El PP duda sobre la fecha en la que el Senado rechazará la amnistía debido a las catalanas

Este lunes es la fecha clave para conocer previsiblemente cuando la Proposición de Ley de Amnistía del PSOE será rechazada por la mayoría del PP en el Pleno del Senado y devuelta al Congreso para su aprobación final, gracias a la alianza del PSOE con sus socios de investidura. Los populares, con el horizonte de las elecciones catalanas el próximo día 12, todavía no ha decidido cuando la incorporarán al orden del día del pleno, que antes del día 16, fecha límite para su aprobación en el Senado, solo tiene dos sesiones, el 8 o el 14.

Tras finalizar la fase de comparecencias de expertos en la ponencia constituida para la tramitación de esta iniciativa, los miembros de esta ponencia se reúnen este lunes a las cuatro y media de la tarde para la votación del dictamen final, que incluye el veto presentado por el PP. En este caso, se podría llevar al Pleno del día 8. Sin embargo, si se proponen más reuniones de la ponencia, el rechazo a la amnistía se votará el 14, después de las elecciones en Cataluña, según aseguran a THE OBJECTIVE fuentes parlamentarias.

El Partido Popular estaría barajando la posibilidad de, o bien llevar el debate de la aprobación de la ley a las elecciones catalanas, o posponerlo a la campaña para los comicios europeos, que se celebrarán el 9 de junio. El Congreso de los Diputados podría aprobar la ley definitivamente en la última quincena de mayo y el PP aprovecharía para introducir esta cuestión, que ha sido muy denunciada en el Parlamento Europeo, en esta campaña.

Una baza para la cabeza de lista de la candidatura del Partido Popular, Dolors Montserrat, que se ha significado en los últimos meses por levantar la voz en Europa contra la aprobación de esta ley, denunciando el intento de Carles Puigdemont de salir indemne de los procesos judiciales que le pueden afectar si regresa a España. En este sentido, en el PP están confiados de que Montserrat se convertirá en «el escudo en Europa para parar los misiles de los secesionistas«.

La amnistía ha contado con el rechazo de varios de los expertos convocados por el PP que han comparecido en el Senado que, a diferencia del Congreso donde el PSOE ha impuesto la mayoría de la investidura, han podido ofrecer sus argumentos jurídicos para rechazarla. Así, el catedrático de Derecho Administrativo emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Tomás Ramón Fernández Rodríguez, aseguró que «eso de conseguir una pacificación de este tema catalán y de abrir una nueva etapa, eso es argumentación buenista que se deduce en el texto de la proposición de ley. Si efectivamente eso se hubiera dicho antes del 23 de julio, tendría alguna credibilidad el argumento. Pero, como se dijo después, a la vista de los números proporcionados por la las elecciones del 23 de julio, no tiene esa credibilidad. Más bien, lo que se desprende de esos, sin necesidad de ser persona malintencionada, es que, echando las cuentas, faltan unos votos y de alguna manera se ha querido conseguir esto».

El doctor en Derecho y presidente de la Fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, señaló que «la amnistía tiene problemas de origen y fundamento», destacando que «no hay una voluntad clara de reconciliación porque los beneficiados en ningún momento han reconocido el marco legal ni han manifestado voluntad de aceptarlo. Una de las mayores debilidades de la ley de amnistía es la desafección de los ciudadanos por la política y el riesgo de que piensen que unos políticos lleguen a unos acuerdos con otros y unos exhimen de responsabilidades a otros».

Por su parte, la presidenta del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, Cristina Dexeus, destacó «la inconstitucionalidad y los peligros de la ley de amnistía porque, a su juicio, es «fruto de una acuerdo político para una investidura, reconocido por sus firmantes, y ello supone una injerencia, además de una quiebra de la separación de poderes».

Finalmente, la doctora en Derecho por la CEU y profesora titular de Derecho de la UE, Belén Becerril, señaló que «el informe final de la Comisión de Venecia tiene observaciones que llevan a concluir que La ley de Amnistía no cumple con los estándares del derecho de la Unión Europea. También avisa sobre dos cuestiones: en relación a la directiva sobre la lucha contra el fraude y en relación a la directiva de la lucha contra el terrorismo».