El Gobierno retrasa la publicación de la amnistía en el BOE para frenar al Supremo antes del 9-J

La novedad de la Ley de Amnistía no está en el qué sino en el cuándo. Cuándo entrará en vigor. Pese al procedimiento habitual, que la norma aprobada se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente de su aprobación, el Gobierno pospondrá esta incorporación en el BOE hasta después de las europeas del 9-J. Un retraso que el Gobierno reviste de normalidad, pero cuyo efecto directo es que cierra el paso al Tribunal Supremo para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en plena recta final de campaña electoral europea del 9-J.

Fuentes gubernamentales sostienen que se trata de «una cuestión menor», que responde a la necesidad de esperar hasta que haya sido publicada la norma por el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Algo que, según fuentes parlamentarias, suele ocurrir en aproximadamente una semana. Según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, transcurrido ese tiempo, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes envía el texto a Presidencia del Gobierno, que es quien debe remitirlo al Palacio de la Zarzuela para ser sancionado por el rey Felipe VI en el plazo máximo de 15 días desde su aprobación en las Cortes.

Publicación ‘en diferido’

Una vez que Zarzuela sancione la Ley de Amnistía, la norma vuelve a Relaciones con las Cortes, dependiente de Presidencia del Gobierno, que ordena su publicación en el BOE. Un proceso que, en el caso de un decreto ley, se realiza con máxima diligencia, en apenas 24 horas. Según el Gobierno, porque los decretos deben cumplir la condición de urgentes y, por ello, deben convalidarse en el Congreso en el plazo máximo de un mes. En cambio, en el caso de proposiciones de ley (a iniciativa de los grupos parlamentarios), y los proyectos de ley (a iniciativa el Gobierno), suele demorarse unos días más. Según fuentes socialistas, «no hay ni una sola ley que se publique al día siguiente en el BOE», pero fuentes parlamentarias replican que una cosa son 24-48 horas y otra una semana o diez días.

Los trámites para la publicación de la norma y su entrada en vigor se dirigen desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, que dirige Félix Bolaños. El ministro del ramo compareció este jueves en el escritorio -una de las salas contiguas al Hemiciclo-, al término del debate de la amnistía y confirmó que la Ley de Amnistía se publicará en el BOE «en los próximos días», tras cumplir con los «trámites preceptivos». También fue preguntado por la inquietud del Ejecutivo ante la presentación de los citados recursos por parte del poder judicial. Sin entrar en los ataques de sus socios a la cúpula judicial, Bolaños reconoció «serán los jueces quienes tengan que aplicar la Ley de Amnistía» y la «decisión última» de la misma.

El inicio de una «guerra judicial»

En privado, el Gobierno asume que el Tribunal Supremo, y concretamente la sala segunda que preside el magistrado, Manuel Marchena, actuará contra las medidas de gracia en el menor tiempo posible y manifiestan inquietud al respecto de que pretendan mandar «una doctrina o influencia» al resto de los jueces, para que se produzca una ‘cascada’ de recursos en instancias europeas. No obstante, el Ejecutivo dice estar preparado para lo que consideran una «guerra judicial», en la que enmarcan también algunas investigaciones judiciales contra miembros del Gobierno, o familiares, como la que se instruye contra la mujer del presidente, Begoña Gómez. 

A la espera de que se inicie ese conflicto entre los dos poderes del Estado, el ejecutivo y el judicial, el Gobierno se mostró este jueves con euforia indisimulada en los pasillos del Congreso. «Dentro de unos años, los que han votado en contra de la amnistía la harán suya, como sucedió con el final de ETA. Y pasará como con Zapatero en la COPE, que tendremos que salir a decir: ‘Sí, fuimos nosotros’». Un miembro del Consejo de Ministros auguró que el PP «dirá que fueron ellos los que normalizaron la relación con Cataluña». Una proyección a largo plazo, después de otra, sobre la estabilidad de la legislatura: «Nos quedan tres años. O siete, si ganamos en 2027».  

Las maniobras del Ejecutivo se conocen después de que los fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron su acusación en el juicio del 1-O comunicaran este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la amnistía no es aplicable para los fugados y procesados por malversación, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que anunciaron que planean retornar a España entre junio y agosto de 2024, coincidiendo con las fechas previstas para las sesiones de investidura en Cataluña. Un movimiento relevante, porque una de las primeras acciones que se esperan tras la entrada en vigor de la amnistía, es la reactivación de las órdenes de detención a los fugados del procés por parte del juez Pablo Llarena. Los fiscales del 1-O avanzan que pedirán a Llarena que no levante la detención de los prófugos de la justicia y que, en su caso, pregunte a la justicia europea cómo debe proceder. La Ley de Amnistía no ha desplegado aún sus efectos y ya se ha iniciado la respuesta por parte del poder judicial, como contrapeso al poder ejecutivo y legislativo.