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Política

El PSOE responde al informe del Senado que la amnistía refuerza el Estado de Derecho

Afean al PP que sus acciones son «difícilmente compatibles con el respeto al principio de lealtad constitucional»

El PSOE responde al informe del Senado que la amnistía refuerza el Estado de Derecho

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

La ley de amnistía es un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho y respeta a las comunidades, asegura el PSOE en su voto particular al informe autonómico de la norma impulsado en el Senado por el PP, partido al que censura por «provocar choques entre instituciones».

La ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobó este jueves el informe sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía con el apoyo del PP y Vox y con el anuncio por parte del PSOE, ERC y Junts de sendos votos particulares al mismo.

El texto aprobado, propuesto por el PP, concluye que la ley «deja desprotegido al Estado Autonómico» y es plenamente inconstitucional, dos afirmaciones que rechaza de plano el PSOE en su respuesta. «Resultan insostenibles las afirmaciones de que la amnistía vulnera el principio de igualdad o la separación de poderes», señala el voto particular del PSOE, al que ha tenido acceso EFE.

Subraya además que, lejos de ser una figura inconstitucional, la amnistía se configura como una facultad de las Cortes Generales en el ejercicio del derecho de gracia. Por ello considera «difícilmente sostenibles» las dudas sobre su adecuación a la Carta Magna, al derecho de la UE o sobre su ataque al Estado de Derecho o la separación de poderes.

Los socialistas aprovechan además su escrito para afear al PP su papel en el Senado -donde tienen mayoría- con acciones «difícilmente compatibles con el respeto al principio de lealtad constitucional», que provocan -dicen- el descrédito institucional de la cámara.

En cuanto a la necesidad del informe, para el PSOE la proposición de ley de amnistía no está dentro de los supuesto de emisión de un documento de esta naturaleza ya que su aprobación por parte de las Cortes Generales es «ajena y respetuosa» al ejercicio competencial de las comunidades autónomas.

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