El PP quiere que la Complutense actúe contra Begoña Gómez por «apropiarse del patrimonio»
Fuentes explican que los estatutos de la UCM obligan a «ejercitar las acciones pertinentes»
Joaquín Goyache, rector de la UCM junto a Isabel Díaz Ayuso.. | Europa Press
Lo ocurrido el pasado viernes en el Consejo Social de la Complutense fue solo el primer paso de muchos que tendrá que acometer la Universidad pública en los próximos días. El órgano encargado de fiscalizar las actividades de carácter económico de la institución educativa se celebró en un ambiente de alta tensión por la responsabilidad que algunos de sus miembros atribuyen al rector de la Universidad, Joaquín Goyache, en la supuesta apropiación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, del software realizado por Indra, Telefónica y Google. Al término de la reunión, Goyache anunció que la Complutense ha solicitado al Ministerio de Industria «una relación de cuántas inscripciones y registros se han abierto» en la Oficina de Patentes a favor de Begoña Gómez o bien a favor de la sociedad Transforma TSC SL, y que se pondrá «en manos de los servicios jurídicos» de la universidad el resultado de esta investigación y se valorará qué acciones emprender.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el PP y la Comunidad de Madrid, que financian a la institución educativa con cargo a los presupuestos autonómicos y fiscaliza sus cuentas a través de la Cámara de Cuentas, le han hecho llegar a la Universidad su posición. De confirmarse que el software está registrado a nombre de Begoña Gómez, como adelantó El Confidencial, Gómez habría vulnerado los estatutos de la Complutense por «apropiación del patrimonio de la universidad» y ésta debería emprender acciones legales, como recogen los estatutos de la institución, recogidos en el real decreto 32/2017, de 21 de marzo, del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid.
El software es «patrimonio de la Complutense»
El artículo 194 de los citados estatutos establece que «el patrimonio de la UCM está constituido por el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones; y, además, forman parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que esta sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de las funciones que le son propias». De ello, el PP deduce que «los convenios de colaboración suscritos por la UCM con Telefónica e Indra contemplan la cesión de los derechos sobre el software a la UCM» y que «los derechos de propiedad intelectual sobre el software son derechos integrantes del patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid».
El citado decreto establece en su artículo 195 que, tanto «el rector como el gerente de la Universidad deben defender y velar por la integridad del patrimonio de la Complutense»; y en el 196, que «los miembros de la comunidad universitaria tienen la obligación de respetar y conservar el patrimonio de la UCM, poniendo en conocimiento de la autoridad universitaria que proceda los actos lesivos realizados contra el mismo que puedan conocer», entendiendo por comunidad universitaria «a todos los profesores y personal docente e investigador de la UCM». De ello se deduce que «la apropiación por parte de un miembro de la comunidad universitaria de los derechos integrantes del patrimonio de la UCM contraviene los estatutos de la UCM». Motivo por el cual los populares señalan a la propia Begoña Gómez como responsable de la vulneración de los estatutos: «la interesada (Begoña Gómez) ostentó algunas de estas categorías, por lo que está obligada a respetar y conversar el patrimonio de la UCM».
El rector: «O su cabeza o la de Begoña»
En consecuencia, según se recoge en el artículo 196.3 de los estatutos universitarios, «La UCM debe ejercitar las acciones pertinentes para que las lesiones o menoscabos que sufra el patrimonio de la universidad sean reparadas de la forma más adecuada, exigiendo a los autores la responsabilidad que proceda y ejercitando frente a ellos, en su caso, la potestad sancionadora». Los populares se cuidan públicamente de dar instrucciones a la Complutense —que tiene plena autonomía en su funcionamiento—, sobre el modo de proceder en caso de confirmarse la apropiación del software por parte de Begoña Gómez. Pero dejan claro que las normas internas del organismo público establecen que «la UCM no podrá transigir, allanarse o renunciar, en juicio o fuera de él, respecto de pretensiones que afecten negativamente a la integridad de su patrimonio inmobiliario, salvo que existan circunstancias cualificadas y así lo acuerden de forma expresa el consejo de gobierno y el consejo social» (artículo 196.4).
Las fuentes populares consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el siguiente paso lógico por parte de la Complutense será emprender acciones legales contra Begoña Gómez por esa apropiación del patrimonio de la Universidad: «No le queda otra. El rector tiene que decidir si entrega su cabeza o defiende a Begoña Gómez» porque de su actuación se deduce una supuesta dejación de funciones en su obligación de velar por el patrimonio del ente público, que ha de ser subsanado. Como informó Okdiario, el cumplimiento de la normativa universitaria fue precisamente el motivo del enfrentamiento que se produjo esta semana en la reunión del consejo de gobierno de la Universidad, entre el decano de la Facultad de Ciencias de la información, Jorge Clemente, con el rector de la Universidad, Joaquín Goyache, a quien le reprochó el «descontrol» con las cátedras extraordinarias: «Nuestra universidad debe ser extremadamente diligente en el cumplimiento de la normativa vigente».
