Nuevo choque entre Gobierno y CGPJ: Defensa duda de la renovación de la jurisdicción militar
Robles pide un informe a su asesoría jurídica sobre la legalidad de la decisión del órgano de los jueces
Margarita Robles, ministra de Defensa. | Foto: Gustavo Valiente (Europa Press)
El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelven a chocar. El Ministerio de Defensa ha pedido un informe a su asesoría jurídica sobre la legalidad del acuerdo anunciado este miércoles por el órgano de los jueces de que convocará comisiones de servicio entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar, con el fin de cubrir con suplentes profesionales las vacantes en la jurisdicción militar, según desvelan a THE OBJECTIVE fuentes próximas a Margarita Robles.
La decisión del CGPJ de recurrir a esta vía pilló completamente por sorpresa a Defensa, subrayan las citadas fuentes. El departamento de Robles no fue consultado con carácter previo, pese a que le afecta de lleno, y desconocía que el CGPJ fuese a tomar este atajo para cubrir vacantes en los tribunales militares, empezando por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Nada más conocerse la noticia, fuentes jurídicas plantearon a este diario la posible ilegalidad de la medida. Mariano Casado, ex secretario general de la Asociación Unificada de Militares (AUME) y actual presidente del Observatorio de la Vida Militar -un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales-, lanzó una pregunta que se hacen muchos miembros del Cuerpo Jurídico Militar sobre las consecuencias de lo planteado por el CGPJ.
«Las comisiones de servicio, si las paga Defensa, convierten a los jurídicos elegidos en jueces sin ser designados conforme a derecho. Se cargan al juez predeterminado por la ley», advierte una fuente sobre la incongruencia de que un oficial ejerza de magistrado en casos que afecten al propio ministerio o a las Fuerzas Armadas cuando luego tendrá que volver a Defensa o a alguno de los tres Ejércitos al finalizar ese destino transitorio.
«Es un disparate e ilegal. Conviertes otra vez la jurisdicción militar en un apéndice sin independencia. ¿Qué jurídico militar, que puede ser cesado de la comisión en cualquier momento, va a tomar decisión contraria a mandos o al Ministerio de Defensa», se pregunta otra fuente castrense.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó el miércoles convocar comisiones de servicio entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar para paliar la crisis de vacantes en los órganos judiciales militares, donde falta por cubrir más de la mitad de los puestos. El objetivo es que a través de estas comisiones de servicios se pueda nombrar el número de vocales togados suplentes necesario para garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Militar Central, los Tribunales Militares Territoriales y los Juzgados Togados Centrales.
El órgano de los jueces dio este paso en base a dos informes de este mismo enero donde el Tribunal Militar Central alertó sobre la carga de trabajo en los órganos de la jurisdicción militar y sobre las plazas judiciales militares con necesidad de cobertura urgente. En la actualidad hay 22 vacantes, de las 42 plazas judiciales militares, por lo que esta situación podría abocar no solo a la ralentización de la justicia militar sino a su «paralización», advirtió el CGPJ en un comunicado.
En concreto, en el Tribunal Militar Central están vacantes el 100% de las plazas (cinco); en los Tribunales Militares Territoriales, el 65% -de las 26 en total, hay nueve cubiertas y 17 vacantes-. De los 16 Juzgados Togados Militares, están cubiertas 11 y cinco están vacantes (31,2%) pero durante el primer semestre de este año se producirán dos ascensos que provocarán el cese de los jueces afectados. En cuanto a los dos Juzgados Togados Centrales, quedarán los dos vacantes el próximo 17 de febrero, fecha en la que pasará a la reserva el coronel auditor titular del Juzgado Togado Central número 2, que actualmente actúa por sustitución en el número 1.
En paralelo, el CGPJ rechazó de plano el intento del fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Juan Antonio Pozo Vilches, de postularse como candidato a una de las plazas vacantes en dicha sala antes de que pase a retiro el próximo 20 de febrero por su condición de militar, según desveló THE OBJECTIVE.
Pozo Vilches es general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar desde 2018. En mayo de 2020 tomó posesión del cargo de fiscal jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en un acto en el que estuvo acompañado por la entonces fiscal general, Dolores Delgado, y que tuvo la particularidad que ser el primero que se celebraba de forma virtual entre el Supremo y la Fiscalía General por culpa de la pandemia del coronavirus.
En octubre de 2022 le tocó a él apadrinar el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo en un escenario también inédito, pues tanto el presidente del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, como el entonces presidente del CGPJ, Rafael Mozo, se encontraban en situación de interinos. Posteriormente, informó «muy positivamente» sobre la exministra de Justicia cuando esta última pidió la plaza de fiscal jefe de Derechos Humanos y Memoria Democrática, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, de ahí que se le considere cercano a ella. Otros compañeros opinan, sin embargo, que es un fiscal militar «neutro y sin camarilla».
Pozo Vilches envió recientemente una solicitud al CGPJ en la que pedía que se publicasen las convocatorias de las dos vacantes para el turno jurídico-militar que existen en la actualidad en la Sala de lo Militar del Supremo. Y si no era posible esa vía, que al menos se le reconociese el derecho a participar en las futuras convocatorias «cualquiera que sea la situación administrativa que tenga en ese momento». Con ello quería blindar sus opciones a ocupar uno de los puestos sin dueño en la Sala Quinta del Alto Tribunal.
Sin embargo, el CGPJ tumbó ambas vías el pasado 11 de enero con el argumento de que se encuentra en funciones y «tiene limitadas sus atribuciones en los términos del artículo 570 bis de la ley orgánica 6/1986 del Poder Judicial», fruto de la propia norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aprobada en marzo de 2021, que cercenó esta potestad mientras dure la interinidad en la que se encuentra.
