido una significativa red de trabajo conjunto». «Gracias», ha concluido.
Ley de convivencia universitaria y ley de universidades
Dos meses después de prometer su cargo, Subirats fue testigo de la aprobación definitiva en el Senado del proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que salió adelante con los votos en contra del PP, Vox, Cs y UPN.
Esta norma, que derogó el decreto franquista de 1954 de Disciplina Académica, que permanecía aún vigente para los estudiantes, define un nuevo sistema de faltas y sanciones para la comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS) de las universidades públicas, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.
Así, con esta nueva ley se consideraron faltas muy graves las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre.
Al frente del Ministerio, Subirats tuvo el reto de sacar adelante la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que en sus primeros pasos fue apodada como ‘Ley Castells’ al ser éste su principal impulsor.
La Ley de Universidades fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el 9 de marzo de 2023. Esta norma plantea medidas para la reducción de la precariedad en la Universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030.
Implementar la LOSU
Precisamente, aumentar la financiación del sistema universitario para alcanzar el compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030 será uno de los principales retos que tendrá el sustituto de Subirats, que ya ha avisado en su mensaje de despedida de la necesidad de aumentar la financiación por parte del Estado y de las comunidades autónomas.
En este contexto, la Asamblea General de Crue Universidades Españoles reunida a principios de noviembre advirtió de que, sin una financiación pública adecuada, «no se puede desplegar» la Ley de Universidades «ni resolver los problemas de precariedad del personal de la universidad pública».
Por ello, el nuevo responsable de Universidades deberá detallar el compromiso concreto de las diferentes administraciones con la financiación universitaria.
El despliegue de la LOSU requiere la aprobación de normas legales de rango inferior, entre las que destaca el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), que, según estable la Ley de Universidades, debería haber sido aprobado ya, debido a que el Senado aprobó que el Gobierno tenía que presentar este Estatuto en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma.
Otra de las tareas a las que tendrá que hacer frente el sustituto de Subirats será la problemática de la gestión y el pago de las cuotas de la seguridad social del estudiantado que realiza prácticas en empresas o instituciones, ya que, según denuncian los rectores, tanto empresas como instituciones «se han negado» a hacer frente al pago de las cuotas, que están siendo costeadas por las universidades.
Por último, el nuevo ministro de Universidades tendrá que colaborar con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para aprobar la reforma de la EBAU y la Ley de Enseñanzas Artísticas, dos normas paralizadas tras la convocatoria anticipada de elecciones.
