ERC y Junts pugnan por movilizar a los 700.000 votantes 'indepes' que se abstuvieron en 2021

El riesgo de que el independentismo pierda su mayoría en el Parlament, como reflejan varios sondeos, ha encendido las alarmas en Junts y ERC. Después de una década de procés, y de hegemonía nacionalista en las instituciones, ambas formaciones se miran de reojo y con desconfianza ante la posibilidad de alcanzar pactos con el PSC que relegue a una de ellas a la oposición. Ante este escenario desfavorable para sus intereses, pugnan por movilizar parte de los 713.296 votantes que en los comicios autonómicos de 2021 se quedaron en casa. Se trata de una bolsa de electores que el independentismo perdió tras el fracaso del plan rupturista y que ahora aspiran recuperar. La consigna es atizar el temor de que la presidencia pueda quedar en manos de los socialistas.

La estrategia de ERC y Junts es «activar el frente independentista» para que los más desafectos se sientan interpelados a ir a las urnas para que «Madrid no decida por ellos», explican fuentes del partido. Calculan que hay un «20% de indecisos» que si se deciden a votar a un partido independentista pueden dar un vuelco a la correlación de fuerzas que ahora proyectan los sondeos. Para ello explotarán la jugada de Pedro Sánchez con sus cinco días de reflexión e intentarán poner contra las cuerdas a Salvador Illa. Aunque, tras años de disputas, es difícil ahora vender unidad independentista, quieren despertar al votante nacionalista más sentimental que no quiere que un partido no nacionalista gobierne la Generalitat.

Españolismo de Illa

Junts y ERC están mirando con lupa cualquier desliz de Illa o de sus candidatos. A su juicio, el talón de Aquiles del líder socialista es un españolismo más marcado que el resto de la dirección del PSC. Para arrojar esta sospecha, han criticado que Illa castellanice los topónimos catalanes: que se haya referido a «Lérida en lugar de Lleida» o que el propio Pedro Sánchez haya hablado de «Bajo Llobregat» en el mitin de este pasado jueves en Sant Boi de Llobregat.

Los otros puntos débiles para atacar a Illa son su gestión de la pandemia, con «el mando único» que arrebató a la Generalitat sus competencias en sanidad, la trama de las mascarillas -el llamado ‘caso Koldo’- y su papel de secundario en la crisis de cinco días de Pedro Sánchez. El candidato de ERC, Pere Aragonès, ya atacó a Illa por esta cuestión tras conocerse que Sánchez iba a continuar sin más al frente del Ejecutivo: «¿El estilo del PSC es tomarse cinco días de vacaciones cuando hay que combatir a la extrema derecha?», afirmó de forma retórica.

En la misma línea, este viernes Carles Puigdemont ha tachado a Illa de «gobernador civil» y ha calificado el plan del PSC de ser «un 155 de baja intensidad», en alusión a la intervención de la autonomía mediante este artículo de la Constitución. La consigna es que se consolide la imagen de que Illa no tiene ningún protagonismo y que solo responderá a los intereses de Sánchez.

Pugna por la presidencia

Todas las proyecciones demoscópicas reflejan un parlamento fragmentado. Si no hay mayoría independentista, el PSC puede inclinarse por un tripartito con ERC y Comuns o estrenar la llamada sociovergencia: un acuerdo con Puigdemont. Una posibilidad que, como avanzó este periódico, desean sectores de Junts. Sin embargo, nadie la va a admitir hasta después de los comicios. Y ahora se han centrado también en desacreditar al presidente de UGT, Matías Carnero, que cierra la candidatura del PSC por meterse con Puigdemont por haber abandonado Cataluña en 2017 «en un maletero». Incluso Aragonès ha defendido a Puigdemont contra las palabras del sindicalista.

En ERC y Junts saben que un escaño arriba o abajo puede decidir quien ostenta el poder y quien se queda en la oposición. Y buscan optimizar sus resultados. A este respecto, ERC también avisa a sus potenciales votantes que Junts y PSC se han entendido en la mayoría de votaciones en el Parlament durante la pasada legislatura. La finalidad es despertar parte del voto que se quedó en casa en 2021 para que sean responsables y participen en la votación con el fin de que las instituciones catalanas «se gobiernen desde Cataluña».