Antifraude de Cataluña no ha sancionado nunca por corrupción, pese a tener las competencias
La autoridad independiente asumió en 2023 la potestad de multar para proteger a los informantes de irregularidades
Oficina Antifraude de Cataluña. | OAC
La Oficina Antifraude de Cataluña no ha interpuesto hasta la fecha sanción económica a ningún ente público ni persona física en los casos relativos a la protección de las personas informantes de corrupción, ámbito en el que tiene «plenas competencias» desde marzo de 2023. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en la Memoria de 2023, que publicará en breve la Oficina, se observa un aumento tanto de las denuncias que reciben, en especial a través del buzón anónimo, que ya son más del 60% del total, así como de las investigaciones que realizan de forma independiente.
La Oficina Antifraude se convirtió en marzo de 2023 en la primera autoridad independiente de ámbito estatal que asumió competencias para la protección de las personas alertadoras. El Parlament lo aprobó antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley tuvo como objetivo transponer la Directiva Europea de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión de 2019.
Tras la aprobación de la normativa, en una nota de prensa, la Oficina reivindicó que como «Autoridad Independiente» asumían varias «funciones adicionales», como la de «ejercer la potestad sancionadora». La Oficina dirigida por Miguel Ángel Gimeno solo puede ejercer su potestad sancionadora como autoridad competente «para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», pero no ha asumido esta facultad hasta la fecha. La dirección de esta autoridad independiente se elige en la Comissió d’Afers Institucionals, del Parlamento de Cataluña, y que en la actualidad está presidida por el PSC, principal partido de la oposición.
Multas de hasta un millón
De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 2/2023, si son personas físicas las responsables de las infracciones, serán multadas con una cuantía de 1.001 hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves; de 10.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves. En caso de personas jurídicas, serán multadas con una cuantía hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves, y entre 600.001 y 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.
En el resto de sus investigaciones donde hay indicios de delito, deben trasladar los hechos a la Fiscalía y, en el caso de infracciones administrativas, a la autoridad competente para que imponga las sanciones correspondientes. Es decir, en estos casos no tienen potestad sancionadora en relación con los hechos objeto de las investigaciones, pero pueden realizar recomendaciones de mejora para evitar los riesgos de conductas impropias.
Aumentan sus actuaciones
Las fuentes consultadas por este periódico confirman que, año tras año, la autoridad independiente ha ido aumentado su número de actuaciones y de irregularidades detectadas. También de denuncias recibidas. En la Memoria de 2022, el 61% de denuncias ya procedían del buzón anónimo, y se adoptaron 63 medidas por parte de las entidades afectadas y autoridades competentes a raíz de sus actuaciones de investigación. En total, se recibieron 554 denuncias. Y los datos de 2023 solo hacen que aumentar estas cifras, hasta el punto de que este lunes han convocado tres nuevos puestos de trabajo para la Unidad de protección de las personas informantes.
Según informa un portavoz de la Oficina, tienen un periodo de diez días hábiles para admitir o reenviar al organismo competente todas las denuncias que reciben. «Cuando hay indicios de irregularidades o corrupción, se inicia el periodo de verosimilitud, que dura unos tres meses, y se puede archivar, emitir recomendaciones o culminar en una investigación, que en principio dura unos seis meses», explica. Posteriormente, entre dos y tres años después, el Departamento de Prevención de la Oficina hace un seguimiento de las conclusiones para si se ha resuelto correctamente y las entidades bajo su lupa han asumido sus recomendaciones.
Los casos que concluyen con un informe razonado significa que ha habido una infracción, pero no consideran que detrás haya un hecho delictivo. Este fue, por ejemplo, su dictamen respecto a la compra por parte de la Generalitat de mascarillas por 35 millones de euros a una empresa sin trabajadores ni conocida en el sector.
Ayuntamiento de Mataró
El Ayuntamiento de Mataró, gobernado por el PSC, también estuvo bajo la lupa de la Oficina en agosto de 2022 por un caso de diez nombramientos realizados presuntamente de forma irregular. La persona alertadora superó en octubre de ese año la fase de verosimilitud que realiza la Oficina. Según alertó la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción (Aedico), fue una de las primeras «personas protegidas» por la Oficina Antifraude de Cataluña que sufrió represalias por parte del consistorio. Esta persona informante, que era interina en el Ayuntamiento, fue cesada en junio en medio de un proceso de estabilización de interinos.
El caso, apuntan las fuentes consultadas, todavía no se ha resuelto. Pero la persona informante, en conversación con este periódico, denuncia que no ha sido protegida –ya que no ha recuperado su puesto de trabajo en el consistorio– y que tampoco se ha ejecutado ninguna sanción contra la administración local ni contra las personas que la cesaron.
«La Oficina me dijo que iba a sancionarlos en junio, los otros hicieron sus alegaciones, pero yo dije que la nueva ley establece que todas las medidas de protección se remontan al inicio de mi denuncia. En diciembre, la Oficina concluyó que el ayuntamiento me había hecho hasta ocho paquetes de represalias y que debían hacerles expediente sancionador», lamenta. Otras fuentes del consistorio consultadas matizan que, parte de este proceso, se llevó en el contencioso administrativo. A su juicio, si la Oficina interpone sanciones se arriesga a que las autoridades competentes se la retiren.
