El PP calienta la campaña pidiendo en el Congreso los datos de ejecución de los fondos
Registra una iniciativa para exigir al Gobierno que la Intervención del Estado aporte transparencia sobre la gestión
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, junto a la dirección del grupo parlamentario. | Agencias
La campaña para las elecciones europeos tiene en el grado de ejecución, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de los más de 37.000 millones recibidos con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocidos como Next Generation, una de las bazas políticas más destacadas para cuestionar la gestión socialista. En pleno debate europeo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición no de Ley, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, para que la Comisión Mixta de Unión Europea debata sobre la necesidad de exigir al Gobierno que la Intervención General del Estado «proporcione datos sobre el grado de ejecución real de los fondos».
Los populares parten del convencimiento de que «se generaron grandes expectativas en la sociedad y, en especial, en el sector empresarial. Sin embargo, la esperanza para modernizar nuestro tejido productivo se ha transformado, primero, en un desconcierto entre las empresas y, finalmente, en decepción debido a múltiples dificultades y errores en el diseño, implementación y ejecución del plan de recuperación».
A su juicio, «desde el punto de vista presupuestario, el desempeño del Gobierno durante estos más de tres años ha sido decepcionante. En este periodo, se ha evidenciado que no solo no se ha mejorado la capacidad de absorción de los fondos europeos, sino que se ha generado una acumulación de fondos sin ejecutar año tras año, obligando al gobierno a postergar el impacto esperado de estos fondos en la economía real».
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), recuerda el PP, muestran que los pagos realizados en 2021 y 2022 representaron apenas un 45,5% y un 39,59% del total de créditos definitivos establecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para 2023, esta cifra cayó aún más a solo un 27,33% de unos créditos definitivos que incorporaban más de 7.000 millones sin ejecutar de 2022. En 2024, los datos de ejecución presupuestaria de la IGAE hasta el 31 de marzo muestran cómo se arrastran más de 9.000 millones de euros mediante incorporaciones de crédito sin ejecutar del ejercicio pasado, en su mayoría transferencias de capital.
El grupo parlamentario señala que «ministerios que deberían liderar el impulso inversor del gobierno demuestran con estas incorporaciones de créditos su deficiente ejecución. El Ministerio de Industria y Turismo con 2.796 millones de PERTES sin movilizar, el Ministerio de Transportes con 921 millones, Vivienda con 968 millones, Derechos Sociales con 1.105 millones y Transformación Digital con 1.428 millones fragmentados en múltiples partidas, son los ejemplos más significativos».
Los populares también centran sus críticas en la escasa colaboración con las comunidades autónomas: «La Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se estableció como órgano de cooperación con las Comunidades Autónomas, solo se ha reunido tres veces, la última ocasión en agosto de 2021. Es una falta de seriedad y respeto institucional en la implementación de una verdadera cogobernanza». Y, como segundo aspecto, en «la falta de transparencia. Tal y como señalamos anteriormente, desde 2021 el Gobierno no ha proporcionado información actualizada sobre la ejecución real de los fondos, lo que dificulta enormemente la capacidad de evaluar su impacto en el crecimiento económico y la generación de empleo».
A la vista de la situación descrita por el PP, quieren que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a «convocar la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como órgano cooperación y coordinación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para la correcta implementación del Plan»; así como a «garantizar, tras los retrasos que se han ido acumulando por parte del Gobierno, el cumplimiento íntegro de todos los hitos y objetivos comprometidos con la Comisión Europea para que España pueda recibir los fondos en el calendario establecido en el Plan de Recuperación, sin necesidad de acumular retrasos y/o penalizaciones por parte de la Comisión Europea».
Otra petición es la de «garantizar la participación real de las comunidades autónomas en la gestión y gobernanza del Fondo de Resiliencia Autonómica, clarificar el ámbito de actuación del Banco Europeo de Inversiones, así como los criterios que determinarán la selección y financiación de proyectos que se financiarán a través de los fondos asignados en la Adenda, teniendo en cuenta las aportaciones del sector privado y de las Pyme».
Igualmente, plantean «activar con la mayor brevedad las líneas ICO financiadas con fondos de la Adenda al Plan de Recuperación y establecer procedimientos simplificados para las operaciones inferiores a 15 millones de euros»; y «agilizar la ejecución de los remanentes sin adjudicar, permitiendo la creación de PER TES Territoriales y fomentando la aplicación de los fondos en incentivos fiscales que impulsen la competitividad, la inversión y la innovación, teniendo en cuenta las iniciativas del tejido productivo».
Finalmente, quieren que se proporcionen «los datos de la Intervención General de la Administración del Estado sobre el grado de ejecución real de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, imprescindibles para realizar una correcta evaluación de la gestión y ejecución del Gobierno»; y «aprobar un Plan de evaluación sobre el impacto económico y social que están teniendo las inversiones y reformas adoptadas al amparo de la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia».
A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
El cuarto desembolso, por un importe de 10.000 millones de euros. Para que Bruselas entregue este dinero tiene que comprobar que se han cumplido los hitos exigidos, como es el caso de la reforma del subsidio por desempleo, que fue tumbada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero. Sobre este pago, el PP señala que «debía haberse efectuado en marzo de 2023, es la crónica de un despropósito. Hitos y objetivos que debían haberse cumplido antes de finalizar 2022, se finalizan de forma extemporánea: la reforma de las pensiones que debía garantizar su sostenibilidad financiera en el largo plazo se cerró con tres meses de retraso, en el mes de marzo de 2023; mientras que la Ley de Vivienda se aprobó en mayo del año pasado, cinco meses después de lo comprometido».
Además, subrayan que «las inversiones previstas en el calendario original se vieron modificadas con la Adenda, tanto retrasando plazos, como reduciendo su ambición ante los problemas administrativos, dificultades de cumplimiento y las consecuencias del incremento de la inflación y el coste de materias primas. De nuevo, este pasado mes de marzo, el ministro de Economía certificaba que el Gobierno, además de solicitar la extensión del plazo hasta el 20 de mayo para que la Comisión evaluara el cuarto pago, solicitaba la modificación técnica de hitos para facilitar su cumplimiento».
