El Senado plantea el primer conflicto de competencias con el Congreso por la amnistía
El primero paso será requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley
El presidente del Senado, Pedro Rollán.
El enfrentamiento entre el Senado y el Congreso por la tramitación de la Ley de Amnistía ha derivado en una colisión entre ambas cámaras, como así adelantó THE OBJECTIVE. Los populares han intensificado su ofensiva y este martes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su formación elevará a la Mesa de la Cámara Alta, en la que tienen mayoría absoluta, un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía, como publicó este periódico..
Así lo ha adelantado Alicia García en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía.
En cualquier caso, fuentes populares precisan que el primero paso para plantear este conflicto de competencias con la Cámara Baja será llevarlo al Pleno del Senado para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía.
Desde entonces, estas mismas fuentes explican que el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.
La portavoz de los populares ha justificado este planteamiento de conflicto de competencias en uno de los textuales del informe de los letrados del Senado en el que considera que esta ley de amnistía supone una «reforma encubierta de la Constitución» y que no se ha tramitado de esa manera en el Congreso de los Diputados.
Los populares hacen uso así de una posibilidad que señalaron los letrados del Senado: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno que pida formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de Amnistía, y ante el Tribunal Constitucional, para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.
Los letrados del Senado, como ya publicó THE OBJECTIVE, consideraban que «junto con la admisión o inadmisión se puede plantear un trámite de conflicto de competencia entre Congreso y Senado, sería muy novedoso porque no lo ha habido. Si el Congreso manda un proyecto de ley orgánica, porque lo dice el Congreso, es un enganche para plantear que me está condicionando porque estoy tramitando una ley orgánica que no tiene por qué serlo, porque no hay previsión de ley de amnistía».
Ya hasta que no vea una brigada de damas de la Cruz Roja llevando plasma para aquí, plasma para allí no me creo nada de ‘la colisión’.
Estos, a la que apaguen la luz están morreándose, ¿qué nos quieren contar ahora?
No pasa nada.
¿No sabíamos todos, de antemano, lo que iba a determinar la Oficina de Conflictos de Intereses por la participación del Presidente en el rescate de una empresa que mantenia estrechas relaciones comerciales con su mujer?
Pues eso, ya sabemos lo que va a decir el Tribunal Constitucional sobre el conflicto que planteará, en su caso, el Senado. Y además eso se resuelve en día y medio, como la otra Oficina.
En cuanto a la respuesta del TC, no tengo la menor duda de que lo resolverá en día y medio, como usted dice.
Pero si el PP, principalmente, pero también los demás colectivos opuestos a esta aberración, sabemos aprovechar el tiempo: dos meses de tramitación por el Senado, otro más tras para tramitarla ese bodrio de vuelta en el Congreso, y aún más si se tramita como reforma constitucional con referéndum incluido, en su caso, tras provocar la intervención inmediata de las instituciones europeas, y mediando tres consultas electorales, pueden dar mucho juego.
Pasa no poco, porque todos sabemos que si el TC -no lo compare con esa oficina cuya resolución habrá sido recurrida en lo contencioso administrativo- da el visto bueno a la amnistía – y sobre todo a ésta en concreto- prevaricará ostensiblemente, quedando dañados de manera irremisible el honor y prestigio profesional de los magistrados ideologizados que voten a favor. Además, asumirían una grave responsabilidad penal que se les podría exigir en el futuro si se frustra la deriva antidemocrática de Sánchez, cosa que parece bastante probable, porque España es mucha España a pesar de todo.
A ver si por fin se atreven.
El PP debe hacer todo lo posible por retrasar la tramitación en el Senado de esta aberración jurídica, haciendo acopio y apoyándose en todos los informes alertando de su manifiesta inconstitucionalidad de que dispone, entre otras reacciones, para provocar la intervención de las instituciones europeas, y terminar devolviéndola al Congreso, después de enmendarla en su totalidad, pidiendo que se tramite como la reforma constitucional que en realidad encubre.
Y, sobre todo, porque la soberanía nacional reside -única, permanente y exclusivamente- en todo el pueblo español, según recoge la Constitución, y no en las Cortes, como por muchos -reiterada, errónea o torticeramente- se suele afirmar cuando se refieren a aquéllas como la «sede de la soberanía nacional».
Si estos delincuentes pretenden reformar la Constitución que sigan el procedimiento de reforma constitucionalmente establecido, y lo sometan después al refrendo de todos los españoles.
No es admisible seguir recurriendo a la excusa de que hay que intentar evitar el choque institucional: ¿hay mayor choque institucional que el cambio sustancial de Constitución que están llevando a cabo paulatinamente el Felón y sus secuaces?
Pero, ¿no sería mejor plantear ese conflicto justo antes de que finalice el plazo?