El Gobierno insinúa que el juez prevarica: «Interfiere en campaña para beneficiar al PP»
Confiesan que no esperaban que el caso Begoña fuera a «llegar tan lejos»
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (i), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | J. P. Gandul (Efe)
Prevaricación es una palabra tabú en Moncloa. Sólo un elocuente miembro del Consejo de Ministros se atreve a verbalizarla. El resto del Gobierno utiliza todo tipo de sinónimos y subterfugios para expresar lo mismo evitando la palabra, pero no esquivan la cuestión mollar. Destacados miembros del gabinete de ministros acusan en privado al juez que instruye la investigación sobre Begoña Gómez de «interferir en la campaña para beneficiar a una determinada formación política» por citarla a declarar el próximo 5 de julio como investigada. Un partido, el PP, con el que tiene vínculos familiares, según airean fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE: «Su hija es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo. Es una cuestión bastante obvia».
El Gobierno habla de «extrañeza» en público y de «estupor» en privado. Confiesan que no esperaban que el caso Begoña fuera a «llegar tan lejos» porque «no se sostiene desde el punto de vista procesal». Para el Ejecutivo entraba «dentro de lo esperado» que citaran a la esposa del jefe del Ejecutivo. Incluso asegura una ministra del núcleo que el presidente «no se sorprenderá de ello». Sin embargo, lo que sí ha causado «estupor» ha sido el momento político, en la recta final de una campaña electoral en la que ubican al juez Peinado como una pieza más del tablero político. «Lo normal es que no hagas nada para que no se vea como una herramienta electoral. En campañas electorales las actuaciones se ponen en stand by», explica otro miembro de Gobierno.
El argumentario que desplegaron este martes los miembros del Gobierno se fundamenta en que la decisión de citar a Begoña Gómez «carece de lógica procesal» porque le llama a declarar pese a que «ve que no hay indicios». Lo «lógico» habría sido «esperar hasta las testificales y documentales» o haberla citado en el momento de admisión a trámite de la querella, «junto al resto de testigos». «Cualquier jurista te da la misma explicación», sostienen fuentes gubernamentales, cuyos argumentos construyeron este martes el relato lanzado desde Moncloa y Ferraz, el de la «extrañeza». Con los roles bien definidos y repartidos, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se encargó de entonarlo, blindando al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentado a su derecha en la mesa del Consejo de Ministros.
Marlaska: «Como juez, me causa extrañeza»
«En primer lugar, nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad por haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y absoluta tranquilidad porque sabemos que no hay nada. Lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y la ultraderecha, del PP y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal, y grupos ultraderechistas como Manos Limpias y HazteOír. Esta es la oposición que tiene nuestro país: fango y más fango». Preguntada expresamente si el señor Peinado está prevaricando, Alegría dijo respetar la separación de poderes: «Ahora bien», añadió, «sabemos que esta denuncia está basada en mentiras y bulos de tabloides digitales y que el propio informe de la Guardia Civil ya dijo que aquí no había nada de nada». Una estrategia de defensa que repitió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una nueva carta a la ciudadanía publicada por la tarde en las redes sociales.
Es decir, que «no hay base» para una investigación/imputación que se hace, según desliza en privado el Ejecutivo, por motivos políticos, y no por razones jurídicas. En ese reparto de papeles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska fue el encargado de apuntalar esta idea en los pasillos del Senado y tras una evidente directriz desde Moncloa. Minutos después de comparecer ante las cámaras de televisión para valorar la investigación sobre el asesinato del hermano de Begoña Villacís, el equipo de prensa del Ministerio avisó a los medios de que el ministro comparecería nuevamente, apenas unos minutos después para hablar de «lo de Begoña». El juez de carrera no sólo repitió el argumento de la «extrañeza porque esta resolución se dicte en la misma semana del pr0ceso electoral», sino que apeló también a su dilatada trayectoria para mostrar su perplejidad. «Yo he ejercido 30 años la jurisdicción, y lo digo como juez, con el respeto a la independencia judicial, pero todas deben ser valoradas, eso es un Estado de derecho. Y a mí, tras treinta años de ejercicio en la jurisdicción, me causa absoluta extrañeza». No quiso responder a la pregunta de si el juez Peinado incurre en un delito de prevaricación, pero tampoco hizo falta.
Un «disparadero electoral»
En el núcleo duro de Pedro Sánchez manifiestan tranquilidad al respecto de lo ocurrido, tanto de cara al futuro próximo como lejano. En el plano judicial, auguran que «cuando declare (Begoña Gómez) se explicará, demostrará que no tiene nada, que no hay ninguna base». Y en el político, el PSOE intenta emular la campaña de las generales del 23-J transformando un hecho inicialmente perjudicial en un filón electoral. Ministros y dirigentes socialistas confían en que esto acabe convirtiéndose en «un arma de doble filo» de cara a las elecciones europeas. «Cuando las cosas son tan obvias, se vuelven en contra de quien las impulsan». Dicho en palabras de un ministro de acreditada trayectoria: «Cuando te tocan el estómago, reaccionas».
Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que esto «puede ser un disparadero electoral» y que los trackings últimos son «muy buenos». El consenso socialista coincide en que la estrategia «es tan obscena, que activa a nuestro electorado» porque «se ve claramente lo que hay». Gobierno y PSOE vaticinan un impacto de movilización en el votante progresista, como sucedió el 23-J en la recta final de una campaña electoral que los populares no controlaban y en la que los pactos entre PP y Vox dominaron el discurso público, lastrando el crecimiento potencial de Alberto Núñez Feijóo. «Nunca se sabe si esto nos beneficiará o no, pero lo que está claro es que el PP no tiene el control de la campaña. Van, como nosotros el 28-M, agarrados del ronzal». Un buen símil para quienes pretenden hacer de la imputación de Begoña Gómez el remake del perro sanxe.
