Armengol hace un alegato político en la 'comisión Koldo' y el presidente se lo reprocha
La presidenta del Congreso acaba su intervención insinuando que la gente vote el 9-J en contra de PP y de Vox
Impresentable. Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, ha calificado de esa manera el alegato político con el que Francina Armengol ha finalizado su comparecencia. Además, le ha advertido de que puede tener «consecuencias». La expresidenta balear ha deseado este viernes que participe «muchísima gente» en las elecciones europeas del próximo domingo para terminar con la forma de hacer política de aquellos que utilizan «el bulo y la mentira», en alusión a PP y Vox. La actual presidenta del Congreso, y, por tanto, la tercera autoridad del Estado, se ha pasado la sesión haciendo menciones a bulos, pseudomedios y una supuesta estrategia para desacreditarla.
«Lo que yo detesto, y usted lo ha hecho aquí [dirigiéndose al senador popular Fernando Martínez-Maíllo], y lo han hecho los diferentes interrogadores en las comisiones de investigación, es ir repitiendo bulos sabiendo que son mentira, porque se lo hemos desmontado todo. No yo, sino todos los técnicos a los que han llamado a las comisiones de investigación», ha señalado Armengol después de ser fiscalizada por sus señorías.
La dirigente socialista ha afirmado que no aprueba la forma de hacer política de otros partidos. El PP ha sido especialmente duro durante la sesión, donde ha sacado a relucir el tema de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La compareciente ha censurado la fórmula de «la mentira y de la destrucción del adversario político, utilizando cualquier cosa para el desprestigio de las instituciones», ha insistido. Armengol ha continuado su alegado señalando que entre ese desprestigio se le intenta «deshabilitar» a ella como presidenta del Congreso, algo que «no se merecen ni la ciudadanía ni la democracia».
Armengol y los bulos
La bronca se ha desatado cuando Armengol ha deseado que el domingo «participe muchísima gente en las elecciones y que deje claro que esta no es la forma de hacer política». Maíllo ha intentado responder a la compareciente asegurando que ese no era el objetivo de la comisión, pero le ha cortado inmediatamente el presidente de la Mesa, también del PP.
«Me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho. Parece mentira que usted, siendo presidenta de una institución, haya hecho lo que acaba de hacer. Tomaremos nota y veremos si tiene consecuencias», le ha advertido Suárez. Los senadores populares en la sala Clara Campoamor han acusado a Armengol de pedir el voto para el PSOE en las elecciones del próximo domingo, donde los populares parten como favoritos en las encuestas. El equipo de la presidenta del Congreso lo ha negado. Fuentes del PP explican a THE OBJECTIVE que estudian emprender acciones ante la Junta Electoral Central porque el Senado «no es el atril de un mitin».
Los senadores de diferentes grupos se han entrecruzado descalificaciones al final de la sesión y, a la salida, se ha dado un conato de enfrentamiento que al final ha quedado en nada. «Ha venido a por mí. Me ha apuntado con el dedo», ha reprochado una senadora socialista al presidente de la comisión. «No se puede grabar», han solicitado los populares a los periodistas que aún seguían en la sala, teléfono en mano.
Armengol ha acudido al Senado a esclarecer el contrato que el Gobierno de Baleares suscribió con la trama Koldo cuando ella era presidenta regional. La dirigente socialista mantenido el argumento que viene repitiendo hasta ahora. Ha asegurado que las mascarillas que compró a Soluciones de Gestión al inicio de la pandemia por 3,7 millones de euros eran de uso civil, aunque el expediente dice lo contrario, y que se almacenaron como stock de seguridad para atender la desescalada, como requería el Gobierno.
La actual presidenta del Congreso ha defendido que se hizo una reclamación «en tiempo y forma» por la diferencia de precio al certificar que los tapabocas no reunían las características de la compra y que el actual Ejecutivo autonómico del PP y Vox la asumió, aunque luego la dejó caer. La dirigente socialista también ha descartado que el certificado que realizó su administración sirviera para avalar que otros organismos contrataran con la empresa bajo sospecha.