'Caso Begoña Gómez': la UCO registra la sede de Red.es por orden de la Fiscalía Europea
La Guardia Civil buscaba correos electrónicos relacionados con las contrataciones a Juan Carlos Barrabés
Begoña Gómez. | Ep
La Fiscalía Europea ha mandado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se persone en la sede de Red.es este miércoles en busca de correos electrónicos relacionados con los contratos a Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez -mujer del presidente del Gobierno-, según ha adelantado El Mundo.
Barrabés fue quien ayudó a Gómez a crear un máster en la Universidad Complutense. Begoña, a su vez, escribió varias cartas de recomendación para las empresas de Barrabés, que le reportaron contratos públicos con hasta ocho ministerios por un valor total de 18 millones de euros. Ahora, la mujer de Sánchez está imputada por tráfico de influencias y corrupción en sus negocios.
Esta investigación en la sede de Red.es es la segunda que se realiza en una semana, pues la Fiscalía Europea ya solicitó a finales de mayo la recopilación de todos los e-mails objeto de investigación en este caso. Según asegura el mismo diario, este miércoles los agentes recogieron los correos electrónicos después de la finalización del grabado un día antes. Por el momento, hay dos investigaciones abiertas sobre esos mismos contratos entre Red.es y Juan Carlos Barrabés. La primera está centrada en investigar si hay indicios de que Begoña cometiese tráfico de influencias. La segunda es la de la Fiscalía Europea e investiga las contrataciones públicas a las que accedió Barrabés.
La investigación del organismo europeo permanece bajo secreto de sumario, y trata de averiguar si, tras las adjudicaciones al empresario al que recomendaba Gómez en varias misivas, se habían realizado desvíos de fondos provenientes de la UE.
Declarará el 5 de julio
Begoña Gómez acudirá a declarar como investigada el próximo 5 de julio. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a la mujer de Pedro Sánchez por un posible delito de tráfico de influencia. Según ha avanzado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Gómez declarará a las 10 horas del citado día «en el marco de las diligencias previas 1146/2024 por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias».
En el auto, al que ha podido acceder THE OBJECTIVE, el magistrado asegura que con los datos con los que cuentan existen «elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada». Y lo hace así, pese a que «todavía no haya sido posible practicar determinadas diligencias de instrucción acordadas, tales como las declaraciones, previstas y señaladas».
Con todo ello, Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o Movimiento de Regeneración Política de España.
El instructor abrió diligencias de investigación el pasado abril al admitir a trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Gómez, a quien acusaba de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno. «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», denunciaba el sindicato, que apoyó su denuncia en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión de llevar a cabo las pesquisas, aunque reprochó al juez que decretase el secreto de las actuaciones. Los magistrados rechazaron el recurso de la Fiscalía –que pedía el archivo de las diligencias– al entender que sí existían «datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación» en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.
