La duda del Senado sobre si llevar su conflicto con el Congreso al TC da vía libre a la amnistía
El presidente Pedro Rollán, del PP, todavía no ha llevado a la Mesa de la Cámara la interposición de un recurso
El presidente del Senado, Pedro Rollán | Agencias
La Proposición de Ley de Amnistía del PSOE afronta esta semana el momento clave de su tramitación en el Senado. A tan solo diez días de que finalice el plazo de dos meses para que la Cámara Alta la devuelva al Congreso de los Diputados, el Senado no ha tomado una decisión sobre si llevará al Tribunal Constitucional el conflicto competencial con la Cámara Baja por las irregularidades en su tramitación en esta primera instancia, según las fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE. Estas dudas dan vía libre a su tramitación final, ya que el Constitucional no podrá paralizarla, en el supuesto caso de que lo reclamaran los populares.
El tiempo apremia y la Mesa del Senado, con mayoría del Partido Popular, todavía no se ha pronunciado sobre una decisión que se ha venido aplazando y que puede estar condicionada a que este órgano rechaza la forma con la que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dio carpetazo al requerimiento que le enviaron. Armengol esgrimió un informe de los letrados que rechazaban por «improcedente» que la Mesa del Congreso pudiera paralizar la tramitación de una iniciativa ya aprobada por la Cámara.
El Senado considera que no es la Mesa del Congreso el órgano que tiene que decidir sobre este inédito conflicto competencial sino el Pleno, por lo que no se da por enterado. Mientras eso sucede, el reloj sigue corriendo y cada vez queda menos tiempo para que la Cámara Alta decida recurrir el Constitucional y considerar medidas cautelares que, llegado el caso, pudieran derivar en la paralización de la norma.
Una de las razones que pueden explicar la posición del Senado y el partido mayoritario en la Cámara es que quizás la manera más efectiva de intentar parar esta ley ante el Tribunal Constitucional sería presentar un recurso una vez que haya sido aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, que levantará el veto del Senado.
El Pleno del Senado aprobó el 10 de abril una iniciativa impulsada por el Grupo Popular en la que se planteaba por primera vez en la democracia un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía, ya que piden a la Cámara Baja que la retire al entender que «es una reforma Constitucional encubierta». Los populares se acogieron al informe de los letrados del Senado en el que cargaban contra la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y denunciaron que es una «reforma encubierta de la Constitución».
En su escrito, el Grupo Popular propuso al Pleno de la Cámara que «apruebe requerir formalmente al Congreso de los Diputados a que proceda a la retirada de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, por entender que su tramitación provoca un conflicto de atribuciones con el Senado al tratarse de una reforma constitucional encubierta».
El 16 de abril, la Mesa del Congreso rechazó el requerimiento del Senado para retirar la Ley de Amnistía, siguiendo el criterio de los letrados de que no hay cauce legal para ello y que plantear un conflicto de atribuciones sobre ello resultaría «improcedente», y pidió lealtad constitucional» a la Cámara Alta recordando que no puede usurpar funciones del Tribunal Constitucional.
El Senado respondió a la decisión de Armengol apelando al artículo 31.1 de su Reglamento que «en ninguno de sus apartados figura la posibilidad de responder al requerimiento del Senado, aprobado por su Pleno en la sesión del 10 de abril». En opinión de los asesores jurídicos de la Cámara Alta, «la respuesta al conflicto planteado por el Pleno del Senado la ha de dar el Pleno del Congreso, sin posibilidad de residenciar esta función en ningún otro órgano».
Esta situación ha puesto de manifiesto la división entre los letrados de ambas cámaras. Mientras que en el Congreso de los Diputados, el letrado mayor, Fernando Galindo, ex alto cargo del Gobierno socialista y afín a las tesis del PSOE, da la razón a Armengol; en el Senado, donde se refugiaron varios letrados que no compartían la actuación de Galindo a favor del PSOE, cuestionan la tramitación de la Ley de Amnistía, por procedimiento de urgencia, sin comparecencia de expertos y sin informes del CGPJ o la Fiscalía.
