La presidenta de un tribunal militar llama «mierda de gente» a los jueces del Supremo
La coronel auditor Inmaculada Benavente arremete en un audio contra sus superiores por revocar una sentencia
La coronel auditor Inmaculada Benavente, presidente del Tribunal Militar número dos de Sevilla. | Foto: AME
La coronel auditor Inmaculada Benavente Cózar, presidenta de uno de los cinco Tribunales Militares Territoriales de España, concretamente el número 2 con sede en Sevilla, ha llamado «mierda de gente» a los magistrados de la Sala Militar del Tribunal Supremo por revocar una sentencia de marzo de 2023 y dictar una nueva, en la que se aumentó a seis años la pena de cárcel que ella impuso a un sargento por un delito de homicidio imprudente.
«Me parece increíble que aquí la decisión dependa de la Sala Quinta (del Supremo). Verdaderamente, la existencia de la Sala Quinta es un error histórico, que debería pasar ya a ser enterrado y que de nuestros asuntos se ocupara el resto de salas… la de lo Contencioso y la Penal del Tribunal Supremo», se queja Benavente en un audio que circula entre juristas militares. La conversación ha sido adelantada por el digital Fuentes informadas y a ella ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Esta coronel auditor ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en 1991 y en mayo de 2021 se convirtió en la primera mujer presidenta de uno de los cinco Tribunales Militares Territoriales. Su jurisdicción abarca toda Andalucía, Ceuta y Melilla. En el audio filtrado, Benavente carga con dureza contra los magistrados de la Sala Quinta del Supremo. «Tantas prebendas y tantas leches para que luego, lo único que hacen, es ponernos piedras a los pies de los caballos. Mierda de gente, joder. Lo siento pero es que no lo puedo entender», confiesa a sus compañeros.
La Sala de lo Militar la componen en la actualidad su presidente, Jacobo Barja de Quiroga López, junto con Clara Martínez de Careaga, esposa del actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y otros tres magistrados: José Alberto Fernández Rodera, Fernando Marín Castán y Ricardo Cuesta del Castillo.
Precisamente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles convocar comisiones de servicio entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar para paliar la crisis de vacantes en los órganos judiciales militares, donde falta por cubrir más de la mitad de los puestos. Según ha informado el gobierno de los jueces, el objetivo es que a través de estas comisiones de servicios se pueda nombrar el número de vocales togados suplentes necesario para garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Militar Central, los Tribunales Militares Territoriales y los Juzgados Togados Centrales.
La Comisión Permanente ha dado este paso en base a dos informes de este mismo enero donde el Tribunal Militar Central alertó sobre la carga de trabajo en los órganos de la jurisdicción militar y sobre las plazas judiciales militares con necesidad de cobertura urgente.
En la actualidad hay 22 vacantes, de las 42 plazas judiciales militares, por lo que esta situación podría abocar no solo a la ralentización de la justicia militar sino a su paralización. En concreto, en el Tribunal Militar Central están vacantes el 100% de las plazas (cinco); en los Tribunales Militares Territoriales, el 65% -de las 26 en total, hay nueve cubiertas y 17 vacantes-.
De los 16 Juzgados Togados Militares, están cubiertas 11 y cinco están vacantes (31,2%) pero durante el primer semestre de este año se producirán dos ascensos que provocarán el cese de los jueces afectados. En cuanto a los dos Juzgados Togados Centrales, quedarán los dos vacantes el próximo 17 de febrero, fecha en la que pasará a la reserva el coronel auditor titular del Juzgado Togado Central número 2, que actualmente actúa por sustitución en el número 1.
El CGPJ tumba la petición del fiscal de sala
En paralelo, el CGPJ rechazó de plano el intento del fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Juan Antonio Pozo Vilches, de postularse como candidato a una de las plazas vacantes en dicha sala antes de que pase a retiro el próximo 20 de febrero por su condición de militar, según desveló THE OBJECTIVE.
Pozo Vilches es general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar desde 2018. En mayo de 2020 tomó posesión del cargo de fiscal jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en un acto en el que estuvo acompañado por la entonces fiscal general, Dolores Delgado, y que tuvo la particularidad que ser el primero que se celebraba de forma virtual entre el Supremo y la Fiscalía General por culpa de la pandemia del coronavirus.
En octubre de 2022 le tocó a él apadrinar el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo en un escenario también inédito, pues tanto el presidente del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, como el entonces presidente del CGPJ, Rafael Mozo, se encontraban en situación de interinos. Posteriormente, informó «muy positivamente» sobre la exministra de Justicia cuando esta última pidió la plaza de fiscal jefe de Derechos Humanos y Memoria Democrática, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, de ahí que se le considere cercano a ella. Otros compañeros opinan, sin embargo, que es un fiscal militar «neutro y sin camarilla».
Pozo Vilches envió recientemente una solicitud al CGPJ en la que pedía que se publicasen las convocatorias de las dos vacantes para el turno jurídico-militar que existen en la actualidad en la Sala de lo Militar del Supremo. Y si no era posible esa vía, que al menos se le reconociese el derecho a participar en las futuras convocatorias «cualquiera que sea la situación administrativa que tenga en ese momento». Con ello quería blindar sus opciones a ocupar uno de los puestos sin dueño en la Sala Quinta del Alto Tribunal.
Sin embargo, el CGPJ tumbó ambas vías el pasado 11 de enero con el argumento de que se encuentra en funciones y «tiene limitadas sus atribuciones en los términos del artículo 570 bis de la ley orgánica 6/1986 del Poder Judicial», fruto de la propia norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aprobada en marzo de 2021, que cercenó esta potestad mientras dure la interinidad en la que se encuentra.
