El exdirector de Ingesa afirma que no conocía a Koldo y que Illa «jamás» le habló de proveedores

Alfonso Jiménez Palacios desconocía quién era Koldo García hasta su aparición en los medios. El director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) durante la pandemia ha explicado este lunes en la comisión de investigación del Senado que no conocía a uno de los supuestos cerebros de la trama que investiga la Audiencia Nacional. Ha subrayado que Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, «jamás» le dijo que lo recibiera, pero que tampoco le habló de otros proveedores. Los representantes del PP le han afeado que no pusiera en entredicho una adjudicación de material por 263 millones de euros a FSC Select, una empresa que «no cumplía los requisitos» y tenía su sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), localidad natal de Illa. 

El Tribunal de Cuentas alertó de que el departamento que dirigía Illa no investigó la solvencia de FCS, que recibió el encargo de traer 508 millones de mascarillas de China a través de cuatro contratos de Sanidad. Al menos el 10% resultaron ser defectuosas, un escenario que ha negado Jiménez Palacios: «El material llegó, y ese era el objetivo». El director del Ingesa entre junio de 2018 y marzo de 2021, ya jubilado, ha asegurado que los tapabocas se recibieron con retraso, pero ha excusado a la empresa porque China modificó hasta en tres ocasiones los controles de calidad y los aeropuertos estaban colapsados.

El senador del PP Juan José Sanz Vitorio ha sido especialmente incisivo con los contratos a favor de FCS. Le ha preguntado el motivo por el que se adjudicaron a «una empresa que no cumplía los requisitos» y por qué se hizo el 23 de marzo de 2020, en el paréntesis de cinco días en el que el Ingesa no contaba con las competencias para la compra de material sanitario, algo que se acordó en las jornadas posteriores. El asunto ha generado un pequeño rifirrafe en el que el representante popular le ha acusado de estar «tomándonos el pelo».

Koldo visita a Illa

«¿Se negó usted a algo?», ha insistido Sanz Vitorio. El compareciente lo ha descartado tajantemente asegurando que desconocía que FCS estaba ubicada en la localidad en la que Illa fue alcalde desde 1999 a 2005. Jiménez Palacios ha negado que el exministro le diera instrucciones para recibir a empresas y proveedores, y mucho menos que lo hiciera para favorecer los intereses de Koldo. El actual líder del PSC explicó durante su comparecencia que el asesor de José Luis Ábalos se presentó en el ministerio sin cita previa en septiembre de 2020 y que lo derivó a los técnicos.

Jiménez Palacios ha reconocido que «no tenía información» de lo que hacía Illa en su despacho, pero que él no participó en ninguna reunión con empresas a la que asistiera el exministro. Durante su comparecencia ha explicado que, antes de la pandemia, el Ingesa ya gestionaba servicios sanitarios. Se encargaba, entre otras cosas, de realizar acuerdos marco para aquellas comunidades autónomas que se quisieran adherir. Lo mismo que ocurrió en el Acuerdo Marco que se libró en verano de 2020 por valor de 2.500 millones de euros para centralizar las compras.

«No ofrecíamos material, sino la posibilidad de adherirse a estos acuerdos. No financiábamos las compras, tan solo hacíamos de intermediarios», ha insistido el exdirector del Ingesa, un médico de profesión que se ha dedicado durante más de cuatro décadas a la gestión sanitaria. En su opinión, el Acuerdo Marco se hizo para que las regiones pudieran comprar si necesidad de hacer adjudicaciones. Ha subrayado que nunca se prohibió comprar a ninguna región, pero que se les dijo que el órgano iba a hacerlo de forma «prioritaria» para que el material «llegara de manera proporcional a todos los servicios de salud».

Todas las empresas incluidas en el Acuerdo Marco, ha insistido Jiménez Palacios, cumplían los requisitos. Entre ellas se encontraba Soluciones de Gestión, la firma con la que la trama Koldo consiguió una docena de contratos con administraciones socialistas por valor de 53 millones. El antiguo alto cargo de Sanidad ha explicado que advirtió a Illa de que la función de su órgano era «insuficiente», por lo que el exministro enseguida montó un equipo multidisciplinar con 25 funcionarios de otros ministerios que se encargó de las compras internacionales.

Querella contra altos cargos

Ha subrayado que unas lecciones que saca de «los días más duros» de su vida es la necesidad de contar con «una reserva de material estratégico». Al principio de la crisis sanitaria, el Ingesa se encargaba de compra material, una fórmula que puso a Jiménez Palacios y a otros dos altos cargos del Gobierno en el ojo del huracán. La justicia archivó el pasado febrero, casi cuatro años después de que estallara la pandemia, una querella de Vox contra ellos por los contratos de emergencia de material sanitario realizados entre marzo y abril de 2020.

Los otros dos dirigentes que investigó el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid por presunta prevaricación y malversación fueron la ex directora de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, Paloma Rosado, y la ex directora de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, que ya compareció ante esta comisión.

Durante su intervención, Lacruz defendió la labor de Illa asegurando que al exministro de Sanidad no le interesaban las empresas con las que se contrataba, sino saber «cuánto material iba a llegar y cuándo». La dirigente también rechazó haberse visto con Koldo. El auto afirmaba que sus actuaciones fue ajustada a Derecho y acorde con la situación que se vivía en ese momento. Además, reconocía que los contratos se realizaron en un contexto de crisis declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en consonancia con la normativa que se aprobó en ese momento para habilitar las contrataciones de emergencia.

La querella ponía en entredicho hasta 15 contratos adjudicados a dedo por el Ingesa y el Ministerio de Sanidad para adquirir material sanitario en la pandemia. Uno de ellos, por valor de 313 millones de euros, fue asignado a una docena de empresas con dirección desconocida con la adjudicación de la situación de extrema urgencia. En ocasiones, la formalización de los contratos se publicó con meses de retraso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Una obra teatral»

Otra operación polémica fue la compra de 200 respiradores por casi 10 millones de euros a una empresa ubicada en Armilla (Granada). El precio de cada dispositivo superó los 49.600 euros, cuando su valor de mercado en ese momento no alcanzaba los 20.000, por lo que se habría pagado un sobreprecio cercano a los seis millones. El Ingesa también compró un millón de hisopos para realizar PCR a MJ Steps por 5,2 millones. El precio de cada unidad fue de 5,2 euros, cuando su precio rondaba los 1,2.

El representante del PSOE, José Latorre, ha acusado a los populares, con mayoría absoluta en el Senado, de convertir la comisión del caso Koldo en «una obra teatral». Ha afeado al PP que use a los comparecientes para sus intereses «con un guion que escriben en Génova» para «hacer daño al presidente Pedro Sánchez y a su familia». El senador jienense también ha acusado a Vox de «redactar querellas» en lugar de «arrimar el hombro» durante la pandemia.