Expulsados del PSOE denuncian que Ferraz «retuerce los estatutos» con Begoña Gómez
José Manuel Hoyo, exalcalde de Brunete, fue suspendido de militancia al presentarse una denuncia contra él
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en un mitin del PSOE este miércoles. | Europa Press
La decisión del PSOE de no actuar aplicando los estatutos del PSOE, suspendiendo de militancia a Begoña Gómez, militante de la agrupación de Retiro en Madrid, está soliviantando a un sector del partido que denuncia la doble vara de medir de Ferraz. Veteranos dirigentes y militantes actuales de pie acusan a la cúpula del partido de aplicar un doble rasero con la mujer del presidente del Gobierno, investigada por corrupción y tráfico de influencias, que contrasta con la dureza aplicada por otros militantes recientes que «ni siquiera están siendo investigados por la Justicia, como José Luis Ábalos». Otros casos en su misma condición, como Koldo García Izaguirre y su mujer, Patricia Úriz, fueron suspendidos de forma fulminante en el momento en que trascendieron los hechos. Y es este evidente contraste entre unos casos y otros lo que ha hecho aflorar la denuncia de quienes sufrieron en sus propias carnes este doble rasero.
Es el caso de José Manuel Hoyo, exalcalde de Brunete, quien fue suspendido cautelar y fulminantemente de militancia en octubre de 2022, cuando fue denunciado por una policía local por un presunto delito de acoso sexual y laboral. El burofax de la dirección federal del PSOE enviado al exregidor socialista y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE fue súbito e inmediato. La resolución firmada por el secretario de Organización, Santos Cerdán, informó al perjudicado de su automática suspensión cautelar de militancia, tras ser informado el partido de que Hoyo «había resultado denunciado ante el juzgado de instrucción de Móstoles» y «por el perjuicio a la imagen del PSOE que pudiera suponer» la confirmación de unos hechos calificados de «graves o muy graves», tipificados en los artículos 9, 85 y 86 de los Estatutos Federales. A diferencia de Gómez, el entonces alcalde Brunete no estaba imputado o investigado (según la terminología procesal actual), sino sólo denunciado, a la espera de la decisión del juez instructor.
El burofax de Ferraz
Es un hecho especialmente relevante, ya que fue precisamente el artículo 5.3 del Código Ético del PSOE el que alegó la Comisión Ejecutiva Federal para proceder a la suspensión cautelar de militancia: «Toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública y orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de los delitos que se le imputan». Además, la Ejecutiva Federal, en coordinación con el órgano madrileño, le imputó la comisión de diversas faltas reguladas en los artículos 85j, 86f y 86i relativas a «mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de conducta y de comportamiento por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE», y otros destinados «a menoscabar la imagen de los cargos públicos o las instituciones socialistas». Todo pese a que, el principio general sobre el momento procesal oportuno que fija el Código Ético del PSOE para la suspensión cautelar de militancia es la apertura de juicio oral, posterior a la imputación.
Cinco meses después, en marzo del 2023, la juez archivó la denuncia y José Manuel Hoyo envió un escrito a la Comisión de Ética y Garantías del PSOE para solicitar la «restitución de mi honorabilidad» tras una actuación «desproporcionada» que le impidió concurrir como candidato a las elecciones del 28-M. En el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el exregidor denunció que la actuación de Ferraz «no se ajustó a Derecho ni a la normativa, dado que, tras la denuncia realizada contra mi persona, nunca se ha llegado a dictar auto de apertura de juicio oral». Una línea roja que sirvió para mantener en sus cargos a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, o al actual diputado en la Asamblea de Madrid, Javier Guardiola.
La alegación presentada por Hoyo desmonta la decisión de Ferraz fundamentada en el artículo 5.3 del Código Ético del PSOE porque «el Código Ético exige una resolución judicial expresa que impute a un cargo público alguna acusación o delito. Esta circunstancia no concurre en el presente supuesto, ya que el 6 de octubre de 2022 no existía resolución judicial alguna, y mucho menos se imputaba ilícito penal alguno a esa parte. Por lo tanto, decae cualquier posibilidad de aplicar este apartado». E igualmente, denunció que se vulneró su presunción de inocencia y que se vio «totalmente vulnerado y ultrajado» en sus derechos como militante, recogidos en el artículo 10.2 de los estatutos, y que «el PSOE no le ha protegido de estos ataques injustos basados en denuncias falsas sobre unos hechos inexistentes».
«Se retuercen los estatutos para proteger a Begoña»
En conversación con este periódico, el propio José Manuel Hoyo ha relatado que tras la presentación de ese escrito, el secretario de Organización del PSOE se puso en contacto con él: «Intentó convencerme de que no me diera de baja del partido y quedó en llamarme para tomar un café». Pero no volvió a producirse comunicación alguna entre ambos, ante lo cual Hoyo se dio de baja como militante socialista. «Lo más amable que recibí fue un whatsapp de Juan Lobato, quien me escribió para decirme: ‘Me alegro compañero’». La desazón por lo vivido por el actual concejal del grupo Abanza en el Ayuntamiento de Brunete se ha visto acrecentada por el agravio comparativo que ha mostrado Ferraz con el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. «Me avergüenza y me repugna el retorcimiento de los estatutos para beneficiar a un compañero o una compañera» como Begoña Gómez, «No es de recibo que se utilicen y se retuerzan los estatutos dependiendo de a quien se quiera perjudicar o ayudar», confiesa a THE OBJECTIVE.
José Manuel Hoyo habla con la autoridad que le confiere haber sido miembro de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Madrid, que actuó contra él de forma «desproporcionada» y sobrepasando lo establecido en los estatutos. Lo hace desde fuera de un partido con el que todavía mantiene lazos de amistad, aunque no de militancia. «El problema no es sólo mío, es el de muchísimos compañeros». Y son muchos otros los que denuncian de forma anónima y privada, sin nombres ni apellidos, que «en Ferraz sólo manda Sánchez». Se ha generalizado el dedazo en sustitución de las primarias, se ha impuesto el ‘ordeno y mando’ de la dirección y los estatutos se vulneran de forma sistemática, tanto en procedimientos de expulsión como el de Nicolás Redondo Terreros, sin convocar de forma preceptiva a la Comisión de Ética y Garantías, como para aprobar las listas electorales, recientemente para las europeas. La ley es Pedro Sánchez. Y por ello, «a nadie se le pasa por la cabeza suspender de militancia a Begoña Gómez» ni que sea ella, como militante del PSOE, quien cumpla con el procedimiento de informar a la Comisión de Éticas de su imputación. «Es escandaloso».
