Santos Cerdán se reunió con Puigdemont el pasado sábado para encarrilar la legislatura

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió el pasado sábado con el líder de Junts, Carles Puigdemont, por primera vez desde las elecciones catalanas del 12-M, según desvelan fuentes socialistas a THE OBJECTIVE. Un encuentro que se produjo con la intención de encarrilar la legislatura en el Congreso de los Diputados y a solo unos días de que se apruebe definitivamente la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, el próximo 30 de mayo. La última cita fue hace dos meses, precisamente, tras aprobarse la proposición de ley en la comisión de Justicia del Congreso, donde estaba bloqueada y que consiguió desencallar la intervención directa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de la quinta reunión que se celebra entre ambos desde que echara a andar la legislatura en noviembre de 2023, aunque en esta ocasión las dos partes han evitado desvelar el lugar exacto del encuentro. Hasta la fecha, todas las reuniones se habían celebrado en Ginebra (Suiza), algunas de ellas con la presencia de Zapatero, aparte del mediador salvadoreño, Francisco Galindo, y bajo la verificación de la Fundación Henri Dunant. A principios de abril, Puigdemont abandonó Waterloo, en Bélgica, y se mudó hace más de un mes al sur de Francia, concretamente a la localidad de Vallespir.

Ni Moncloa ni Ferraz confirman que esta última reunión se haya celebrado en ese pueblo de la frontera de Francia, donde Puigdemont ha desarrollado toda su actividad durante la campaña electoral de las autonómicas catalanas, pero sí confirman el encuentro. Otra novedad es que, a diferencia de lo ocurrido en las anteriores, esta vez no se ha publicado aún el comunicado de rigor informando de la entrevista entre los negociadores de Junts y el PSOE. El pasado 16 de marzo, PSOE y Junts pactaron un comunicado idéntico en el que se puso en valor la ley de amnistía como «una de las condiciones pactadas para poder abordar la resolución del conflicto político» en Cataluña y confiaron en que su aprobación definitiva «permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración».

«Discreción en las negociaciones…»

Los socialistas suscriben la máxima acuñada desde el inicio de la legislatura: «Discreción en las negociaciones, transparencia en los acuerdos». Pero, en esta ocasión, ni hay acuerdos ni se les espera en el corto plazo. Las elecciones a la Generalitat de Cataluña han supuesto una distorsión que deja en una posición subordinada la gobernabilidad nacional. A menos de 20 días de que se constituya la Mesa del Parlament de Cataluña, que requiere de un acuerdo del PSC con alguna fuerza política, Junts o ERC, los socios de investidura están expectantes en dos direcciones distintas: de un lado, hacia dónde inclina el líder del PSC, Salvador Illa, la balanza de sus acuerdos parlamentarios que tendrán que sustanciarse antes del 10 de junio; del otro, la aplicación de la ley de amnistía, a diez días de su aprobación en las Cortes, y los movimientos judiciales por parte del Tribunal Supremo que podrían paralizar temporalmente sus efectos.

A la espera de la «siguiente fase» en la negociación del Gobierno y Junts, para activar los dos nuevos equipos de trabajo pendientes sobre el déficit, el autogobierno catalán y el reconocimiento de su identidad nacional, es decir, financiación catalana y referéndum de autodeterminación, los socialistas juegan sus cartas en Cataluña sin descartar un acercamiento con Junts. Este martes, el ganador de los comicios del 12-M, Salvador Illa aseguró que, si bien está «más cómodo con las formaciones que comparten visiones progresistas», no descarta un pacto con Junts que abra camino nuevamente a la ‘sociovergencia’ en Cataluña. «Imposible no lo es pero no sé si es el mejor momento. Veo también posiciones por parte de JxCat que lo excluye. A lo mejor todos tenemos que ser más modestos y tenemos que buscar acuerdos amplios de país», manifestó en una entrevista en Rac-1 en la que descartó totalmente permitir un gobierno de Puigdemont.

En stand by hasta el 9-J

La participación de Santos Cerdán en esta reunión secreta con Puigdemont es el motivo por el que el secretario de Organización del PSOE no acudió al primer gran mitin de la precampaña de las europeas en Barcelona junto a al secretario general, Pedro Sánchez, la cabeza de lista de las europeas, Teresa Ribera, el propio Illa y un destacado número de ministros y dirigentes del PSOE, entre quienes llamó la atención su ausencia. Los socialistas han venido negando que la gobernabilidad nacional dependa de los pactos que tengan lugar en Cataluña y sostienen que, pase lo que pase, la legislatura «durará tres años y medio». No obstante, varias fuentes socialistas ven conveniente pisar el acelerador legislativo en el Parlamento para aprobar otras iniciativas «más allá de la ley de amnistía». Al margen de comparecencias, como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este mismo miércoles, la actividad parlamentaria está en stand by hasta después de las europeas del 9-J. Al día siguiente, se materializará el primer gran acuerdo en Cataluña y ya se verán los primeros movimientos de la ‘rebelión judicial’ contra la amnistía.

Una buena ocasión para poner en marcha las tres comisiones de investigación del lawfare pactadas por el Gobierno con los independentistas como pago a la investidura. El Congreso las activó hace casi dos meses, el pasado 28 de febrero, y el 12 de marzo los grupos tenían de plazo para fijar sus planes de trabajo. La solicitud de comparecencias no se ha producido todavía, y está pendiente que los grupos independentistas cumplan su amenaza de citar a declarar a jueces y fiscales como intentaron en el pacto con el PSOE para el listado de comparecientes del caso Koldo. Algunas fuentes socialistas deslizan que «la legislatura dependerá de la aplicación que los jueces hagan de la amnistía» y, si se consuman las amenazas de la judicatura, «esto se puede calentar». No se descarta incluso que, llegado el caso, la negativa del Gobierno a llamar a jueces y fiscales a declarar al Congreso, que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, impuso tras una carta enviada por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al Congreso, pueda ser una renuncia más a sumar a la larga lista de incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.