El Consejo de Ministros vuelve a aprobar el anteproyecto de Ley de Trata
El Ejecutivo también flexibilizará los requisitos para que las víctimas puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital
(I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz | Gustavo Valiente (Europa Press)
El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros extraordinario por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente la pasada legislatura en su misma redacción, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.
En esta ocasión, lo ha hecho a propuesta del Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, mientras que en la pasada legislatura lo impulsó la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, en lugar de la entonces minsitra de Igualdad, Irene Montero.
Se trata de una aprobación en primera lectura por lo que el texto tiene que pasar aún por los órganos consultivos y, además, en la rueda de prensa posterior al Consejo, Redondo ha manifestado su intención de contar con la opinión de todas las organizaciones que trabajan en este ámbito.
«Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es actuar frente a todas las formas de trata, como nos exige tanto el convenio de Varsovia como el convenio de Estambul y nuestros compromisos internacionales», ha asegurado. Asimismo, Redondo ha recordado que, con esta ley, amplían el concepto de trata a otras tratas que tienen que ver con la trata laboral, la trata sexual, la trata con objetivo matrimonial, matrimonios concertados, la trata para comercio de órganos, etcétera.
Por otro lado, Redondo ha explicado que el Consejo ha aprobado el desarrollo de la Ley del sólo sí es sí. Fuentes de su departamento han señalado a Europa Press que este viernes el Consejo de Ministros ha instado al Ministerio de Igualdad a desarrollar el artículo 41 de esta Ley para extender las ayudas económicas a víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual.
Igualmente, la titular de Igualdad ha anunciado que se ha aprobado la renovación del protocolo de actuación frente al acoso y al abuso en el seno de la Administración General del Estado, un acuerdo alcanzado y anunciado la pasada semana. «Me parece que esta medida da coherencia al Gobierno porque llevamos solicitando a distintos sectores, a distintos colectivos que precisamente sean proactivos, que establezcan protocolos para la defensa de las personas frente al acoso y al abuso sexual», ha apuntado.
Requisitos para que las víctimas accedan al Ingreso Mínimo Vital
El Gobierno flexibilizará los requisitos para que las víctimas de violencia de trata accedan al Ingreso Mínimo Vital (IMV), como ha dado a conocer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado por el Ejecutivo por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, con medidas monográficas en igualdad.
En este sentido, se van a exceptuar como ingresos para el cómputo de la prestación las indemnizaciones acordadas por sentencia judicial a las víctimas de trata o explotación. Saiz también ha detallado que, desde su Ministerio, se va a «promover desde la Seguridad Social una mayor protección en las situaciones de incapacidad temporal que se produzcan como consecuencia de casos de violencia machista», casos que pasarán a tener «un tratamiento de contingencias profesionales a efectos económicos», una medida que se incluirá en la Ley de Trata.
«En lugar de considerarse contingencias comunes, como pudiera ser una gripe o un simple resfriado, estas situaciones se van a asimilar a bajas laborales por accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social», ha puntualizado la ministra, que ha destacado que «esto supone una mejora en la prestación porque van a pasar a percibir desde el primer día de la baja el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración». Además, ha precisado que esta medida «no requerirá periodo de carencia».
La ministra también ha subrayado que se van a «perseguir las prácticas explotadoras de las mujeres migrantes» y ha incidido en la «absoluta necesidad» de que las políticas de género y de igualdad «sean transversales» ya que las mujeres son «más del 50% de la población de este país».
