El director de Salud balear señala a Armengol: «Encontramos el contrato en un cajón»
Javier Ureña niega que el nuevo Gobierno de Marga Prohens lo haya dejado caducar
El director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña Morales, comparece en la Comisión de investigación sobre las mascarillas, en el Congreso de los Diputados | Marta Fernández Jara (Europa Press)
El director general del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), Javier Ureña, ha reiterado que el Gobierno presidido por Francina Armengol no le informó de la reclamación iniciada a la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, por la compra de mascarillas de menor calidad y ha negado que el nuevo Ejecutivo de Marga Prohens lo dejara caducar.
Durante su comparecencia en la Comisión de investigación del Congreso sobre presuntas irregularidades en los contratos sanitarios firmados durante la pandemia y en concreto sobre el caso Koldo, el actual director del Servicio de Salud balear ha dicho que recibieron una «herencia envenenada, un expediente lleno de problemas» y que se lo encontraron «escondido en un cajón».
De forma tajante ha dicho que ningún alto cargo del Gobierno balear del PP, ni él mismo, tuvo contacto con ningún miembro de Soluciones de Gestión y ha defendido la anulación del contrato con esta empresa que ya está ultimando el Ejecutivo de Prohens. Ureña ha explicado que conoció el expediente de compra a Soluciones de Gestión de 1,5 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones por las investigaciones que salieron a la luz en febrero y que «en ningún caso» se comentó «ningún aspecto» de este expediente en el traspaso de poderes de la presidencia, del Servicio de Salud o en las reuniones posteriores.
«Tengo un cuaderno extenso que se entregó y no se hizo mención», ha dicho tras recalcar que cuando posteriormente se decidió analizar el contrato de mascarillas vinculado a Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes, «en toda la documentación se habla de mascarillas FFP2 y de uso sanitario».
Ha explicado que el 21 de febrero conoce la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional y el Servicio de Salud empieza a auditar todo el expediente. Y que es en agosto cuando deciden desistir de la propuesta de reclamación iniciada por el gobierno socialista e intentar recuperar todo el importe de las mascarillas anulando el contrato. La restitución de los 3,7 millones de euros.
Ureña ha señalado que esta decisión se toma al ver «indicios de nulidad» al considerar que Soluciones de Gestión es una empresa que no tiene solvencia técnica, económica ni objeto social y comprobar que la propuesta de reclamación del anterior gobierno «era un sin sentido». Ha incidido en que sus predecesores declararon que eran mascarillas KN95 y luego lo contrario, pero que sí eran válidas.
«Veíamos con esas declaraciones que la única vía para defender los derechos de los ciudadanos de baleares era la nulidad del expediente», ha dicho. Ureña ha puntualizado que el desestimiento de la reclamación ya es firme y que el Ejecutivo de Prohens trabaja «ultimando el informe jurídico, para pedir la anulación», que «por supuesto» tiene posibilidades de prosperar.
«En ningún caso se ha dejado caducar el expediente», ha reiterado tras recordar que el dictamen del Consejo balear aprobó por unanimidad que el plazo de resolución del expediente de reclamación era de ocho meses, y no de tres, a contar desde el pasado 24 de agosto.
La diputada del PSOE Mercedes González, sin embargo, ha acusado a Ureña de dejar caer la reclamación y no atender a las alegaciones de la empresa después de que la Audiencia Nacional puntualizara que el 18 de enero vencía el plazo. El dirigente del Servicio de Salud balear ha reiterado que su participación en la instrucción de ese expediente fue «puramente institucional» y que «en ningún momento» dio o recibió ninguna indicación a los trabajadores.
Y ha señalado que asumió por lealtad institucional el memorando que le traspasó el anterior gobierno y que firmó, aunque ha reconocido que no pudo analizar uno a uno todos los expedientes. El director del servicio de Salud ha recordado que durante la pandemia el Ejecutivo de Armengol también reclamó otro contrato, de transporte, que resultó fallido con unos «plazos que fueron sensiblemente más cortos» que los tres años que se esperó con el contrato de Soluciones de Gestión.
«Desde mi conocimiento soy incapaz de explicar por qué se dilata tanto la activación de la reclamación», ha respondido a las preguntas del diputado de Vox Jorge Campos al tiempo que al diputado del PP Pedro Muñoz le ha señalado que tampoco conocía ninguna normativa que obligara a tener un stock de mascarillas del 400 % durante la pandemia, como declaró su predecesor en el cargo respecto al contrato vinculado a Koldo.
Ureña ha finalizado su comparecencia abogando por una ley de contratos específica para el sector sanitario público, con el fin de evitar presuntas irregularidades en las compras, ya que el ámbito sanitario -ha explicado- tiene unas características diferentes por las emergencias y urgencias que suceden y por los avances farmacológicos que se dan.
